El superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, confirmó que ya se activó el proceso administrativo para iniciar la intervención. “Hoy nos reunimos con el equipo técnico médico-legal. En este momento estamos elaborando la resolución. En este caso haremos una auditoría para que entre un equipo médico técnico a analizar desde que inició el paciente al IPS”, señaló.

La auditoría tendrá como objetivo revisar de manera integral todo el proceso de atención brindado al paciente, desde su ingreso a la previsional, los estudios realizados, las indicaciones médicas, los tiempos de respuesta y las condiciones en las que debía efectuarse el procedimiento cardiológico.

Melgarejo explicó que la ley faculta a la Superintendencia de Salud a ordenar auditorías de oficio cuando existen denuncias o situaciones que generan preocupación, especialmente si podrían comprometer la seguridad del paciente.

Braulio Vázquez falleció luego de sufrir un infarto y permanecer internado varios días en el Hospital Central del IPS, a la espera de un cateterismo que, según denuncias de familiares y compañeros de trabajo, no se realizó a tiempo debido a fallas técnicas en equipos médicos. Posteriormente, la propia previsional reconoció inconvenientes en uno de los equipos.

El trabajador sufrió un infarto el último lunes 26 de enero y debía someterse a un cateterismo de urgencia en el centro asistencial, donde había ingresado de manera estable.

Tras su hospitalización, la familia fue informada de que debía comprar los insumos por más de G. 11.000.000.

Pese a que la cirugía debía realizarse en un plazo de 24 horas como máximo, a Braulio lo hicieron esperar durante tres días en ayunas para el procedimiento, que se realizó muy tarde y el paciente no aguantó.

Ante el caso, familiares y allegados solicitaron la intervención del Ministerio Público para investigar una presunta negligencia médica.

Frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Independencia Nacional esquina Manuel Domínguez), se reunirán los integrantes de la CTCU, donde intentarán conversar con el ministro. Posteriormente se dirigirán a la sede del Indert (Tacuary), luego al Ministerio de Agricultura (Yegros) y, por último, al Ministerio de Educación y Ciencias (15 de Agosto) . En cada institución dejarán sus reclamos.

El gremio campesino convoca a dos jornadas de protestas previstas para hoy y mañana, miércoles, a fin de presentar las siguientes reivindicaciones:

Respuesta inmediata del Estado ante el abandono del campo

Socialización de los beneficios de los proyectos productivos

No a la politización de la asistencia social

Transparencia y criterios justos para el acceso a programas y apoyos

“Nos vamos a ir a hablar con ellos porque no cumplen los compromisos asumidos, son puras promesas”, comentó Fabio Aguirre, secretario de la CTUC, entrevistado por la 650 AM.

Los organizadores estiman la participación de 500 a 600 personas, con representantes de Caazapá, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Itapúa, San Pedro y otros departamentos.

Aseguró que no cuentan con el financiamiento de ningún grupo político y que estuvieron trabajando durante los últimos seis meses para cubrir los costos por sus propios medios. Entre las actividades hechas mencionó: venta de huevos de gallinas, sorteos, bingos, polladas y otros eventos.

Agentes del Departamento de Investigaciones arrestaron a Alcides Ramírez González (43), guardiacárcel de Pedro Juan Caballero, tras realizar un seguimiento a sus pasos y recibir la información de que llevaba “mercadería” para introducirla a su lugar de trabajo.

En su poder incautaron dos kilos y medio de marihuana transportados en su automóvil Volkswagen Golf, de color negro.

Ramírez está procesado por liberación de presos, asociación criminal y frustración a la persecución y ejecución penal. Pese a esto, continuaba como guardiacárcel.

El director de Asuntos Penitenciarios, Rubén Peña, informó que este funcionario tiene 11 años de antigüedad y que, lastimosamente, no tiene potestad de echarlo mientras no se demuestre su culpabilidad.

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“Hemos querido deshacernos de muchas personas que tienen antecedentes así, pero no es fácil, lo que tengo en mis atribuciones es el traslado de personal a un radio de 30 km que eso es lo que permite la ley sin que se considere desarraigo”, comentó Peña, en un contacto radial con la 650 AM.

El guardiacárcel quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá decidir qué medidas solicitar al Juzgado para el ya procesado.

El comisario general Marcelino Espinoza, director de Investigación Criminal, confirmó la detención de Cristian David Flecha (47) y Pablo Andrés Morínigo (31) en Barcequillo, San Lorenzo.

Además de haber participado del asalto al depósito de Gical de la DNIT en Mariano Roque Alonso la semana pasada, tienen un largo historial de hechos delictivos recientes.

También tendrían responsabilidad en el asalto al edificio Fortaleza, de donde sustrajeron dinero en efectivo.

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En poder de los detenidos encontraron una camioneta tipo furgón y una camioneta Toyota Noah, denunciadas como robadas el 24 de junio último. Ambos rodados habrían sido utilizados en el atraco al depósito de la DNIT.

“Su función es justamente robar los vehículos y dar a los criminales, pero también participan de los atracos”, comentó el comisario Espinoza en una entrevista con el canal Gen.

Además, por sus amplios conocimientos sobre las rutas del país, contribuían con los itinerarios y atajos para escapar después de los asaltos a las transportadoras de caudales.