El economista Jorge Garicoche señaló que Conacom y Sedeco deberían actuar de manera más activa para prever condiciones equitativas en el mercado, sin que ello implique necesariamente recurrir al control de precios.

“Espero que estas instancias tengan mayor presencia”, explicó en entrevista con la 780 AM.

Garicoche sostuvo que uno de los sectores más afectados es el de la carne, lo que impacta directamente en los platos de los paraguayos. Aunque existen varios frigoríficos en el país, dos grupos concentran alrededor del 80% del mercado, ejerciendo una gran influencia.

Indicó que no es un problema tener poder de mercado, sino cuando se abusa de él para mantener precios elevados.

La semana pasada, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció que el Gobierno avanzará en un fortalecimiento de la defensa del consumidor, incluyendo la elaboración de un nuevo Código del Consumidor, una medida que, según adelantó, generará resistencia y quejas por parte de sectores empresariales.

“Vamos a tener muchas quejas de empresarios y gremios empresariales”, afirmó el mandatario, al justificar la decisión del Ejecutivo de intervenir ante lo que considera abusos del mercado en la formación de precios, especialmente en contextos de mayor poder adquisitivo y aumento de ventas.

Santiago Peña sostuvo que el crecimiento económico no puede ser una excusa para trasladar incrementos injustificados al consumidor final. “Cuando las ventas aumentan, algunos creen que automáticamente pueden subir los precios. El Estado tiene herramientas para proteger al consumidor y las vamos a usar”, advirtió.

El jefe de Estado señaló que una de las principales apuestas será el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), institución que tendrá mayores atribuciones a partir de este año. En paralelo, anunció un rol más activo de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

“Existen estructuras empresariales con poder oligopólico, capaces de influir directamente en la formación de precios. Eso se ve en el mercado de la carne, en supermercados y en el comercio minorista”, indicó.

Peña remarcó que estas distorsiones no solo afectan al consumidor final, sino también a proveedores pequeños y a las mipymes, que quedan en desventaja frente a grandes grupos económicos.

El presidente dejó en claro que el Gobierno no busca confrontar con el sector privado, pero sí marcar límites. “Quiero que el empresario invierta y gane dinero, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre defender al empresario y proteger al consumidor”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el rol del Estado es garantizar reglas claras y justas para todos los actores del mercado. “No estamos para defender a un solo sector. Estamos para defender principalmente al sector mayoritario, que es el de los consumidores”, sostuvo.

Peña ratificó que el Ejecutivo seguirá apostando a la inversión y la generación de empleo, pero advirtió que no permitirá prácticas que deterioren el poder adquisitivo de la población. “Vamos a poner límites cuando la búsqueda de ganancias vaya en detrimento del consumidor”, dijo.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, recordó que desde el año 2016 se encuentra vigente el formato de reajuste anual del salario mínimo, esto tras la modificación del Código Laboral Paraguayo para contemplar la inflación como principal factor de cálculo.

El siguiente incremento salarial debe darse el próximo 1 de julio, por lo que el decreto que dispone este reajuste debería ser promulgado por el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio.

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Respecto a la manera de calcular el salario mínimo, confirmó que barajan algunas alternativas para su modificación. El instrumento actual es el Índice de Precios del Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

“El reajuste del 3,3% no fue bien visto por las centrales sindicales y varios sectores”, expresó Segovia al canal GEN. En ese sentido, mencionó que los trabajadores ya plantearon algunas propuestas. En paralelo, el BCP se encuentra trabajando en una nueva herramienta para calcular el nivel de consumo.

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El viceministro admitió que el Índice de Precios del Consumidor es una herramienta “poco conveniente” porque no refleja la pérdida del poder adquisitivo. “Entendemos y compartimos la preocupación de los sectores sindicales de que hay una pérdida del trabajador asalariado, porque los elementos que hacen a su consumo, ya sea alimentación, vestimenta o traslado, han tenido un incremento mayor”.

La próxima semana podría desarrollarse una reunión entre autoridades y representantes de las centrales obreras, de modo a que, si corre la idea de modificar el Código Laboral, se pueda presentar un proyecto en el Congreso para darle un trámite de urgencia, puntualizó.

El presidente de la FEDEMIPYMES, Luis Tavella, afirmó en entrevista con GEN que las ausencias reiteradas, sobre todo los días lunes, se volvieron una constante en rubros como la industria y la construcción.

“En algunos casos tenemos ausentismo del 20% al 30%. En una microempresa eso es gravísimo, porque si te faltan dos personas, perdés la mitad del plantel”, explicó.

Tavella recordó que el 88% de las mipymes son microempresas con apenas dos a cuatro trabajadores, lo que las hace altamente vulnerables ante cualquier ausencia. “Las actividades se trancan automáticamente. No hay reemplazo posible”, señaló.

La situación también se replica en pequeñas empresas, donde la falta de personal impacta directamente en la productividad.

Ante este escenario, el sector comienza a modificar sus criterios de contratación, priorizando perfiles de mayor edad. “Se está optando por gente de 45 o 50 años, porque son más estables y responsables”, indicó.

Según explicó, gran parte de la mano de obra joven corresponde a personas en su primer empleo, generalmente entre 18 y 28 años, con poca experiencia laboral.

Sobre las causas, dijo que es el resultado del consumo de alcohol y drogas, además de un cambio en la actitud hacia el trabajo. “El problema no es la falta de empleo, es que no conseguís gente responsable”, afirmó.

Añadió que muchos trabajadores abandonan sus puestos tras pocos meses, incluso luego de haber sido capacitados por las empresas. “Formar a alguien lleva de 4 a 6 meses. Después se van por cualquier motivo. Si le llamás la atención por algo, se enoja y renuncia. El joven quiere entrar a las 7 y media, cuando su horario de ingreso es a las 7. Los sábados no quieren luego trabajar”, lamentó.

Desde el sector empresarial se intentan aplicar medidas como pagos extras por presentismo o incentivos económicos, pero no es suficiente. “Se necesita una mirada más global. Esto se está deteriorando y no hay una política clara para enfrentarlo”, solicitó.

El Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer esta siesta el calendario de pagos de este mes, que trae consigo una víspera de feriado por el Día del Trabajador, que será el viernes de la próxima semana.

El cronograma comienza con los sectores más vulnerables este jueves, día de pago a los veteranos, pensionados y beneficiarios del programa Adultos Mayores, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social.

En tal sentido, se aguarda el anuncio de la cantidad de inclusiones y la franja etaria que abarcará, tomando en cuenta que los ingresos se hacen de manera gradual, de mayor a menor. Los últimos incorporados en marzo fueron los de 69 años.

El cronograma continúa el viernes 24 de abril, con el pago a los jubilados de la deficitaria Caja Fiscal, recientemente debatida en el Congreso Nacional.

A partir del lunes 27 de abril comienzan a cobrar sus salarios los funcionarios públicos. Esa fecha será el turno de los administrativos y personal de salud.

El martes 28 pagarán a las Fuerzas Públicas, Poder Judicial y gobernaciones. El miércoles 29 , Educación y Universidades. Finalmente, el jueves 30 se dejará para los servicios personales pendientes.