Los socios estafados de la Cooperativa Poravoty Ltda. denuncian la tardía reacción del INCOOP y apuntan directamente al Ministerio Público por la ausencia total de imputaciones, pese a un perjuicio que supera los G. 500.000 millones y cinco fallecidos entre los afectados.

Nancy Areco, periodista, socia estafada y asesora de prensa del grupo de afectados, confirmó que “a esta altura ya debería existir al menos un imputado”, pues el desfalco acumulado no pudo haberse producido sin años de complicidad y omisiones institucionales.

Sostuvo que la Fiscalía, a cargo del fiscal Óscar Delfino, tiene desde hace meses documentos, balances y denuncias concretas, pero el proceso permanece estancado.

“Es un monto sideral. No se robó de un día para otro. Es imposible que el INCOOP no haya sabido lo que pasaba. Y aun así, la justicia no imputa a nadie”, afirmó.

Los socios entregaron al Ministerio Público más de 324 páginas de balances y pruebas que, según señalan, demuestran cinco años de manipulación contable, créditos simulados, compras irregulares y un vaciamiento progresivo.

Entre los casos más dramáticos figuran más de 20 socios con enfermedades graves que no pueden acceder a sus propios ahorros, muchos de ellos destinados justamente a costear tratamientos médicos.

Areco reveló que cinco socios fallecieron este año, algunos por enfermedades que requerían tratamientos urgentes y otros por el estrés generado por la pérdida total de sus fondos.

La última víctima tenía G. 50 millones ahorrados para cirugías y medicamentos, pero nunca pudo recuperarlos. “Hay gente de 95 años, personas con cáncer, familias desesperadas. Nadie puede esperar. Y aun así la Fiscalía no mueve un dedo”, lamentó.

La intervención del INCOOP culminó con la inhabilitación de los directivos entre 2020 y 2025, pero los afectados califican la medida como “tardía y desigual”.

El organismo aplicó sanciones de 10, 6, 4 y 1 año, pero para los socios, ciertas figuras clave —como el exgerente Pedro Elías Loblein— recibieron castigos demasiado leves pese a su rol en la administración del periodo cuestionado.

Los socios también denuncian que la cooperativa fue puesta en liquidación sin que los asociados la solicitaran, cuando por ley la máxima autoridad debería ser la asamblea de socios.

Mientras tanto, avanzan en una acción ante el Tribunal de Cuentas para exigir la conformación de una comisión provisoria y la convocatoria a una asamblea general.

Nicolás Maduro compareció este miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró pocos minutos y definió el futuro procesal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores. El juez Alvin Hellerstein anunció el 1 de junio de 2027 como el día formal para el inicio del juicio oral.

El acusado enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro ingresó a la sala con un uniforme carcelario de color beige y escuchó la traducción mediante auriculares.

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Esta comparecencia constituye su tercera aparición ante la justicia neoyorquina desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.

La defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, busca la desestimación total del expediente. El equipo legal de Maduro presentará una moción de inmunidad soberana el próximo 17 de noviembre. En esa jornada, los defensores argumentarán que Maduro posee protección jurídica por su antiguo cargo de jefe de Estado.

Por su parte, la fiscalía entregará el grueso de las pruebas clasificadas también en noviembre de 2026. El cronograma incluye una segunda ronda de mociones para el 11 de enero de 2027. Mientras el proceso avanza, Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.

Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.

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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.

Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.

Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.

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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.

De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.

La iniciativa, presentada por el diputado José Domingo Adorno, fue respaldada por unanimidad durante la reunión de la comisión presidida por el senador Javier Zacarías Irún.

De acuerdo con la exposición de motivos, las precipitaciones provocaron una situación crítica que compromete el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos, además de afectar el desarrollo económico y social del departamento.

El proyecto busca dotar al Estado de herramientas para responder a la emergencia y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

En la misma reunión, la comisión también resolvió acompañar la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la radiología, al considerar que algunos artículos presentan incompatibilidades con disposiciones de la reforma de la Caja Fiscal.

Asimismo, los senadores respaldaron el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley marco sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, al concluir que los argumentos expuestos por el Gobierno son suficientes para sostener la objeción.