La ley que establece la pensión universal para el adulto mayor, vigente desde diciembre del 2023, estipula que la edad mínima a nivel general es de 65 años, pero que los ingresos se realizarán de forma gradual de mayor a menor. Ese descenso que inició en diciembre del 2023 y enero del 2024 con el rango de 106 a 90 años, hoy se encuentra en los 71 años, quedando un remanente de 340 personas de esa edad.

Para los grupos prioritarios se establecen otras edades mínimas. Para las personas con discapacidad, 60 años y para las comunidades indígenas, 55 años. En ambos casos, los ingresos se hacen de manera directa y sin la gradualidad de la población habitual, confirmó el viceministro Raúl Ramírez, en un contacto con Gen.

Para las personas con discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja directamente con Sinadis, la entidad que certifica la discapacidad en sus diferentes porcentajes. Para ser beneficiario, se requiere un 60 % de discapacidad.

En cuanto a las comunidades indígenas, el INDI es la entidad autorizada a certificar que una persona es indígena.

En lo que va de vigencia de esta ley, incorporaron a 1.400 personas con discapacidad y a 12.000 aborígenes.

A nivel general, todavía están pendientes de ingreso unos 102.000 adultos mayores. Dado que la ley establece un cupo de 30.000 incorporaciones al año, se estima que entre el 2027 y 2028 ingresaría el 100 %.

El 11 de marzo pasado, a la altura del Km 17 de la Ruta D-015, en la Compañía Itacurubí, un grupo de productores cañicultores se encontraba realizando una movilización con cierres intermitentes de rutas, exigiendo la culminación del nuevo tren de molienda de la Planta Alcoholera de PETROPAR.

Los manifestantes incendiaron neumáticos sobre la calzada para impedir la circulación vehicular y ante la intervención del personal policial para sofocar las llamas y rehabilitar el tránsito.

Aparentemente, reaccionaron de forma violenta, utilizando piedras, cascotes, petardos y honditas para lanzar proyectiles.

Como consecuencia, varios efectivos policiales resultaron con varias lesiones.

Durante el procedimiento fiscal y policial, además de la aprehensión de los 11 sindicados, se procedió a la incautación de 21 tractores, un automóvil y una motocicleta.

Esta iniciativa, que convoca a empresas, instituciones, organizaciones, comunidades, familias y voluntarios, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de los Bosques.

La actividad central tendrá lugar en la Reserva Guarapi, un área protegida de 100 hectáreas ubicada en Yaguarón, departamento de Paraguarí, considerada uno de los principales pulmones verdes de la zona.

Paraguay Planta nació en 2019 como respuesta al creciente clamor ciudadano expresado en redes sociales, motivado por los devastadores incendios forestales en el país. Desde entonces, se ha consolidado como una acción que promueve la plantación de especies nativas para contribuir a la restauración de ecosistemas y la preservación de la biodiversidad con cerca de 55 mil árboles plantados hasta la fecha.

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A lo largo de sus once ediciones anteriores, la campaña ha movilizado a miles de voluntarios y ha permitido plantar miles de árboles, fortaleciendo la conciencia colectiva de la ciudadanía.

Para esta nueva edición se espera la participación de aproximadamente 200 voluntarios, provenientes de empresas aliadas, organizaciones, medios de comunicación y la sociedad civil.

“No es un caso que sea diferente a otros procesos. Las documentaciones que tenemos avalan el proceso de adjudicación y eso está disponible en la institución”, explicó el ministro Juan Carlos Baruja, en conversación con el canal GEN.

Sostuvo que la adjudicación a favor de “Chaqueñito” de un departamento en el proyecto Las Residentas, ubicado en la ciudad de Luque, cumple todos los requerimientos conforme a las normativas.

Agregó que el adjudicado paga mes a mes en base a un precio y plazo determinado en el contrato. “Es la venta de un departamento por parte del Ministerio”, enfatizó.

Por su parte, el senador Javier “Chaqueñito” Vera argumentó su derecho como ciudadano para acceder al beneficio del programa de viviendas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Chaqueñito” justificó la adjudicación apelando a su pasado. “No me estoy victimizando, solo digo que de la calle salté al Senado. “Yo me considero todavía de clase media baja. Provengo de una zona de bajos recursos”, indicó.