De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, los hechos habrían sido ejecutados mediante un esquema que involucró el acceso indebido a los sistemas informáticos y a las cuentas bancarias institucionales, con el fin de simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales, cuando en realidad los fondos habrían sido redirigidos a cuentas particulares de funcionarios del ente y de terceros.

La imputación alcanza al entonces gerente administrativo financiero de la institución, Osmar Cañete Roa, sindicado como presunto autor de los hechos de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos; al jefe del Departamento de Tesorería, Roque Damián Valdez Centurión, como presunto cómplice del hecho de lesión de confianza; y a un funcionario del área de informática, como presunto autor de alteración de datos relevantes en los sistemas contables.

La maniobra habría sido detectada a inicios de enero de 2026, cuando se identificaron registros contables que consignaban facturas municipales por montos significativamente superiores a los habituales, lo que motivó verificaciones internas.

Posteriormente, se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando evidencias en las pistas de auditoría del sistema, así como la presentación de documentos que no coincidían en montos, numeración ni cantidad con los inicialmente registrados.

Ante estas irregularidades, la máxima autoridad del ente dispuso una auditoría interna, que permitió detectar transferencias bancarias realizadas entre los años 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, por un monto superior a G. 1.100 millones.

La imputación fue presentada por un equipo dispuesto por el fiscal general del Estado, integrado por las agentes fiscales Belinda Bobadilla y Laura Giacummo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y se solicitó la aplicación de medidas cautelares, en atención a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos de sospecha reunidos hasta el momento.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de desvío de fondos públicos.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, primera autoridad de la región en confirmar públicamente la captura de Sebastián Marset, habló esta mañana en conferencia de prensa acerca del narcotraficante uruguayo buscado por varios países y finalmente arrestado en Santa Cruz, Bolivia.

“Tenía la capacidad de estar en cualquier país, es una persona prófuga de la justicia y que lógicamente es de interés del Gobierno norteamericano y estamos interesados en eso y en la información que él pueda proporcionar”, expresó Rachid.

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El operativo como tal fue ejecutado exclusivamente por autoridades bolivianas, detalló Rachid, pero aclaró que desconoce si hubo intercambio de información con otras entidades.

Se espera que Bolivia remita a Paraguay el informe oficial de la detención, sin embargo, dentro de ese eslabón, nuestro país está en el último rango y dicha diligencia es lo de menos en este momento.

Marset es blanco de la mayor investigación contra el narcotráfico que se denomina A Ultranza Py. Se vinculó a su red con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra incautación de4,7 toneladas en Paraguay.

El ministro del Interior, Enrique Riera, volvió a mencionar esta mañana la existencia de la presunción de que Marset estaría vinculado al asesinato de Marcelo Pecci.

En las últimas horas trascendió el reporte de inteligencia elaborado por el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, el cual menciona la posibilidad de que se produzca un importante robo agravado en la región.

Los datos hablan de un posible megaasalto a la bóveda de la casa de cambios Yrendague, ubicada sobre la avenida Itaipú Oeste del Km 4 de Ciudad del Este.

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Según se presume, un grupo criminal integrado por al menos 30 delincuentes, entre paraguayos y brasileños, estaría planeando ingresar al depósito de valores de la mencionada entidad financiera.

Entre las acciones detectadas por inteligencia se incluyen seguimientos al movimiento del personal de la casa de cambios, evaluaciones de la estructura del edificio y la identificación de rutas de acceso y escape.

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No se descarta una posible filtración de información desde el interior de la firma, lo que habría permitido a los asaltantes acceder a datos sensibles, menciona el informe de inteligencia policial.

Se teme que, para este atraco, utilicen un modus operandi similar al del golpe ocurrido en el año 2017 contra la empresa Prosegur, ocasión en que los autores se llevaron un millonario botín de la bóveda.

“Esta es la información que manejamos”, respondió Enrique Riera, ministro del Interior, consultado si el narcotraficante será extraditado a los Estados Unidos.

De hecho, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal que imputa a Marset por cargos de lavado de dinero, derivado del movimiento de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

No obstante, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó a Cardinal que Paraguay también enviará los documentos con la petición de extradición, aunque admitió que lo más probable es que sea enviado a los Estados Unidos.

En nuestro país, Marset es blanco de la mayor investigación contra el narcotráfico que se denomina A Ultranza Py. Se vinculó a su red con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra incautación de 4,7 toneladas en Paraguay.

El Departamento de Estado de los EE.UU. ofrecía una recompensa de hasta USD 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Marset