Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, respondió a las incógnitas en torno a la nueva ley de reforma del transporte público.

Respecto a la reabsorción que inicialmente estaba establecida solamente para los conductores, se corrigió el texto en la Cámara de Diputados y se amplió el universo a los trabajadores, lo que permite incluir a mecánicos, administrativos y otros empleados que forman parte de una empresa de transporte.

La legislación establece que los trabajadores con dos años de antiguedad deberán mantener sus contratos, es decir, ser reabsorbidos por la empresa.

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“En el caso de los conductores, sus patrones van a ser los operadores, pero estos operadores que son los que otorgan el itinerario ya no precisamente son los dueños de la flota ni los dueños de la tierras donde se dan las guardas de los buses”, explicó la ministra de Obras, Claudia Centurión, en una visita al estudio de la 970 AM.

En cuanto a la preocupación de quién les responde ante una eventual demanda, Centurión señaló que las licitaciones no serán adjudicadas a una empresa de maletín, sino a una con suficiente patrimonio y volumen de facturación

Respecto a la estabilidad laboral, el Código Laboral con los derechos y obligaciones de cualquier trabajador están garantizados, pues no se introduce ninguna modificación al respecto.

“Ellos tienen que ser reabsorbidos por las empresas y tienen que pasar por pruebas de rigor en el caso de los conductores para garantizar la idoneidad que es lo mínimo que se le exige a cualquier conductor”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados y que lleva a los choferes a realizar una huelga el 16 y 17 de noviembre es el artículo que declara al transporte como un servicio imprescindible y que obliga a garantizar el funcionamiento mínimo del 60 % de la flota, lo que, a criterio de ellos, afecta el derecho a la huelga, al obligar a que una alta cantidad de trabajadores no pueda recurrir a esta medida.

Con esta ley, al servicio de transporte se lo iguala al concepto de salud pública, pues debe estar activo incluso ante situaciones externas o de emergencia.

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La Municipalidad de Asunción inició el Proyecto Piloto de Recuperación del riacho Caracará, una intervención que busca restaurar uno de los principales humedales del Bañado Norte y disminuir el riesgo de inundaciones que afecta a decenas de familias de la zona.

Los primeros trabajos se realizaron en un tramo de unos 800 metros, en la zona de Cerrito, donde cuadrillas municipales ejecutaron tareas de limpieza, retiro de escombros y destaponamiento del cauce.

Durante las dos primeras jornadas participaron entre 30 y 40 funcionarios, quienes lograron retirar alrededor de ocho camiones de residuos acumulados en el riacho.

El director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, explicó que el cauce presenta un importante nivel de degradación debido a la acumulación de basura, rellenos con tierra y escombros, además de ocupaciones irregulares y chancherías instaladas sobre el propio riacho, situaciones que dificultan el escurrimiento natural del agua y favorecen las inundaciones durante las lluvias.

El proyecto contempla un abordaje integral, que además de la limpieza incluirá controles para evitar nuevos vertidos ilegales, revisión de ocupaciones irregulares, adecuación de obras de drenaje, recomposición de taludes y riberas, reintroducción de especies nativas de humedales y un programa de monitoreo de la biodiversidad.

Las acciones serán ejecutadas de manera coordinada por distintas dependencias municipales, con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dentro de una mesa técnica encabezada por la Dirección General de Gestión Ambiental.

Barreto indicó que las intervenciones continuarán cada fin de semana, mientras avanzan los procesos administrativos y jurídicos necesarios para consolidar la recuperación del riacho.

Como objetivo a largo plazo, la comuna pretende restablecer la dinámica natural del riacho Caracará, mejorar la calidad del agua, del aire y del suelo, además de sentar las bases para la creación de un Parque Lineal Sostenible que beneficie a los habitantes del Bañado Norte.

El evento reunió a diversas instituciones como las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y cuerpos de bomberos, con el objetivo de coordinar las acciones logísticas, de seguridad y de respuesta rápida para la competencia internacional.

Desde el Ministerio de Salud, el despliegue de recursos humanos e infraestructura contará con el respaldo de ambulancias terrestres, clínicas móviles y sistemas de apoyo aéreo para cubrir de manera efectiva cada una de las etapas de la competencia.

A través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) se garantizará la provisión de agua segura y servicios sanitarios, mientras que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) llevará a cabo campañas de vacunación preventiva. Además, se activarán protocolos de vigilancia epidemiológica para identificar cualquier evento de interés para la salud pública.

Con este despliegue institucional, buscan consolidar a Itapúa como un polo deportivo regional capaz de albergar eventos de gran envergadura bajo estrictos estándares internacionales.

La articulación previa entre los ministerios y las fuerzas públicas apunta a blindar la seguridad sanitaria tanto de las tripulaciones y equipos de asistencia como de los miles de aficionados y comunidades locales que dinamizarán la zona durante los días del rally.

De acuerdo con un informe remitido al Juzgado Electoral del Primer Turno de la Capital, los retiros se concentraron principalmente sobre las principales avenidas de la ciudad. Mariscal López encabeza la lista con 538 carteles retirados, seguida por España (478), Aviadores del Chaco (314), Eusebio Ayala (300) y las inmediaciones de la Municipalidad de Asunción, donde fueron desmontados otros 158.

Las tareas son coordinadas por el nuevo director de la Policía Municipal Fiscalizadora (PMF), Gino Francesco Ruggero Ríos, quien anunció que este viernes 17 de julio se llevará a cabo una gran jornada de limpieza, en conjunto con otras dependencias municipales, para retirar la propaganda política instalada fuera del cronograma electoral.

El funcionario explicó que, si bien el retiro de carteles irregulares forma parte de los controles habituales de la PMF, durante los procesos electorales la cantidad de propaganda aumenta considerablemente, por lo que resulta necesaria una intervención especial.

Asimismo, recordó que la propaganda electoral solo puede instalarse dentro del plazo establecido por la Justicia Electoral y con la autorización correspondiente de la Municipalidad. Los responsables deben gestionar el permiso, abonar el canon previsto y retirar la cartelería una vez concluido el período habilitado.

La comuna también inició la notificación a los partidos políticos, a través de sus apoderados, para que procedan al retiro de los carteles aún existentes y se abstengan de instalar nueva propaganda fuera del período permitido.

Los operativos continuarán en las avenidas con mayor presencia de cartelería electoral, entre ellas Mariscal López, España, Aviadores del Chaco, Eusebio Ayala, Fernando de la Mora, General Santos, Brasilia y Kubitschek. En caso de incumplimiento, los antecedentes serán remitidos a los Juzgados de Faltas para la aplicación de las sanciones correspondientes.