“Vamos a tener muchas quejas de empresarios y gremios empresariales”, afirmó el mandatario, al justificar la decisión del Ejecutivo de intervenir ante lo que considera abusos del mercado en la formación de precios, especialmente en contextos de mayor poder adquisitivo y aumento de ventas.

Santiago Peña sostuvo que el crecimiento económico no puede ser una excusa para trasladar incrementos injustificados al consumidor final. “Cuando las ventas aumentan, algunos creen que automáticamente pueden subir los precios. El Estado tiene herramientas para proteger al consumidor y las vamos a usar”, advirtió.

El jefe de Estado señaló que una de las principales apuestas será el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), institución que tendrá mayores atribuciones a partir de este año. En paralelo, anunció un rol más activo de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

“Existen estructuras empresariales con poder oligopólico, capaces de influir directamente en la formación de precios. Eso se ve en el mercado de la carne, en supermercados y en el comercio minorista”, indicó.

Peña remarcó que estas distorsiones no solo afectan al consumidor final, sino también a proveedores pequeños y a las mipymes, que quedan en desventaja frente a grandes grupos económicos.

El presidente dejó en claro que el Gobierno no busca confrontar con el sector privado, pero sí marcar límites. “Quiero que el empresario invierta y gane dinero, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre defender al empresario y proteger al consumidor”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el rol del Estado es garantizar reglas claras y justas para todos los actores del mercado. “No estamos para defender a un solo sector. Estamos para defender principalmente al sector mayoritario, que es el de los consumidores”, sostuvo.

Peña ratificó que el Ejecutivo seguirá apostando a la inversión y la generación de empleo, pero advirtió que no permitirá prácticas que deterioren el poder adquisitivo de la población. “Vamos a poner límites cuando la búsqueda de ganancias vaya en detrimento del consumidor”, dijo.

De acuerdo a Migraciones, solo las más de 18 mil solicitudes que se presentaron en estos cuatro primeros meses, representa el 38% del total de solicitudes ingresadas durante todo el año 2025, que cerró con 47.687.

Del total de solicitudes ingresadas de enero a marzo de 2026, 14.995 corresponden a residencias temporarias, 105 % más que en el mismo periodo del año anterior, y 3.076 a residencias permanentes, 25 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las residencias aprobadas y expedidas durante el primer trimestre del año, 14.275 fueron otorgadas entre enero y marzo, 110 % más que en el mismo periodo de 2025, de las cuales 11.064 corresponden a residencias temporarias y 3.211 a residencias permanentes.

Entre las diez nacionalidades con mayor número de residencias otorgadas en el primer trimestre de 2026, Brasil continúa encabezando el ranking, con el 64 % de las residencias expedidas

Migraciones recuerda a los ciudadanos extranjeros que pueden gestionar de manera personal sus solicitudes de residencia u otros documentos migratorios en las sedes de la institución.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, recordó que desde el año 2016 se encuentra vigente el formato de reajuste anual del salario mínimo, esto tras la modificación del Código Laboral Paraguayo para contemplar la inflación como principal factor de cálculo.

El siguiente incremento salarial debe darse el próximo 1 de julio, por lo que el decreto que dispone este reajuste debería ser promulgado por el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio.

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Respecto a la manera de calcular el salario mínimo, confirmó que barajan algunas alternativas para su modificación. El instrumento actual es el Índice de Precios del Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

“El reajuste del 3,3% no fue bien visto por las centrales sindicales y varios sectores”, expresó Segovia al canal GEN. En ese sentido, mencionó que los trabajadores ya plantearon algunas propuestas. En paralelo, el BCP se encuentra trabajando en una nueva herramienta para calcular el nivel de consumo.

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El viceministro admitió que el Índice de Precios del Consumidor es una herramienta “poco conveniente” porque no refleja la pérdida del poder adquisitivo. “Entendemos y compartimos la preocupación de los sectores sindicales de que hay una pérdida del trabajador asalariado, porque los elementos que hacen a su consumo, ya sea alimentación, vestimenta o traslado, han tenido un incremento mayor”.

La próxima semana podría desarrollarse una reunión entre autoridades y representantes de las centrales obreras, de modo a que, si corre la idea de modificar el Código Laboral, se pueda presentar un proyecto en el Congreso para darle un trámite de urgencia, puntualizó.

El presidente de la FEDEMIPYMES, Luis Tavella, afirmó en entrevista con GEN que las ausencias reiteradas, sobre todo los días lunes, se volvieron una constante en rubros como la industria y la construcción.

“En algunos casos tenemos ausentismo del 20% al 30%. En una microempresa eso es gravísimo, porque si te faltan dos personas, perdés la mitad del plantel”, explicó.

Tavella recordó que el 88% de las mipymes son microempresas con apenas dos a cuatro trabajadores, lo que las hace altamente vulnerables ante cualquier ausencia. “Las actividades se trancan automáticamente. No hay reemplazo posible”, señaló.

La situación también se replica en pequeñas empresas, donde la falta de personal impacta directamente en la productividad.

Ante este escenario, el sector comienza a modificar sus criterios de contratación, priorizando perfiles de mayor edad. “Se está optando por gente de 45 o 50 años, porque son más estables y responsables”, indicó.

Según explicó, gran parte de la mano de obra joven corresponde a personas en su primer empleo, generalmente entre 18 y 28 años, con poca experiencia laboral.

Sobre las causas, dijo que es el resultado del consumo de alcohol y drogas, además de un cambio en la actitud hacia el trabajo. “El problema no es la falta de empleo, es que no conseguís gente responsable”, afirmó.

Añadió que muchos trabajadores abandonan sus puestos tras pocos meses, incluso luego de haber sido capacitados por las empresas. “Formar a alguien lleva de 4 a 6 meses. Después se van por cualquier motivo. Si le llamás la atención por algo, se enoja y renuncia. El joven quiere entrar a las 7 y media, cuando su horario de ingreso es a las 7. Los sábados no quieren luego trabajar”, lamentó.

Desde el sector empresarial se intentan aplicar medidas como pagos extras por presentismo o incentivos económicos, pero no es suficiente. “Se necesita una mirada más global. Esto se está deteriorando y no hay una política clara para enfrentarlo”, solicitó.