El intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez, y el abogado Víctor Samaniego, asesor jurídico de la Comisión Vecinal de Defensa del Agua, denunciaron en entrevista con La Caja Negra (Unicanal) que la medida cautelar otorgada a la empresa Highlands Park & Lagoon SA —vinculada al grupo Petrohue Real Estate— pone en riesgo el Acuífero Caacupé y habilita la extracción de agua para una laguna artificial de un complejo hotelero privado.

La resolución judicial permite perforar un pozo profundo en Atyrá y utilizar el recurso hídrico para trasladarlo varios kilómetros hasta una laguna tipo “crystal lagoon”, parte de un proyecto inmobiliario de lujo. Para la comunidad, esta decisión coloca en peligro el abastecimiento de cientos de familias de Cordillera.

El intendente Martínez sostuvo que quedaron “descolocados” con la jugada que hizo la empresa, al mencionar que ERSSAN autorizó el pozo sin que la empresa cuente con licencia ambiental ni aprobación municipal.

Si bien la intendencia dio inicialmente vía libre al proyecto, luego tuvo que anular ante la presión ciudadana. “Anulamos la resolución y la ciudadanía comenzó a defender el recurso hídrico. No hay estudios científicos que indiquen cuánto puede extraerse del acuífero. El proyecto no tiene viabilidad alguna”, afirmó.

El jefe comunal pidió a la justicia actuar “con patriotismo” ante este plan que considera lesivo para los recursos naturales y la estabilidad social del distrito.

Por su parte, el abogado Víctor Samaniego denunció que el proceso judicial que favorece a Highlands contiene “argumentos falsos”. “Se otorgaron dos medidas cautelares alegando que una supuesta comunidad necesitaba urgente agua. Ese barrio no tiene ni una sola familia viviendo allí. La comunidad real está en Atyrá, y esa sí será afectada”, remarcó.

Aseguró que los vecinos exigen que las medidas judiciales sean realmente legales y no reflejen intereses particulares disfrazados de urgencias sociales inexistentes.

EL CONFLICTO

El enfrentamiento comenzó en noviembre de 2024, cuando vecinos de Zanja Jhũ detectaron la instalación clandestina de tuberías gigantes que llevaban agua desde un pozo hacia el predio de la empresa. La investigación vecinal reveló que los trabajos se realizaban para un complejo de 90 hectáreas de Petrohue Real Estate, propiedad del empresario chileno Martín Hubert Tampe Oyarzún, que incluye 545 lotes, 135 departamentos y una laguna de seis millones de litros.

En diciembre, la Junta Municipal emitió la Resolución 198/24 autorizando las cañerías, pero ante la presión ciudadana y el hallazgo de documentos incompletos, el municipio revocó el permiso el 3 de enero de 2025. Aun así, la empresa continuó las obras alegando una orden judicial.

MADES y ERSSAN confirmaron entonces que la firma no tenía licencia ambiental ni autorización para trasladar agua entre municipios, por lo que la Municipalidad estaba facultada para frenar los trabajos. El pozo fue clausurado y los caños retirados en febrero, en medio de la presencia de más de 50 vecinos.

En julio pasado, Highlands consiguió una medida cautelar que le permitió reinstalar las tuberías. En agosto, otro juzgado volvió a beneficiar al municipio, pero la orden no se ejecutó. En octubre, la empresa intentó reconectar los caños y los vecinos se encadenaron a los portones para impedir el ingreso de maquinarias.

Finalmente, la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas suspendió las resoluciones municipales y habilitó la extracción de agua, decisión que desató protestas masivas en la ciudad.

La Comisión Vecinal Defensa del Agua, integrada por unas 400 familias, se declaró en movilización permanente desde noviembre de 2025 y pide al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados revisar el polémico fallo.

De acuerdo con los antecedentes, proyectos del mismo grupo ya enfrentaron conflictos ambientales en Chile. En 2022, el Consejo de Defensa del Estado demandó a empresas vinculadas por daño ambiental, y un tribunal ordenó la paralización de obras.

Desde las 00:00 de ayer, sábado, rige la alerta de seguridad al 100 % a nivel nacional, para la cobertura de las elecciones internas partidarias simultáneas.

El comandante César Silguero informó que los comicios se desarrollan hasta ahora sin grandes inconvenientes. No obstante, los pocos reportes son de los siguientes lugares:

Canindeyú: cinco detenidos con cédulas que no les pertenecían y con las que pretendían votar.

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Fernando de la Mora: dos detenidos por estar alcoholizados, dos detenidos que pretendían comprar cédula, entre ellos, el precandidato colorado Alfonso Orella.

Asunción: incautación de una acreditación falsa en la Escuela Brasil. La Fiscalía convocará a dos personas para prestar declaración.

Lambaré: una delegada electoral fue agredida brutalmente en la Escuela República de Ecuador y tuvo que ser derivada a un hospital.

Al margen de estos hechos aislados, a nivel país, las elecciones se desarrollan con tranquilidad.

Se trata de Alfonso Orella González, de 59 años, quien fue arrestado esta mañana por agentes de la Comisaría 2da Central de Fernando de la Mora, frente al Colegio Nacional “Comandante Heber Leo Nowak”.

Este hombre, quien es precandidato a concejal de Fernando de la Mora por la ANR, fue sorprendido en flagrancia abonando una suma de dinero a una mujer, identificada como Eusebia Giménez Martínez, de 41 años.

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La denuncia señala que Orella supuestamente habría pagado dinero en efectivo a esta persona a cambio de su voto, en el marco de las internas partidarias que se celebran este domingo.

Filmaciones captadas por testigos y compartidas en redes sociales muestran el momento en que el sospechoso hace entrega de lo que sería un fajo de billetes en la mano de esta mujer, luego de que la misma sufragara.

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En poder de Orella incautaron poco más de G. 3.200.000 en efectivo, dinero que estaría destinado al pago a votantes, conforme a las sospechas existentes.

En estos momentos, el precandidato a concejal permanece detenido en la dependencia policial, al igual que Giménez, encontrándose a disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de esta mañana se confirmó el arresto de cinco personas en el distrito de Corpus Christi, luego de ser acusados de portar cédulas pertenecientes a terceras personas.

Apoderados de movimientos de la ANR detectaron esta situación irregular luego de que los involucrados se presentaran en las mesas de votación para intentar sufragar, portando documentos de identidad ajenos.

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El fiscal Hernán Mendoza tomó intervención en el hecho, en representación del Ministerio Público, al ser el fiscal asignado para atender denuncias electorales en dicha región del país.

Todas las personas detenidas son oriundas de la localidad de Yby Pytá, quienes se presentaron en la sede del Colegio Nacional “Corpus Christi” para intentar sufragar, sin éxito, informó el periodista de SdG Noticias, Juan Alcaraz.

Asimismo, la Fiscalía recepcionó otra denuncia similar en el distrito de Katueté, donde un hombre fue detenido tras presentar una cédula ajena al momento de intentar ejercer su voto.

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Personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional fue convocado para proceder a la identificación de las personas detenidas a través del sistema AFIS.

Los ahora detenidos se exponen a cargos penales por tentativa de falseamiento de elecciones y abuso de documentos de identidad, confirmó Mendoza a TV Canindeyú.