El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez García, abrió una investigación por el fallido acueducto, inaugurado por el expresidente Mario Abdo Benítez en el año 2020. Esto lo hizo tras recibir el demoledor informe de la Contraloría.

La institución dio a conocer el informe de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), que ya data de octubre de este año pero recién ahora toma estado público. Este lapidario documento ratifica las conclusiones de otro anterior emitido en abril de 2024, en el cual se desglosa una serie de irregularidades del proyecto, cuyas obras dejaron un acueducto inoperable y sin cumplir su objetivo de proveer agua potable a las comunidades del Chaco.

El demoledor informe investiga posibles hechos punibles durante la administración de los exministros de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia, aunque varios de ellos se excusaron al mencionar que algunas fases del proyecto no se realizaron durante su gestión.

Entre los hallazgos figura la ausencia de estudios de admisibilidad, factibilidad y viabilidad. El MOPC no remitió documentación que evidencie la existencia de estos estudios requeridos por las normativas vigentes como paso previo a la ejecución del Proyecto Acueducto en su Primera Etapa, desde Puerto Casado hasta Loma Plata.

También se detectó la falta de Auditorías Internas al Proyecto Acueducto Primera Etapa durante el periodo de ejecución de las obras (2012-2022), a pesar de las múltiples irregularidades, como atrasos en la ejecución, rescisiones de contrato y demandas, por incumplimiento contractuales que no fueron alertados por la Auditoría Interna del MOPC. Esto abarcó varias administraciones.

Según el informe, el MOPC amplió los plazos de ejecución de las obras de la Primera Etapa en un 88% para CDD Construcciones S.A., 498% para el Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A., y 446% para el Consorcio PS, superando el límite del 20% establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Otra irregularidad fue que el MOPC formalizó en el año 2012 el contrato con CDD Construcciones S.A. dentro del plazo para la presentación de protestas, incumpliendo así con las normativas vigentes.

La Contraloría además informó que no se presentó documentación que acredite la realización de visitas técnicas obligatorias por parte del Consorcio PS (Obra 1) y el Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A. (Obra 2), lo que llevó a la incorporación de trabajos y rubros no contemplados inicialmente y a un aumento significativo de los costos. 

En cuanto a la Obra 1, la incorporación de las obras mediante convenios modificatorios, ampliaron el plazo original de ejecución en más de ocho años y el monto contractual en G. 6.077.524.627. 

Con relación a la Obra 2, aumentó el monto del contrato original y su convenio modificatorio en G. 4.537.299.947, y se amplió el plazo para la ejecución de la obra en 655 días calendario.

El MOPC no aplicó penalidades a los consorcios PS y ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A. por los atrasos en la ejecución de las obras, a pesar de que los certificados de obras mostraban un avance del 0% en varios meses.

El MOPC dio lugar en el año 2018 al recurso de reconsideración presentado por el Consorcio PS, a pesar de las recomendaciones de rescisión de la consultoría fiscalizadora que había alertado sobre irregularidades en el avance de las obras en el periodo 2016-2018, lo que retrasó la rescisión definitiva del contrato por más de tres años, recién se realizó en el 2020. Cabe señalar que la consultoría de fiscalización fue contratada por el propio MOPC y significó un gasto público de G 7.000 millones, pero sus recomendaciones técnicas no fueron aplicadas oportunamente.

El MOPC no rescindió el contrato con O-TEK ARGENTINA S.A. (anteriormente AMITECH ARGENTINA S.A.) a pesar del incumplimiento del cronograma de entrega de tuberías y accesorios, ni ejecutó la garantía de fiel cumplimiento. El contrato fue suscrito en el año 2012 con una vigencia original de 18 meses, sin embargo; en base a las necesidades del proyecto, la vigencia del contrato fue extendida hasta el cumplimiento de las obligaciones, en el año 2014. 

No se cuenta con documentación que acredite la designación de un agente verificador internacional para la certificación de los ensayos y el proceso de fabricación de las tuberías de AMITECH ARGENTINA S.A., ni con evidencia de la aprobación de dichos procesos.

El MOPC emitió la orden de inicio para la provisión de tuberías y accesorios por parte de la firma EDRA SANEAMIENTO BÁSICO IND. Y CÍA. LTDA. sin cumplir con requisitos como el pago del anticipo descontado de la Carta de Crédito Irrevocable, la apertura de la Carta de Crédito por el 100% del valor total del contrato y la designación del agente verificador.

La falta de ejecución del “Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay” dentro del plazo original generó múltiples solicitudes de ampliación de plazos de desembolso, extendiendo el plazo final a 9 años y 1 mes. Tampoco realizó una auditoría interna a este programa. 

GESTIÓN DE WIENS 

Durante la gestión de Arnoldo Wiens, el MOPC traspasó la administración de las obras del “Sistema de Provisión de Agua Potable para el Chaco Central - Acueducto” a la ESSAP S.A. sin contar con todas las formalidades establecidas en el convenio de entrega y recepción, que exigía la conclusión y recepción definitiva de las obras.

En el año 2023, un equipo auditor de la Contraloría realizó verificaciones in situ en el marco del Proyecto Acueducto Primera y Segunda Etapa, en las ciudades de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia, con la finalidad de verificar las obras realizadas, y el estado de conservación de las mismas.

La verificación en Neuland evidenció fisuras en el tanque de reservorio de agua, relacionadas con la falta de abastecimiento y deficiencias en el mantenimiento. Sobre el punto, Wiens instó justificar diciendo que las fisuras en el tanque de reservorio de la ciudad de Neuland “solo constituyen pinturas impermeabilizantes, y tratamiento hidrófugo realizados durante el periodo de operación y mantenimiento de dicho tanque”, sin embargo, los auditores pudieron corroborar que sí eran fisuras.

También confirmó que no se está proveyendo agua a los beneficiarios de las localidades del Chaco Central, incumpliendo el objetivo del programa. Al respecto, Wiens alegó ante la Contraloría que durante el periodo que el proyecto estuvo bajo su responsabilidad (agosto 2020 hasta diciembre 2022) se proveyó en forma segura de agua potable al Chaco Central, expresión que se contradice con lo señalado por los pobladores de la comunidades beneficiarias durante la verificación In situ realizada por el Equipo Auditor, ocasión en la que indicaron que en algunos sectores el agua solo llegó por unos cuantos días, y en otros por unos cuantos meses desde la puesta en marcha del servicio.

El pequeño reside junto a sus abuelos maternos barrio General Genes, lugar donde fue visto por última vez. La alerta formal fue presentada por el padre del menor, Fernando Vidal Dacunha, de 40 años, luego de ser notificado sobre la situación en la vivienda familiar.

De acuerdo con el relato del progenitor, los abuelos notaron que el niño ya no se encontraba en el inmueble alrededor de las 08:00 horas.

Tras llevar a cabo una búsqueda inicial por cuenta propia dentro de la propiedad, decidieron comunicarse con el padre a las 12:30 horas para informarle sobre la desaparición.

Al recibir la denuncia, el personal policial se trasladó de inmediato hasta la colonia Kokue Pyahu para recolectar las primeras pistas. Las autoridades y los investigadores de campo mantienen los trabajos de búsqueda con la prioridad absoluta de localizar al niño sano y salvo.

La preocupación de los rescatistas aumentó debido a la presencia de un arroyo cercano a la casa de los abuelos. En las inmediaciones de este cauce hídrico, los intervinientes hallaron pisadas de calzado que, bajo las sospechas iniciales, podrían corresponder al pequeño Mathias, lo que orienta las tareas de rastreo hacia ese perímetro.

Cira Novara, de la coordinadora de las Ollas Populares, argumentó que el monto fijado no contempla el costo real de vida, obligando a los trabajadores a prescindir de necesidades básicas.

“El salario mínimo realmente no alcanza. Ahora entre pasaje y comida ya se va todo. Ahí no puede incluirse alquiler, vestimenta, medicamentos y otros gastos. Hablamos de una burla porque las autoridades no pueden decir que con ese monto se puede vivir dignamente”, aseveró a la 730 AM.

La situación es crítica para las cocineras comunitarias, quienes en su mayoría son trabajadoras cuentapropistas con ingresos que no rozan el sueldo básico.

Novara detalló que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solo les provee insumos secos para cubrir seis días al mes. El resto del tiempo deben hacer magia con ferias y colectas.

“Una familia que está al frente de un comedor tiene que juntar al mes G. 200.000 por día para cocinar para 100 personas, y claro que esos 200 van a dispararse a G. 300.000 para poder comprar carnes, verduras, huevos y queso que el Estado no entrega en cantidad suficiente”, comentó.

Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.