En una de sus últimas sesiones del año, la Cámara Alta aceptó las modificaciones de Diputados y sancionó el proyecto de ley que define y regula las relaciones de dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza. A efectos prácticos, expondremos directamente la versión sancionada, sin entrar en largos detalles de los cambios anteriores.

Como autoridad de aplicación, el MIC, a través del Viceministerio de Comercio, será competente en lo relacionado al registro de profesionales de la belleza independientes y a las funciones de supervisión vinculadas a la actividad económica y comercial.

Por profesionales de la belleza, la ley define a toda persona física que cuenta con habilidades en el cuidado del cabello, la piel y las uñas y, además se encuentra capacitada, certificada y registrada para el desarrollo del oficio.

INCORPORA EL SEGURO SOCIAL

El empleado o profesional de la belleza en relación de dependencia deberá ser inscripto en el régimen general del seguro social obligatorio administrado por el IPS.

Por su parte, los profesionales independientes podrán optar por ingresar a la seguridad social, mediante la ley que autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, etc.

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EXIGE CERTIFICACIÓN A TODOS

Los profesionales de la belleza deberán contar con un certificado de formación expedido por una institución pública, privada o mixta debidamente habilitada para tal fin por los organismos competentes

En caso de tener los conocimientos empíricos, pero no la certificación, el profesional podrá recurrir al Servicio Nacional de Promoción Profesional o al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral a tomar exámenes que permitan la regularización de la certificación correspondiente que avale su formación.

INSCRIPCIÓN/REGISTRO

Los profesionales de la belleza, deberán inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios (REPSE), dependiente del Viceministerio de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio. Esta inscripción es gratuita y busca formalizar el rubro.

El texto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Una vez promulgada y publicada, la ley será reglamentada en un plazo de hasta seis meses.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.