En la jornada del lunes se registró un caso de robo agravado frente a un local comercial situado en la zona conocida como Paso Tuna, en la ciudad de Lima.

Este episodio de inseguridad tuvo como víctimas a Eladio Duarte Melgarejo y su compañero Vicente Galeano Figueredo, empleados de la empresa distribuidora Legolas S.A.

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Estos trabajadores se encontraban en plena jornada de reparto de bebidas cuando fueron interceptados por delincuentes armados.

Dos asaltantes llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta y, sin perder tiempo, encañonaron a ambos sujetos cuando se disponían a entregar mercaderías a un cliente.

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Bajo amenazas, obligaron a las víctimas a entregar la recaudación del día, consistente en la suma de G. 15.961.000, tras lo cual se dieron a una rauda fuga.

La Policía Nacional se encuentra investigando el hecho y ya accedió a las imágenes de circuito cerrado, las cuales serán analizadas por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles para identificar a los autores.

Esta mañana se llevó a cabo un encuentro en el ex Seminario Metropolitano entre autoridades del Gobierno y miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

La reunión fue encabezada por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes estuvieron acompañados por los ministros de Educación, Salud, Agricultura y Ganadería, Interior, Vivienda y Hábitat, entre otros.

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La oportunidad fue aprovechada por los obispos para transmitir un mensaje a las autoridades gubernamentales, en lo que catalogaron como “un espacio de escucha para compartir sus perspectivas y miradas sobre algunos de los principales desafíos sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables”.

La convocatoria -realizada por el propio gobierno- se dio con el fin de “conocer de primera mano las preocupaciones que la Iglesia recoge a través de su presencia y acompañamiento permanente en las comunidades”, según menciona el comunicado publicado al término del encuentro.

Los ejes sobre los que se centró el debate entre autoridades gubernamentales y eclesiásticas fueron: salud, emergencia ante el fenómeno “El Niño”, cuidado de la casa común (medio ambiente) y comunidades indígenas.

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Los obispos presentes expresaron sus preocupaciones respecto a los más vulnerables, las dificultades de acceso a la salud y la situación de las comunidades indígenas, incluyendo también su pedido de compromiso con la protección de la naturaleza y el ambiente.

Desde el Gobierno expresaron su voluntad de “escuchar y nutrirse de la mirada y la experiencia de la Iglesia”, valorando especialmente su presencia cercana y permanente en las comunidades, enfatiza el comunicado.

Personal de la Comisaría 5ª de Hernandarias anoche tomó intervención ante una alerta registrada en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), ubicada entre las calles Acosta Ñu y Pikysyry.

El sistema de seguridad se activó ante un intento de vulneración de uno de los cajeros automáticos instalados en dicha sede bancaria, siendo el presunto autor un joven de 18 años.

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El sospechoso se identificó como Derlis Morínigo Irala, quien no contaba con documento de identidad al momento de ser demorado. El mismo manifestó ser residente del barrio San Isidro de la citada localidad.

El informe policial señala que esta persona habría logrado dañar la tapa de la bóveda de uno de los cajeros, aunque sin llegar a acceder al dinero, por lo que el caso se cataloga como un hurto agravado en grado de tentativa.

Los intervinientes manifestaron que, aparentemente, Morínigo se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al cometer el hecho. Cabe señalar que el sujeto no registra antecedentes penales.

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Como medida preventiva, los efectivos intervinientes decidieron aislar el cajero automático afectado y reforzar la seguridad alrededor de la sucursal del BNF, hasta tanto se produjo su apertura al público en horas de la mañana.

La fiscal Natalia Montanía fue informada del procedimiento y ordenó que el aprehendido permanezca en la Comisaría 5ª de Hernandarias, a disposición del Ministerio Público.

Luis Ávila, titular de Cifarma, calificó de exitosa la operación financiera concretada por el ministro de Economía, Óscar Lovera, luego de largas negociaciones iniciadas en junio.

“Esta es casi toda la deuda del 2025 para atrás. Son 40 empresas; 320 millones de dólares son la primera parte que ya está disponible, que cada proveedor negocia con sus bancos”, explicó Ávila, en un contacto con el canal Gen.

Posteriormente, otro saldo de 120 millones será incorporado en septiembre y octubre, con el mismo esquema de cesión de derechos. Con esto, de los mil millones de dólares, quedará un saldo de 450 millones de dólares.

Ávila adelantó que ese saldo restante se planifica cubrir con bonos en el presupuesto del 2027, a través de la modificación del déficit fiscal. Esto se cobraría entre febrero y marzo y permitiría tener un presupuesto 2027 libre de carga anterior.

Por otro lado, Cifarma también trabaja con el IPS para cerrar una cesión de derechos por 80 millones de dólares. Al margen de esto, para Ávila, lo importante es que se está oxigenando a los proveedores de salud.