En entrevista con el canal GEN, la directora de Registros Públicos, Lourdes González, dio mayores detalles de los alcances de la Ley 7424/25, cuya aplicación se activa oficialmente desde mañana.

Explicó que con la entrada en vigencia de la norma se ponen en marcha los principales objetivos del RUN, comenzando por la unificación de las mesas de entrada de Catastro y del Registro de Inmuebles, tanto en capital como en el interior del país.

“A partir de mañana, el usuario va a ingresar su documentación en un solo lugar, con una sola numeración, lo que permitirá el seguimiento completo del expediente, independientemente de si el trámite corresponde a Catastro, al Registro o a ambos”, señaló.

Uno de los cambios centrales es la implementación de la mesa de entrada única, que permitirá a los usuarios realizar el seguimiento de sus trámites a través de un solo sistema, garantizando mayor trazabilidad y transparencia en cada etapa del proceso.

Un solo certificado para operaciones inmobiliarias

La directora destacó que uno de los avances más relevantes impacta directamente en el trabajo notarial y en las operaciones inmobiliarias. Desde ahora, los escribanos ya no deberán solicitar por separado el certificado catastral y el certificado de condiciones de dominio.

“A partir de mañana, el notario va a pedir un solo documento, el Certificado Catastro Registral Inmobiliario, que contendrá en un mismo instrumento las condiciones físicas y jurídicas del inmueble”, explicó.

Este nuevo certificado integrará información sobre ubicación, superficie, linderos, superposiciones, restricciones ambientales o de seguridad, junto con los datos jurídicos como titularidad, embargos, hipotecas u otras medidas registradas.

Según González, la medida representa un ahorro significativo de tiempo, especialmente en operaciones inmobiliarias, y reduce la duplicación de trámites que regía hasta ahora.

Digitalización gradual, no inmediata

Consultada sobre si el sistema será completamente digital, la directora aclaró que la implementación será progresiva. Algunos trámites seguirán requiriendo documentación física, como el cotejo de planos georreferenciados solicitados por agrimensores o las escrituras públicas, que aún no cuentan con un formato electrónico plenamente operativo.

“Este es un paso inicial. La digitalización total es un objetivo del RUN, pero se va a dar por etapas y va a requerir una fuerte inversión tecnológica y presupuestaria”, sostuvo.

González remarcó que el inicio del RUN implica cerrar una etapa de más de 40 años de funcionamiento de la Dirección General de Registros Públicos y más de 150 años de historia registral inmobiliaria en el país, para dar paso a un nuevo modelo de gestión.

Cambios en costos y tasas

En cuanto a los costos, la titular de Registros Públicos indicó que algunos aranceles registran ajustes al alza, como las tasas porcentuales por actos jurídicos, que pasan del 0,74% al 0,85%. Sin embargo, en otros casos los costos se mantienen.

El nuevo Certificado Catastro Registral Inmobiliario tendrá un costo de 94.577 guaraníes, equivalente a la suma de los dos certificados que antes se solicitaban por separado. También se mantienen, en su mayoría, los costos vinculados al registro del automotor y a marcas y señales de ganado.

Reclamos de escribanos sobre fiscalización de tasas

González también abordó los reclamos del Colegio de Escribanos respecto a las dificultades en la fiscalización de tasas, un proceso a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Reconoció que la implementación de un plan piloto de fiscalización electrónica generó demoras que afectaron la prioridad registral de las escrituras.

“Se produjo una acumulación de retrasos, en parte por los feriados y asuetos de fin de año, y eso generó preocupación en los escribanos porque no podían dar entrada a sus documentos”, explicó.

Ante esta situación, informó que se trabajó en un plan de ajuste junto a la Dirección de Ingresos Judiciales, la auditoría interna del Poder Judicial y representantes del Colegio de Escribanos, con el objetivo de agilizar los tiempos y evitar nuevas trabas.

“Estamos convencidos de que esta dificultad inicial va a pasar a la historia. El RUN es claro en cuanto a conceptos y montos, lo que ayudará a reducir errores en el pago de tasas”, afirmó.

Gustavo Villate, ministro de Información, Inteligencia y Tecnología, habló acerca del acuerdo firmado con Taiwán para la construcción de uno de los mayores centros de IA del mundo.

“Hace dos años venimos trabajando en esto. El proyecto incluye un tratado internacional y estipula el inicio del proyecto piloto de la misma dimensión del data center de Taiwán”, explicó Villate, en un contacto radial con la 730 AM.

Existe una fase de escalabilidad que incluye un estudio de factibilidad técnica para dimensionar cuáles son las fuentes de generación nuevas que se deben implementar a la par, detalló el ministro.

Hizo énfasis en este punto al ser consultado sobre lo que pasará en el 2030, año en el que se calcula el fin de los excedentes energéticos.

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“No es que no hay energía en el 2030, sino que tenemos punta de potencia que pudiera llegar a su tope y eso es importante. Tenemos una matriz 100 % estable que viene de la hidráulica”, indicó.

También hizo un paralelismo con la criptominería, sector al que hoy destina 1 gigawhat de potencia, sin que esto implique una amenaza para abastecer la demanda local de energía.

Además, sostuvo que esa misma cantidad trasladada a la Inteligencia Artificial significa un ingreso de 50.000 millones de dólares.

“Paraguay tiene un activo estratégico que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Energía renovable, en abundancia, y la decisión de usarla para impulsar el desarrollo del país a través de la tecnología. Con esa visión trabajaremos para potenciar hospitales, ciudades, transporte e industria a través de la inteligencia artificial, para el beneficio de todos los paraguayos ”.De esta manera, Santiago Peña hizo el anuncio del acuerdo firmado con Taiwán.

El hecho de que se agoten los excedentes energéticos no significa que Paraguay se quedará sin energía, sino que ya no tendrá la abundancia que hoy posee y que deberá buscar fuentes de generación.

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El proceso de socialización del nuevo Código de Defensa del Consumidor 2026 continúa avanzando, y uno de los puntos que generó mayor interés en esta etapa de seguimiento es la regulación de los servicios públicos esenciales. A diferencia de la normativa vigente, el proyecto busca establecer parámetros de control mucho más estrictos para garantizar la calidad y la continuidad de servicios como la electricidad y el agua.

Protección ante facturaciones “sorpresa”

Uno de los cambios más esperados por la ciudadanía es la creación de mecanismos específicos para proteger a los usuarios ante facturaciones anómalas. En la práctica actual, los usuarios a menudo se ven obligados a pagar montos excesivos para evitar el corte mientras se resuelve un reclamo administrativo.

El nuevo Código propone una solución directa: en caso de una factura con montos inusuales, el consumidor tendrá el derecho de pagar un promedio de sus facturas anteriores mientras dure el proceso de resolución del reclamo. Esta medida busca aliviar la presión económica sobre el usuario y asegurar que el servicio no sea interrumpido por una deuda en disputa.

El enfoque preventivo de la reforma

La ministra de la SEDECO, Sara Irún, enfatizó que el objetivo principal es que el consumidor obtenga una reparación rápida a su problema. “Lo que busca esto es un enfoque más preventivo”, señaló al referirse a la necesidad de detectar patrones de falla en los servicios antes de que afecten a miles de personas.

Este seguimiento del proyecto también contempla la transversalidad del derecho del consumidor, posicionándose como un pilar para una economía moderna en Paraguay. El texto sigue en etapa de recepción de aportes, permitiendo que la ciudadanía y sectores interesados participen en la construcción de estas reglas hasta el 31 de mayo de 2026.

Esta mañana se realizó una protesta pacífica frente al edificio de la Caja Central del Instituto de Previsión Social, ubicado sobre la calle Constitución de Asunción.

La convocatoria estuvo encabezada por la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), cuyos integrantes decidieron expresar su respaldo al nuevo presidente del IPS, Isaías Fretes.

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En un momento dado, el titular de la previsional decidió salir junto a los manifestantes, con quienes tuvo oportunidad de conversar brevemente y, además, recibir las muestras de apoyo a su gestión.

Los jubilados destacan la intachable trayectoria y el perfil técnico de Fretes, así como también su reputación y la confianza que viene demostrando desde que asumió las riendas del ente.

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A la par, aprovecharon la manifestación para exigir la renuncia o destitución del representante de los jubilados en el Consejo de Administración del IPS, José Jara Rojas.

“No nos representa ni nunca nos representó, jamás presentó un solo proyecto a favor de los jubilados ni se bajó en las decenas de manifestaciones que tuvimos”, sostuvo uno de los voceros del grupo.