El hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 9:30 de la mañana en la zona de Viñas Cue, donde estaban instalados varios agentes de la PMT de Asunción. Por allí pasó de largo al mando de su auto, Ever Hugo Ayala Acosta, quien luego fue seguido por una uniformada con quien conversó y a quien le entregó 200.000 guaraníes, según el abogado Hugo Palacios.

Posteriormente lo obligaron a regresar hasta donde estaba la barrera, desde donde Ever llamó por teléfono a su señora, a quien le pidió que llevarle 300.000 guaraníes sin especificarle el fin.

“Ella se va al lugar, encuentra una barrera y le ve al marido arrodillado, cabeza abajo, lado del conductor, sin signos de vida, empieza a llorar al lado de un árbol, pidiendo socorro y le alza en un vehículo particular y le llevan al IPS de Loma Pytä donde llegó sin signos de vida”, relató Palacios, en un contacto con la 1020 AM.

El abogado denunció que la Policía Municipal dejó morir al conductor y que ni siquiera fueron capaces de llamar una ambulancia que lo asista. También contó que a nivel extraoficial supo que uno de los jefes dijo que no era culpa de ellos que se muera y que lo hayan demorado por estar en infracción.

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“Una persona sana, no tenía antecedente de nada y fue apretado a entregar el dinero. El hombre es carpintero, salió de su casa para un trabajo particular, al llegar no tenía consigo la habilitación, por eso se dio todo eso”, indicó.

Ever deja dos niños huérfanos y una viuda. El hombre era el sustento económico de su familia. La denuncia fue presentada ante la Policía y, según el abogado, algunos hechos que saltan a la vista son: extorsión, cohecho pasivo y omisión de auxilio.

Por su parte, Marcos Maidana, director de la PMT, explicó que, según el informe preliminar de los intervinientes, el Toyota Corolla color verde tenía una chapa acrílica en la parte trasera, momento en que le pidieron al conductor la licencia y habilitación, documentos que no tenía. La carencia de los mismos obliga a la retención del vehículo y la prohibición de circular.

El conductor contestó que el auto no era suyo y que llamaría a la esposa para que le lleve los documentos. En medio de esa espera, el hombre informó que se sentía mal, instante en que, la PMT llamó al 132 pero no recibió respuesta, según Maidana.

Se abrió un sumario administrativo a la inspectora Lourdes Riveros, quien hizo el procedimiento y estaba a cargo de la jefa Liduvina Guerrero.

Maidana desmintió que hayan montado una barrera, sino simplemente una serie de controles aleatorios en respuesta a una orden de servicio. No mencionó el cobro de ningún dinero.

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Cira Novara, de la coordinadora de las Ollas Populares, argumentó que el monto fijado no contempla el costo real de vida, obligando a los trabajadores a prescindir de necesidades básicas.

“El salario mínimo realmente no alcanza. Ahora entre pasaje y comida ya se va todo. Ahí no puede incluirse alquiler, vestimenta, medicamentos y otros gastos. Hablamos de una burla porque las autoridades no pueden decir que con ese monto se puede vivir dignamente”, aseveró a la 730 AM.

La situación es crítica para las cocineras comunitarias, quienes en su mayoría son trabajadoras cuentapropistas con ingresos que no rozan el sueldo básico.

Novara detalló que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solo les provee insumos secos para cubrir seis días al mes. El resto del tiempo deben hacer magia con ferias y colectas.

“Una familia que está al frente de un comedor tiene que juntar al mes G. 200.000 por día para cocinar para 100 personas, y claro que esos 200 van a dispararse a G. 300.000 para poder comprar carnes, verduras, huevos y queso que el Estado no entrega en cantidad suficiente”, comentó.

Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.

El artículo 1 del decreto establece un incremento del 5 % en relación al salario mínimo actual. El artículo 2 estipula que a partir del 1 de julio del 2026, el nuevo salario será de G. 3.044.000 y el jornal mínimo, G. 117.077,

En el considerando, el documento menciona el acta final de Consam, que habla de elementos que justificarían un ajuste superior al resultante de la variación del IPC, debido a factores como:

Costo de vida, evolución económica y otros indicadores considerados relevantes por el sector. Incluso habla de la posibilidad de que los pagos podrían ser fraccionados o por etapas.

“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben”, expresa el acta.

Con esto, queda desechada la esperanza que guardaban hasta anoche los industriales, quienes esperaban que el anuncio no fuera la última palabra y que tuvieran una posibilidad de discusión.