La directora de Promoción a la Mujer del Ministerio de Trabajo, Patricia Luchin, señaló en entrevista con canal GEN que existen indicios de discriminación laboral y que el hecho reviste especial gravedad por tratarse de una mujer gestante en período de prueba y sin inscripción al seguro social.

“Estamos ante un caso de violencia laboral muy grave, con agresiones verbales y físicas hacia una trabajadora embarazada que tenía 11 días de trabajo, contrato verbal y no estaba inscripta en la seguridad social”, explicó.

Según Luchin, la trabajadora acudió al Ministerio de Trabajo el 20 de enero para asesorarse sobre cómo comunicar su estado de embarazo a la empresa y consultar si podían modificarle su carga horaria.

Posteriormente, el 23 de enero, regresó a la institución para presentar formalmente la denuncia, tras producirse los hechos de violencia.

La funcionaria detalló que la empleada y la patronal habían acordado inicialmente una carga horaria verbal, pero que al momento de intentar formalizar el contrato se le quiso imponer un horario distinto, situación que detonó el conflicto.

“Cuando la trabajadora notifica su embarazo, se alteran las condiciones laborales. Eso es un indicador claro de discriminación, porque lo acordado verbalmente es plenamente válido y no puede ser modificado de manera unilateral”, subrayó.

El Ministerio de Trabajo actúa actualmente en dos frentes paralelos. El primero es el acompañamiento administrativo a la trabajadora, que incluye la convocatoria a la patronal para el pago de la liquidación correspondiente, prevista para esta semana.

El segundo es el proceso inspectivo a la empresa, a cargo de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y de Asesoría Jurídica, para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y atención de violencia laboral.

Luchin aclaró que, aunque la ley otorga estabilidad laboral a la mujer embarazada, la denunciante no optó por la reposición, debido a que las condiciones no están dadas para continuar el vínculo, especialmente porque la agresión habría provenido del propietario de la empresa.

“Además de este caso puntual, nos preocupa identificar si existen otros trabajadores afectados por situaciones similares dentro del plantel”, sostuvo.

De comprobarse irregularidades, la empresa podría enfrentar sumario administrativo y multas, conforme al Código Laboral.

La directora recordó que, más allá del ámbito administrativo, la trabajadora puede impulsar acciones penales por la agresión física, así como demandas civiles o laborales por daños y eventuales indemnizaciones adicionales.

En otro momento, Luchin remarcó que rechazar una contratación, modificar condiciones o negar un contrato permanente por embarazo constituye discriminación.

“Se contrata a una persona por sus habilidades profesionales. Su estado de embarazo o responsabilidades familiares no pueden incidir en la contratación, en el horario, ni en los beneficios”, afirmó.

Asimismo, recordó que la ley establece que la trabajadora debe comunicar su embarazo tan pronto tenga conocimiento, y que la patronal tiene la obligación de inscribirla al IPS desde el primer día de trabajo, independientemente de que esté en período de prueba.

El caso salió a la luz tras la circulación de un video en redes sociales que muestra a la mujer siendo agredida cuando intentaba grabar la situación luego de negarse a firmar un contrato bajo nuevas condiciones.

Eliseo Gabriel Gaona Duarte, de 27 años de edad, médico anestesiólogo que había sido incorporado recientemente al plantel del Hospital de Saltos del Guairá falleció este viernes en horas de la noche cuando cumplía su guardia.

Fue hallado sin signos vitales en el sanitario del área de quirófano, por la Lic. Sandra María Dos Santos Carvallo, quien al finalizar un procedimiento quirúrgico, se dirigió a esa zona y lo encontró.

Según el reportes, a un costado del cuerpo del joven profesional, fue hallada una jeringa con aguja y tapa colocada.

Se diagnostico como como probable causa de muerte intoxicación aguda con fármacos.

El joven era oriundo de la ciudad de Villa Elisa y realizaba su residencia médica en ese centro asistencial.

El presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo, comentó la situación por la que atravesó la UMAX para no llegar a la acreditación de su carrera de Medicina.

Durante una entrevista en la radio 1080 AM, explicó que la decisión de no acreditar a la carrera ya la tomó el consejo de la ANEAES el año pasado tras detectarse una serie de falencias en la universidad.

Duarte aclaró que, tras la primera decisión de no acreditación, se le otorgó un plan de mejora en un determinado tiempo, el cual la universidad cumplió en algunas áreas, pero quedaron pendientes otros aspectos que debían ser ajustados, por lo que se le otorgó un periodo de postergación.

Esta instancia también tenía un plazo de tiempo que se cumplió sin completar las observaciones que se había hecho a la UMAX.

El titular de ANEAES mencionó que la universidad ahora puede presentar un recurso de reconsideración o solicitar un nuevo proceso de evaluación, pero debe esperar un año para este último.

Destacó el hecho de que UMAX siga adelante con este proceso, siendo una universidad caracterizada por cumplir con las formalidades de la ANEAES, además de contar con la acreditación regional ARCU-SURpara su carrera de Medicina.

En esta edición de las Becas de Gobierno, son beneficiarios 7.594 jóvenes de todo el país quienes llegaron hasta la sede de la SND en Asunción acompañados de sus padres y familiares.

El presidente de la República, Santiago Peña, presidió el acto de entrega y lo hizo personalmente a varios de los seleccionados con mejor puntaje.

El acto se convirtió en una gran fiesta con la presencia del grupo Tierra Adentro donde los miles de jóvenes y presentes, bailaron y cantaron. El presidente Peña no quedó atrás y se incorporó con los jóvenes para saltar y corear las canciones.

La beca permitirá a la juventud paraguaya cursar estudios universitarios, técnicos y de formación docente.

El certificado de adjudicación de becas constituye un paso previo a la firma del Acuerdo de Compromiso, que formaliza el acceso al programa.

El programa educativo registra un aumento en la cantidad de beneficiarios, superando los 5.000 cupos inicialmente previstos, además de las plazas destinadas a personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

En la Convocatoria 2026 estuvieron habilitados para rendir el examen más de 17.000 postulantes, lo que refleja el interés de la juventud por esta propuesta liderada por el Gobierno del Paraguay.