A través de un comunicado divulgado este domingo, ambas instituciones se expresaron ante la ciudadanía a raíz de publicaciones periodísticas que hacían alusión a un supuesto desabastecimiento de insumos.

Ante dichas versiones, salieron al paso negando que tal situación se haya presentado, confirmando que, a la fecha, disponen de stock suficiente para la expedición de documentos de identidad en el Departamento de Identificaciones.

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Actualmente, se cuenta con insumos suficientes para garantizar la emisión de cédulas de identidad hasta el mes de marzo, menciona el texto divulgado de forma conjunta por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Asimismo, precisaron que ya se encuentra en curso una licitación “ad referéndum” que permitirá asegurar la continuidad del servicio antes de que se agoten los insumos actuales, evitando con ello cualquier interrupción en el servicio.

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También negaron supuestos pedidos de coimas para agilizar trámites en Identificaciones, exhortando a la ciudadanía a formalizar sus denuncias ante los canales habilitados, de manera a impulsar las investigaciones pertinentes y sancionar a quienes pudieran cometer estas prácticas.

“El Ministerio del Interior y la Policía Nacional reafirman su compromiso con una lucha frontal contra la corrupción, la mejora continua de los servicios y el respeto irrestricto a la legalidad, llevando tranquilidad a la población”, finaliza el comunicado.

En el transcurso de esta mañana se prevé seguir con el desarrollo del juicio oral y público al exministro Arnaldo Giuzzio, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Para la jornada de hoy fue convocado a prestar declaración en calidad de testigo Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú S.A., perteneciente al presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola.

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Cabe recordar que Enciso ya había acudido la semana pasada para declarar ante el Tribunal de Sentencia, ocasión en que confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones estatales.

Durante su comparecencia, el mismo también reveló que la firma realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado.

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Las revelaciones del testigo confirman lo que ya venía manejando la Fiscalía respecto al nexo existente entre Giuzzio y Vinicius, quien de hecho llegó a prestar una lujosa camioneta blindada al exministro para sus vacaciones en Brasil.

De esta manera, el juicio ingresa a instancias finales con las últimas declaraciones de testigos, antes de conocerse la sentencia en esta causa por cohecho pasivo agravado que afronta el extitular de la SENAD y el Ministerio del Interior.

El Parque Ecológico Indi Escondido, el Cerro Indio Dormido Pie Derecho, el Cerro Indio Dormido Panza, el Brazo Indio Dormido, las Colinas Puestas del Sol, Ángel Custodio y Parque Jesuítico son los lugares sin respaldo de la Senatur.

Estos espacios no figuran en Registur (Registro Nacional de Turismo) y no están habilitados por la Senatur. Todos se encuentran en el distrito de Nueva Alborada, Itapúa.

Desde la Secretaría de Estado piden prestar atención antes de contratar estos servicios y tomar en cuenta que operan sin habilitación, aunque todos tienen la oportunidad de regularizar sus respectivas situaciones.

Ante cualquier duda respecto a las ofertas turísticas, está disponible la línea 021 441 530, interno 117 o el correo registur@senatur.gov.py.

La abogada Alba Zaracho asumió la defensa técnica del exlegislador y solicitó una postergación para estudiar el expediente.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, aceptó la solicitud al considerar la complejidad de la causa.

De esta manera, la nueva fecha quedó fijada para el 10 de agosto a las 8:30.

La fiscal Patricia Sánchez calificó el plazo de 20 días como una medida razonable. La representante del Ministerio Público señaló que esta pausa garantiza el derecho a la defensa y evita nulidades en el proceso.

Afirmó además a la prensa que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para probar la invalidez del título profesional. El expediente incluye pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de esos documentos.

El proceso abarca la obtención irregular de tres documentos públicos basados en un certificado y un título sin validez. En caso de probarse la modalidad especialmente grave de los delitos, la pena privativa de libertad oscilaría entre 6 años con 6 meses y 11 años de prisión.