La inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas, valoró el desempeño del personal que estuvo apostado en los puntos de mayor circulación vehicular para agilizar el desplazamiento tanto durante la salida del Departamento Central hacia el interior del país como en el operativo retorno. Indicó que, gracias a la organización y la constante presencia de los agentes en las rutas, el tránsito se desarrolló sin mayores complicaciones.

También destacó la tarea de fiscalización llevada adelante en los principales puestos y destacamentos. Señaló que, entre el 21 y el 27 de diciembre, se concretaron 734 procedimientos de sanción. En ese mismo periodo, 120 vehículos fueron demorados por diversas infracciones, entre ellas vencimiento de documentaciones y conducción bajo los efectos del alcohol. En este último caso, 57 conductores fueron retirados de circulación, recordándose que la normativa vigente establece tolerancia cero.

En cuanto a siniestros, Ferreira informó que durante esos días se registraron 35 incidentes: 14 sin heridos, 17 con lesionados y un total de cuatro fallecidos.

La vocera de la Caminera reiteró el llamado a la prudencia y a la responsabilidad de los conductores, insistiendo en el respeto a las normas de tránsito como principal herramienta para prevenir tragedias, especialmente en este periodo de intensa movilidad por las fiestas de fin de año.

En el transcurso de este viernes se confirmó la comparecencia de los procesados Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco Bogado, Hugo Enrique Aranda Noguera, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.

La mayoría de estos exfuncionarios del IPS fueron beneficiados con la libertad ambulatoria por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, ante quien se presentaron para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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Previamente, habían accedido a esta misma medida alternativa a la prisión el expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la exfuncionaria de la asesoría jurídica de la previsional, Rosa Concepción Colmán.

Todos los imputados por lesión de confianza presentaron inmuebles valuados en millones de guaraníes como caución real, a fin de poder acceder a una salida procesal por parte del juzgado.

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El Ministerio Público abrió una causa penal tras la denuncia por supuesto daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS), por una suma estimada de G. 61.000 millones, a raíz de la fallida instalación de quirófanos modulares.

El único de los procesados que aún sigue pendiente de presentarse ante la justicia es Vicente Bataglia, también extitular del IPS, quien se encuentra de viaje por Italia, conforme a lo manifestado por su representante legal.

El doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que la autopsia fue bastante compleja, ya que primero tuvieron que hacer una reconstrucción del cuerpo y de cada una de las partes desarticuladas.

“Esta niña fallece por una asfixia bastante particular porque se da por un proceso de inhibición dentro del marco de una inmersión. No es que el agua haya entrado a todos los pulmones, sino que un líquido con un alto componente tipo térreo y pasto llega al tercio medio de la tráquea, eso provoca una inhibición de la laringe y hace que se cierre como acto reflejo, y eso provoca la asfixia”, relató Lemir.

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Esto significa que alguien la sumergió o que ella misma se sumergió, pero el agua no llenó los pulmones, sino que solo llegó al tercio medio de la tráquea (si trazáramos una línea recta desde el cuello hasta el pecho, este punto se situaría en el medio ). La violencia y el desmembramiento son postmortem. El cuerpo está totalmente desarticulado en cada una de las uniones.

La data de muerte es de siete días,lo cual impidió encontrar líquidos y sustancias; sin embargo, sí pudo descartarse el embarazo. Tampoco se pudo extraer orina porque la vejiga estaba vacía. Este procedimiento fue hecho como anticipo jurisdiccional de prueba.

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Este jueves volvió a ser suspendido el juicio oral y público contra un hombre de 42 años, acusado por un supuesto abuso sexual que tuvo como víctima a su sobrina de solo 9 años, ocurrido en el departamento de Canindeyú.

El episodio data del año 2019, cuando este hombre habría sometido sexualmente a la menor de edad, aprovechando que sus padres se encontraban en un centro asistencial por motivos de salud, de acuerdo a la denuncia.

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Su abogado defensor, Toribio Vázquez Bogado, ayer presentó una nueva recusación contra los integrantes del Tribunal de Sentencia a cargo de la causa, lo cual derivó en la postergación del inicio del juicio.

El abogado Saúl González Ayala, representante legal de la familia de la víctima, manifestó al canal GEN que esta situación viene arrastrándose desde hace más de dos años, con continuas postergaciones, producto de incidentes y maniobras dilatorias.

Hasta el momento, ya suman siete suspensiones al juicio oral por este caso de abuso sexual en niños, impidiendo que el principal acusado pueda sentarse en el banquillo de los acusados. El propósito sería que la causa prescriba, afirmó.

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El profesional del derecho considera que este y todos los casos en los que se produjeron abusos contra menores de edad deben ser atendidos con celeridad, sin excepción. “Hay toda una comunidad que está pendiente de esto y está pidiendo justicia”, agregó.

El juicio debe llevarse a cabo en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, en Canindeyú.