De manera inverosímil, el diario ABC cabalga en una cruzada para cuestionar a la justicia por actuar en tiempo y forma. Los argumentos para salir en defensa del banco Atlas (del mismo grupo empresarial), se basan en tiempos de sistema y no en pruebas jurídicas de irregularidad.

La defensa del banco Atlas, encabezada por el abogado Felino Amarilla, denunció al magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y pidió su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño y parcialidad. Alega que es “imposible” que el juez haya resuelto la cautelar en apenas 20 horas.

Esta disputa gira en torno al core bancario desarrollado por ITTI, que es el propietario del software que Atlas utiliza como su motor tecnológico. La empresa sostiene que el banco habría continuado usando y modificando el sistema sin pagar licencias ni respetar lo pactado, motivo por el cual solicitó una cautelar para impedir que ese software se incorpore a la fusión mientras dure el juicio.

Ante esto, ABC basa su acusación en que varias resoluciones del expediente fueron cargadas en el sistema con marcas horarias muy cercanas, sugiriendo una “coordinación sospechosa” entre el juez y la parte actora.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas indican que los sistemas informáticos judiciales no registran el trabajo real del juez minuto a minuto, por lo que es bastante común que varias actuaciones queden cargadas dentro del mismo minuto. La rápida presentación de escritos por la contraparte es compatible con un monitoreo previo del expediente, sin que esto necesariamente implique colusión.

Con su nuevo argumento, el Grupo Zuccolillo presenta una clara contradicción en su relato mediático. Tras dictarse la cautelar, el banco Atlas aseguró públicamente que la resolución no afectaba la fusión y que su proceso avanzaba con normalidad. Ahora, ante el JEM, argumenta lo contrario, que la decisión del juez “trancó” por completo la operación y provocó un perjuicio millonario.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

La resolución de octubre pasado ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) abstenerse de pronunciarse sobre la fusión hasta contar con pericias técnicas que confirmen que el software IT Gestión Financiera (ITGF) está siendo utilizado exclusivamente conforme a su licencia.

La medida se mantendrá vigente hasta verificar si el nuevo core bancario previsto para la fusión vulnera o no los derechos de propiedad intelectual de ITTI. Como contracautela, el juez aceptó un aval bancario de USD 330.000, emitido por Ueno Bank.

En noviembre, el fiscal Miguel Quintana, de la Unidad Especializada contra la Propiedad Intelectual, encabezó un allanamiento en el edificio Atlas Center, autorizado por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. La diligencia forma parte de una causa penal por supuesto plagio del software.

La comitiva buscó obtener el código fuente del sistema utilizado por el banco a fin de determinar si hubo o no uso indebido del programa ITGF, tal como denuncia ITTI SAECA.

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.

La Licitación Pública Nacional N.º 164/24, para la “Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con provisión de repuestos a demanda para ascensores del Hospital Central” fue adjudicada por un monto de 3.500 millones de guaraníes, con una vigencia de 25 meses a la empresa Renfe.

Los trabajos comenzaron el año pasado y continuaron por tres meses, hasta que una empresa presentó una protesta a la cual hizo lugar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace ocho meses. Finalmente ayer, la protesta fue rechazada.

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“Hoy tenemos seis ascensores parados por falta de mantenimiento correctivo. Estamos esperando la liberación de la parte documental para que esta empresa retorne, creemos que a mediados de la otra semana ya van a presentarse”, explicó Juan Penayo, jefe del Departamento de Mantenimiento del IPS Central.

Al momento de la suspensión del contrato, se estaba haciendo el mantenimiento de dos ascensores. Sin embargo, los seis ascensores quedaron fuera de servicio “recién” hace 30 días. Los elevadores descompuestos son de uso de familiares y visitantes, no así por los pacientes, aclaró.

“Hoy tengo dos ascensores que deberían estar funcionando en 24 horas por el tipo de repuesto que necesita, pero otros que tardarían un poco más porque entran en mantenimiento del sistema, pero una vez que tengamos disponible el contrato, estos seis ascensores que tenemos parados ya estarían funcionando”, afirmó.

Los representantes de la empresa adjudicada empezarán a trabajar a partir del miércoles de la próxima semana. Desde ese momento podrá contarse el plazo de 24 horas.

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El suboficial Superior (SR) Carlos Silvero, presidente de la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, dijo que están de acuerdo con la aplicación de una reforma, pero no con el planteamiento del Ejecutivo respecto a la edad mínima de jubilación.

“Nosotros estamos de acuerdo en los 35 años de servicio, pero en la edad mínima a ver si nos podrían tener compasión porque el 70 % de las fuerzas públicas entraron a los 17 o 18 años, y no se puede cambiar las reglas cada seis meses o un año”, cuestionó Silvero, en un contacto con radio Universo 970 AM.

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Además de la aplicación de una tasa sobre el usufructo de tierras, proponen un aporte especial proveniente de Itaipú Binacional, para su destino a la Caja Fiscal.

El gremio además propone modificar el esquema de aportes obligatorios, elevándolos al 24%, distribuido de la siguiente manera: 18% a cargo del afiliado y 6% como contribución patronal del Estado. La propuesta del Ejecutivo plantea 19% a cargo del afiliado y 3% a cargo del Estado (22% total)

Pese a que el Ministerio asegura que se respetarán los derechos adquiridos, el gremio sostiene que el artículo 14 del proyecto deroga la ley 4.493/11 que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual y otras remuneraciones.

Sin embargo, el ministro de Economía explicó que la ley no es retroactiva y que, quienes ya se jubilaron con otras condiciones, mantendrán sus derechos adquiridos. No obstante, los policías creen que aquí existe una pequeña laguna jurídica.

Todo cotizante que, al momento de la promulgación de a ley, haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la Jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N.º 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.

Los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. El nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.