Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos del IPS, explicó en entrevista con canal GEN que el contrato original contemplaba la creación de dos cuentas específicas. Una para enfermedad y maternidad, y otra para el pago de certificados de obra, ambas con una tasa de interés del 39% fijada conforme a parámetros del Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, el banco habilitó extracontractualmente dos cuentas adicionales. “Una de ellas genera intereses y el banco comunica regularmente ese movimiento. Pero la tercera cuenta, que es de retención caucional, no genera ningún interés desde 2018”, detalló.

Según Gómez, la auditoría externa contratada por el IPS detectó como irregularidad que la cuenta de retención caucional no haya generado intereses, pese a que el contrato establece expresamente que las cuentas habilitadas deben producir el 39% correspondiente. “La pregunta es por qué esa tercera cuenta no sigue la misma suerte que las otras y no genera intereses”, sostuvo.

El monto acumulado desde 2018, conforme a cálculos estimativos de los auditores, supera los G. 800 millones.

Además, la funcionaria señaló que no se encontró constancia documental que respalde la creación de esa cuenta adicional ni resolución del Consejo de Administración del IPS que autorice dicha habilitación.

Todos los informes de auditoría externa e interna fueron remitidos a la Fiscalía que investiga el fideicomiso. “El Ministerio Público hará sus diligencias; no obstante, el IPS sigue enviando las notas al banco a que haga la devolución de esos intereses”, afirmó Gómez.

La jefa jurídica indicó que el expediente es voluminoso, ya que el caso del fideicomiso incluye otras aristas, como denuncias sobre presuntas obras pagadas por montos superiores a lo efectivamente ejecutado. “Es un trabajo muy grande que también lleva tiempo para el Ministerio Público”, explicó.

Hasta el momento, no se solicitó intervención del Banco Central, ya que el IPS aguarda el resultado de la investigación penal. “Para nosotros es vital que los hallazgos de la auditoría sean evaluados por el Ministerio Público. Una vez que tengamos esa resolución, analizaremos otros mecanismos”, señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador del Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, firmaron el acuerdo que permitirá el desarrollo de tecnologías satelitales en nuestro país.

Se trata de un aporte no reembolsable de más de 24 millones de dólares, el cual será utilizado para ámbitos vinculados la innovación y el desarrollo científico.

Según el canciller nacional, permitirá dotar a la Agencia Espacial del Paraguay de infraestructura esencial para actividades vinculadas a la observación terrestre, el ensayo de pequeños satélites y el procesamiento de datos satelitales.

Agregó que, la instalación de laboratorios en el campus de la Universidad Nacional de Asunción fortalecerá la articulación entre el sector público, la academia y la comunidad científica, contribuyendo a la formación de profesionales altamente calificados en áreas estratégicas para nuestro país.

El proyecto contempla la construcción del Centro de Utilización de Tecnologías Espaciales y la provisión de equipamientos especializados para el Space Lab.

Entre ellos se destacan un equipo de ensayo de vibraciones para nanosatélites, una cámara de termo-vacío, una cámara anecoica y una antena de banda S y X, entre otros.

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos, durante su carrera militar, el oficial se distinguió por su firme compromiso con la disciplina, la ética, la legalidad y la transparencia institucional, cualidades que lo convirtieron en un referente para sus camaradas y subalternos.

Cabe recordar que, el teniente coronel Guillermo Moral falleció el 2 de octubre de 2025 mientras cumplía funciones vinculadas a su carrera militar, hecho que representó una significativa pérdida para la institución castrense y para la sociedad paraguaya, según se recordó.

Los proyectistas argumentan que la concesión de este ascenso póstumo constituye un acto de justicia y gratitud del Estado hacia quien dedicó su vida al servicio del uniforme.

Asimismo, indicaron que la iniciativa busca brindar un reconocimiento moral a sus familiares y contribuir a preservar la memoria de un servidor leal a la Nación, cuya entrega y compromiso marcaron su carrera militar.

Tras la sanción, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para la promulgación.

El Ministerio Público imputó a Luis Alberto Meza González por feminicidio y homicidio doloso en grado de tentativa, luego de acabar con la vida de su madre de 70 años y herir gravemente a otra mujer.

Según el fiscal Rodrigo Giandinotto, la causa está abierta en contra de Meza, pero no podrá ir a prisión debido a que aparentemente padece de alguna condición psiquiátrica.

“El proceso penal para personas con una condición psiquiátrica es distinta, la medida cautelar no puede ser en un centro penitenciario. El juicio oral se realizará pero la condena se dará de forma distinta, de acuerdo a la pericia psiquiátrica”, expresó al canal GEN/Nación Media.

Desde su lugar de reclusión, el hombre había confesado el crimen de su madre de manera extraoficial a un medio local, y sostuvo no pudo controlarse debido a que llevaba días sin consumir sus medicamentos.

La investigación señala como víctimas a Felipa González Flores, madre del imputado, quien falleció a consecuencia del ataque, y a Emiliana Benítez, quien logró escapar del presunto agresor.