En la mañana del martes se registró un asalto a mano armada frente al local comercial denominado “JM Bebidas”, ubicado en el Km 9 Monday de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este hecho de inseguridad un trabajador de la firma, identificado como Marcial Espínola Legal, de 54 años, conductor de un camión distribuidor de bebidas.

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El reporte refiere que este empleado llegó al local para entregar algunas mercaderías y cobrar una suma de dinero por los productos cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en motocicleta.

Uno de ellos descendió del biciclo y encañonó a la víctima, exigiéndole la entrega del dinero que tenía consigo. Espínola opuso resistencia y trató de evitar el robo, por lo que recibió un culatazo de revólver en la cabeza.

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Seguidamente, este asaltante se apoderó del dinero que tenía en su bolsillo y regresó junto a su cómplice que lo aguardaba en la motocicleta, dándose ambos a una rauda fuga con rumbo desconocido.

Se estima que el monto sustraído en este atraco asciende a G. 6.000.000, consistente en la recaudación del día por el reparto de bebidas.

Horacio Fernández, intendente municipal de Itauguá, habló del siniestro que se registró en la siesta del domingo en el mercado y que consumió toda una manzana dejando pérdidas económicas millonarias.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estiman un perjuicio de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes, lo cual está generando una desesperación económica muy grande en los permisionarios.

“Haremos un trabajo de contención emocional lo más pronto posible, hay una importante desesperación económica. Ayer estuve en contacto con el titular de Itaipú, para agilizar unos préstamos”, expresó Fernández.

El dinero que otorgarán las binacionales será para asistir a los más de 430 permisionarios damnificados. También se recurrirá a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Comentó que el mercado está completamente inutilizable, y su recuperación total tomará aproximadamente unos 9 meses.

En ese tiempo, los trabajadores serán instalados de manera gradual en el club social itaugüeño.

La propuesta presentada por la diputada Dalia Estigarribia. plantea modificar varios artículos de la Ley N° 3441/08 “De Sangre” para avanzar hacia un sistema basado en la donación altruista y preventiva, dejando atrás el modelo de reposición que suele activarse en situaciones de urgencia médica.

Entre los principales beneficios contemplados figura una licencia laboral de hasta un día con goce de sueldo al año para quienes donen sangre, además del acceso gratuito a los resultados de los análisis realizados durante el procedimiento.

Asimismo, el proyecto prevé mecanismos de reciprocidad para donantes frecuentes y sus familiares de primer grado, quienes podrán acceder a reposición de sangre sin costo, sujeto a disponibilidad.

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La iniciativa también incorpora la creación de un Registro Nacional de Donantes de Sangre, que funcionará como sistema unificado de información dentro de la Red Nacional de Sangre.

Según la exposición de motivos, la intención es que el Estado impulse una cultura de donación regular y voluntaria, evitando que las familias deban buscar donantes de manera desesperada ante accidentes, cirugías u otras emergencias médicas.

El director Jurídico de la comuna capitalina, Jorge Sabaté, explicó en entrevista con Universo 970 que el procedimiento forma parte de los mecanismos administrativos previstos en la normativa vigente y aseguró que la evaluación definitiva corresponde a la Contraloría.

“El balance es un retrato financiero del municipio. Entonces, la Junta no tuvo el tiempo para determinar eso. Eso lo hará la Contraloría”, expresó.

Sabaté también aclaró que el balance acompañado del informe de auditoría debe remitirse a la Contraloría y no directamente a la Junta Municipal, punto que fue cuestionado por algunos concejales durante el tratamiento del documento.

Según sostuvo, las objeciones planteadas por ediles son “genéricas” y no contienen datos específicos ni observaciones concretas sobre la ejecución presupuestaria o financiera.

El director jurídico indicó igualmente que la decisión de la Junta no genera efectos inmediatos sobre el funcionamiento administrativo de la comuna, recordando que existen balances pendientes de aprobación incluso desde el año 2014.

Asimismo, explicó que la Intendencia cuenta con un plazo de 30 días para analizar las objeciones realizadas y determinar si corresponde responderlas o ratificar el balance presentado.

Finalmente, Sabate afirmó que “todas las acciones del intendente fueron pendientes a normalizar la situación”, en referencia al contexto financiero que atraviesa actualmente la Municipalidad de Asunción. Al respecto, sostuvo que el rechazo tiende a contar con influencias políticas, ya que uno de los que recientemente estuvo operando por el resultado fue el diputado Mauricio Espínola.