Según el registro de cámaras, a las 02:06 se observa a cuatro hombres merodeando frente a la vivienda de la víctima. Posteriormente, uno de ellos trepa la muralla e ingresa al predio.

Minutos después, a las 02:31, ocurre el intenso intercambio de disparos. En las imágenes se nota cómo los sospechosos huyen corriendo de manera despavorida, pero uno de ellos cae frente al portón tras ser herido gravemente. Los demás pasan encima y lo abandonan tirado.

De acuerdo con datos policiales y fiscales, los cuatro delincuentes lograron ingresar hasta frente al dormitorio donde se encontraba Mario Roberto Gómez, momento en que se produjo el tiroteo.

Tanto el propietario como el delincuente abatido habrían recibido entre cuatro y cinco impactos de bala cada uno.

El fiscal interviniente indicó que el delincuente recibió varios impactos de bala y falleció en la entrada de la casa. Gómez murió cerca de la puerta de su habitación, mientras que Ruiz Díaz cayó abatido en el acceso a la vivienda.

La Policía confirmó que Mario Roberto Gómez Zayas era contador y además se dedicaba al otorgamiento de préstamos.

El presunto asaltante fallecido fue identificado como Emerson Giovanni Ruiz Díaz (20), domiciliado en el barrio Roberto L. Pettit.

Según la Policía Nacional, contaba con antecedentes por homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso y exposición al peligro, además de una orden de captura pendiente por un caso de homicidio ocurrido el 23 de diciembre de 2025.

El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.

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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.

En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.

Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.

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Esta mañana se llevó a cabo una manifestación pacífica a la altura del Km 331 de la Ruta PY03, en el cruce Ybyrarobaná, encabezada por integrantes de la comunidad indígena Tekoha Y’apo y habitantes de Corpus Christi.

La medida de fuerza, que incluyó cierres de ruta de forma intermitente, se dio con el propósito de exigir justicia para el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa, quienes fueron abatidos durante la Operación “Redención”, impulsada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

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Los manifestantes exigen el esclarecimiento de este polémico suceso, que dejó dos personas fallecidas y sendos cuestionamientos, principalmente por las dudas que generó la manera en que fue ejecutado el operativo.

Desde la SENAD salieron al paso de la polémica suscitada por el procedimiento en Canindeyú, asegurando que tanto Carrillo como Correa habrían formado parte de la estructura criminal liderada por Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”.

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Bruno Correa, padre de Catalino Correa, cuestionó esta versión y negó que su hijo esté involucrado en actividades ilícitas, señalando que el mismo desde hace años trabajaba como activista social en favor de los pueblos indígenas.

Al momento de ser abatido, Correa iba en busca de más regalos para un festejo del Día del Niño organizado para nativos de la zona, según mencionó el hombre en una entrevista difundida por el canal GEN.

Según la Ley Orgánica Municipal de la ciudad, las calles, avenidas, aceras y plazas constituyen bienes de dominio público destinados al uso común. En ese sentido, las firmas privadas de servicios, en particular las proveedoras de telefonía e internet que despliegan tendidos de cables o instalan infraestructura urbana, quedan obligadas a abonar la tasa fijada por el municipio para la explotación de dichos espacios.

La postura comunal fue sostenida y confirmada por la Justicia, durante un proceso legal que había sido promovido por una compañía de telefonía que se oponía a esa ordenanza.

La justicia impuso las costas procesales a la empresa apelante y dejó sin margen de discusión la competencia del municipio para exigir el cumplimiento tributario a las prestatarias de servicios.

A partir de este fallo, la Municipalidad de Encarnación avanza no solo en la regularización del cobro de las tasas correspondientes, sino también en el ordenamiento del entorno urbano.

La administración comunal requerirá a las empresas del sector el retiro del cableado en desuso, con el objetivo de erradicar la polución visual y neutralizar los riesgos de seguridad que estas instalaciones generan en la ciudad.