Los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz, presentaron el requerimiento conclusivo con acusación contra Armando Javier Rotela Ayala por homicidio, toma de rehenes y motín de internos y asociación criminal.

Además del líder del Clan Rotela, también están acusadas otras ocho personas por la supuesta participación en los graves hechos registrados los días 16 y 17 de febrero de 2021 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En la ocasión, ocho internos fueron asesinados y más de veinte agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la acusación y de todas las pruebas. También pidieron elevar el caso a juicio oral y público.

Entre los elementos de prueba figuran: actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligencia y análisis de videos, autopsias, pericias forenses y estudios dactiloscópicos. Además, declaraciones testimoniales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.

Los incidentes habían comenzado cuando se decidió trasladar a otro penal al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, momento en que se amotinaron los miembros del clan Rotela, tomaron de rehenes a los guardias y mataron a 8 reclusos.

También quemaron colchones, causaron destrozos e impidieron que los funcionarios reorganicen el penal y retomen el control.

En cuanto a los homicidios, la Fiscalía sostiene que Rotela impartió órdenes directas de las ejecuciones. Muchos fueron apuñalados y otros decapitados.

El hallazgo se produjo durante el mediodía de este martes 9 de junio, en un sector del río Paraguay conocido formalmente como Amarradero Klein, a una distancia estimada de 25 kilómetros hacia el sur de la capital del país, Asunción.

La identidad pudo ser corroborada de forma inmediata gracias a las labores de inspección técnica. Los intervinientes hallaron los documentos personales dentro de los bolsillos de las prendas de vestir que llevaba puestas el cuerpo en el momento de ser extraído del agua.

Con la documentación recuperada, las autoridades ratificaron que los restos correspondían a José Eduardo Gayoso Maldonado, de 21 años de edad. Sobre el joven pesaba un reporte de desaparición activa desde el pasado 25 de mayo, fecha en la que se le había visto por última vez.

Tras el rescate de los restos por parte del personal naval, se convocó al médico forense de turno para realizar los primeros análisis periciales. El profesional de la salud interviniente concluyó de manera preliminar que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por inmersión.

Una vez que finalizaron todos los procedimientos legales, se ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios fúnebres correspondientes.

El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.