La aclaración surge en respuesta a las propuestas de sectores de docentes, policías y militares, que plantean cubrir el desequilibrio del sistema mediante un incremento de tributos.

Así lo afirmó el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, exministros de Hacienda, economistas y representantes de gremios de la producción.

Durante la reunión, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, integrante del equipo técnico que acompañó al viceministro González Soley, presentó un análisis de la situación de la Caja Fiscal, sus proyecciones financieras y las medidas contempladas en el proyecto de ley. En ese contexto, reiteró que la suba de impuestos no puede considerarse una opción de reforma sostenible.

“Hicimos una estimación basada en las propuestas de estos sectores, que plantean elevar impuestos como el IRP y el IVA. En el caso del IRP —solo a modo ilustrativo y sin que constituya una propuesta del MEF—, se requeriría aumentar la tasa del 10% al 48% en 2025. De acuerdo con la dinámica demográfica de la Caja Fiscal, esto implicaría incrementos sucesivos cada año, alcanzando el 86% en 2028”, explicó.

Respecto al IVA, indicó que existe una propuesta para elevar la tasa del 10% al 14%, pero aclaró que aún con ese incremento los recursos seguirían siendo insuficientes. “Un aumento del IVA al 14% permitiría recaudar más de USD 1.144 millones anuales, lo que alcanzaría solo para cubrir el déficit estimado de la Caja Fiscal en 2026 y 2027, y apenas una parte del correspondiente a 2028”, detalló.

Durante su exposición, Coronel identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación como el principal factor del desequilibrio del sistema, que actualmente ya se financia con impuestos generales, beneficiando principalmente a los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Fuerzas Militares y Policías.

“El 100% del déficit de la Caja Fiscal en 2028 deberá ser cubierto con impuestos generales. Esto representará aproximadamente USD 683 millones, según las estimaciones actuariales, un monto muy cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.

Agregó que con esos USD 683 millones podrían financiar la construcción de 10 hospitales de alta complejidad, la pensión para el 86% de la población adulta mayor, la refacción de 350 centros educativos, la pavimentación de más de 3.200 kilómetros de rutas asfaltadas y la ejecución de 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.

En cuanto a las reformas propuestas, explicó que el proyecto plantea una regla de acceso gradual a la jubilación a partir de los 57 años para los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Policías y Militares, con tablas de sustitución que premian una mayor permanencia en actividad y mayores aportes.

De acuerdo al relato de la afectada, la detención se dio pasado 14 de agosto, cuando Graciela Núñez, quien es abogada, se encontraba trabajando en su estudio. Al salir a la vereda para buscar un objeto en la camioneta, una patrullera se aproximó al lugar. Tras confirmar su identidad, los agentes le informaron que quedaba detenida debido a que pesaba sobre ella una orden de captura, de la cual no había sido notificada previamente.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales leyeron el informe de la orden de detención, aunque en ese instante no pudieron precisar la carátula ni los motivos exactos de la medida, ya que ellos mismos manifestaron desconocer los detalles del caso.

Una vez trasladada a la sede de investigaciones, las autoridades le explicaron que la orden de captura y su imputación correspondían a una causa por violencia familiar. Fue en ese momento que Núñez se enteró de que su expareja la había denunciado el pasado 8 de agosto, apenas seis o siete días antes de que se ejecutara su detención.

Ante este escenario, Núñez cuestionó con indignación la disparidad y la celeridad selectiva con la que se manejó su caso. Según relató, ella ya había presentado una denuncia previa contra su expareja el 18 de junio de 2026. En ese momento aportó pruebas que incluían capturas de pantalla y videos donde supuestamente se la observa como víctima de agresión por parte de este hombre.

A pesar de la gravedad de las pruebas presentadas en junio y del tiempo transcurrido, la exmodelo lamentó que, a la fecha, su expareja no haya sido citada por la justicia ni haya tenido que pasar por una situación similar a la que ella enfrenta actualmente, evidenciando un trato desigual en el proceso judicial de ambas denuncias.

El procedimiento se activó alrededor de las 03:40 a través de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), centro desde el cual se coordinó la respuesta en tiempo real mediante comunicación por frecuencia radial.

Al llegar a la vivienda, las fuerzas de seguridad verificaron la falla operativa provocada en el equipo técnico y trasladaron al sujeto para prevenir un posible riesgo de fuga. Posteriormente, especialistas del área técnica evaluaron el aparato, confirmaron que sufrió una manipulación voluntaria y redactaron el acta correspondiente para su elevación al ámbito judicial.

El hecho representa un ejemplo de la efectividad del programa de supervisión electrónica implementado en Paraguay desde diciembre de 2024 como parte de la modernización del sistema penal liderada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Este mecanismo tecnológico, monitoreado de forma permanente desde la sede del 911, permite rastrear perímetros de movimiento y emitir alertas inmediatas ante aperturas no autorizadas o vulneraciones de zonas restringidas.

La tecnología desplegada en el país contempla dos escenarios principales de aplicación: el control del cumplimiento de la prisión domiciliaria dentro de un espacio delimitado y el seguimiento estricto de órdenes de alejamiento en casos de violencia intrafamiliar.

Para esta última modalidad, la víctima cuenta con un dispositivo móvil provisto por la Policía Nacional que alerta de manera automática al centro de control cuando el agresor portador del brazalete quebranta el límite de distancia establecido.

Las actividades comenzaron formalmente en el Palacio de Gobierno con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio y la entonación del Himno Nacional. La ceremonia institucional estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana e integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo.

Tras el acto inicial, las autoridades se trasladaron a la Costanera para presenciar el paso de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La marcha incluyó a 3.000 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, sumados a 700 agentes policiales.

Esta edición presentó además una novedad histórica: la participación por primera vez de ciudadanos que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio dentro del Comando Logístico.

Las festividades integraron un marcado componente espiritual y de arraigo cultural en honor a Nuestra Señora de la Asunción, Santa Patrona y Mariscala de las Fuerzas Armadas. Como antesala a la jornada central, el viernes se inauguró y bendijo una imagen representativa de la Santa Patrona en la Costanera Norte.

Fundada en 1537 y reconocida históricamente como la “Madre de Ciudades”, la capital paraguaya reafirmó su rol central en la construcción política, social y cultural del país. Esta conmemoración adquiere un valor estratégico particular para la ciudad, que ya comienza a proyectar su agenda de desarrollo con miras a la celebración de su quinto centenario en el año 2037.