Jessica Duarte, directora de Inspección y Fiscalización del Ministerio del Trabajo, comentó que la explosión registrada el 30 de noviembre pasado en la fábrica dejó severos daños estructurales en zonas operativas.

En ese sentido, se determinó que esas áreas representan un peligro para los trabajadores, por lo que ordenaron que la fábrica suspenda sus actividades por un periodo de 28 días.

“Las estructuras no están en condiciones para que los trabajadores sigan cumpliendo sus funciones. Hubo un colapso total de las estructuras y hay paredes y techos agrietados”, expresó Duarte a la radio Universo 970/Nación Media.

Aclaró que el empleador de igual manera deberá pagar el salario a los trabajadores afectados por la medida.

Los responsables de la fábrica tendrán que poner en condiciones y reparar los daños causados para que los trabajadores vuelvan a sus puestos en lugares óptimos donde no haya riesgo de algún accidente, según la directora.

Con respecto a las causas de la explosión, indicó que se aguardan los informes para determinar con exactitud qué fue lo que pasó.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.

La abogada Gisselle Auada se comunicó con nuestra redacción para hacer pública una denuncia vinculada a una serie de incidentes ocurridos días atrás en el distrito de Villa del Rosario, departamento de San Pedro.

Según comentó a HOY, durante un recorrido que realizó en la noche del sábado en compañía de otras personas se topó con un grupo de manifestantes obstaculizando el paso por el puente que conecta con la Compañía Puerto de la Amistad.

Estas personas, entre las cuales se encontrarían parientes y miembros del equipo político del intendente local, Julián Barressi, les negaron el paso y mostraron una actitud hostil en todo momento, pese a los insistentes pedidos para cruzar.

A raíz de ello, Auada y su equipo se dirigieron a la comisaría local para denunciar el hecho. Una vez allí, se cruzaron con una mujer, de nombre Andrea García, quien minutos antes había sufrido una agresión por parte del mismo grupo.

Con intenciones de acompañar a esta mujer y ayudarla a llegar hasta su vivienda (que se encuentra al otro lado del puente), Auada pidió acompañamiento policial.

Una vez en el lugar, la profesional del derecho pidió a los manifestantes que puedan despejar el puente para permitirles el tránsito. “Ahí a duras penas nos dejaron pasar”, refirió.

En ese interín, se produjeron algunas escaramuzas y amenazas protagonizadas por el grupo integrado por “Pachin” Barressi, Jota Barressi, Charopa Benítez, Agustín Céspedes, entre otros nombres que constan en la denuncia formulada ante la Comisaría 13ª de Villa del Rosario. Uno de ellos, incluso, fue filmado portando una hondita que habría intentado utilizar para atacarlos, mencionó Auada.

La abogada sostuvo que, luego de este episodio, Julián Barressi empezó a amedrentarla de manera innecesaria, acusándola sin fundamentos de supuestamente comprar su título. “Por haberse enojado, no sé por qué, empieza a despotricar en contra de mi persona refiriendo estas barbaridades”.

El caso se encuentra en manos de la fiscal Irma Arias, quien iniciará una investigación en representación del Ministerio Público.

El caso del agente del Grupo Lince desaparecido sumó hoy un capítulo trágico. Efectivos militares de la Prefectura Naval de San Antonio comunicaron a las tres de la tarde el hallazgo de un cadáver en su destacamento ribereño. Tras el aviso, las autoridades policiales y judiciales iniciaron los trabajos de rigor ante la alta probabilidad de que los restos correspondan al uniformado ausente.

Los datos preliminares de la investigación apuntan a José Eduardo Gayoso Maldonado, un ciudadano paraguayo, soltero, de 21 años.

Minutos después del descubrimiento, una llamada telefónica de la hermana del agente reforzó la hipótesis del deceso, ya que ella misma presumió la identidad de su familiar tras recibir las primeras descripciones.

DESPLIEGUE EN EL LUGAR

Un contingente del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, bajo el mando del Oficial Segundo Hugo López y los oficiales María Ramos y Pablo Contrera, acudió al sitio a bordo de una patrullera. En el predio naval ya resguardaban la zona los miembros de la comisaría jurisdiccional, dirigidos por el Subcomisario José Pinto, junto con camaradas del Grupo Lince a cargo del Oficial Inspector Enrique Zelaya.

La comitiva civil y científica la integraron la abogada Dahiana Romero, asistente de la Fiscalía zonal de San Antonio, y el médico forense Luis Prats. Por el lado militar, el Capitán Nery González coordinó las tareas de apoyo de la Prefectura General Naval, mientras los peritos de Criminalística recolectaban las evidencias biológicas y del entorno.

MARCO LEGAL DEL OPERATIVO

La intervención interinstitucional actual responde de forma estricta a la Ley Nº 7605/2025 y al Decreto Presidencial Nº 4061/2025. Estas normativas reglamentan las atribuciones del departamento especializado y del Sistema Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, una estructura civil y policial que nació tras la vigencia de la Ley 7280/2024 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional.

Los especialistas continúan con el procedimiento legal y forense en la morgue para confirmar de forma científica la identidad del cuerpo y determinar la causa exacta de la muerte.