Alcohol, maltratos y otras irregularidades: escándalo en guardería de Luque
El Ministerio Público investiga una denuncia por presuntos maltratos a niños en una guardería ubicada en la ciudad de Luque.
La agente fiscal Laura Ramírez confirmó en entrevista con el canal GEN que ya formuló imputación contra la propietaria del local y una de las cuidadoras por el hecho punible de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, previsto en el artículo 134 del Código Penal.
La denuncia fue presentada hace dos días por dos extrabajadoras del lugar, quienes declararon ante la Fiscalía al día siguiente. Según la fiscal, tras acceder a sus testimonios advirtió la gravedad de los hechos relatados, por lo que decidió constituirse de inmediato en el sitio junto con la defensora de la Niñez de turno, Aracely González, y efectivos de la Policía Nacional.
“Ellas mencionan que estos hechos vienen ocurriendo desde el 2022. Una vez que escuché su declaración, me percaté de que eran hechos muy graves”, señaló Ramírez.
Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a dos jóvenes de 17 y 18 años al cuidado de cinco niños de entre 0 y 3 años. La fiscal calificó la situación como “totalmente irregular”, teniendo en cuenta la edad de las cuidadoras y la falta de condiciones adecuadas para la atención de bebés.
Según la investigación preliminar, la guardería funcionaba en condiciones “hiperprecarias”. Si bien había un aire acondicionado instalado, no estaba en funcionamiento en el sector donde se encontraban los niños. Además, se constató la presencia de pañales sucios tirados en el lugar y condiciones de insalubridad.
Ramírez indicó que cuando solicitaron a las encargadas que salieran a dialogar con la comitiva, estas se encerraron con llave junto a los niños, lo que generó mayor preocupación. Debido a que no contaban con orden de allanamiento, aguardaron la intervención de la defensora de la Niñez, quien puede ingresar sin orden judicial cuando existe sospecha de que un menor está en peligro.
Una vez dentro, verificaron que los niños no presentaban lesiones visibles en ese momento, por lo que posteriormente fueron entregados a sus padres. Sin embargo, la fiscal remarcó que el lugar “no se encontraba en condiciones para operar”.
La denuncia también refiere que supuestamente se proporcionaba comida en mal estado o no apta para la edad de los niños, que eran golpeados, mantenidos encerrados y obligados a dormir en el piso. Asimismo, existen fuertes indicios de que dentro del establecimiento se consumían bebidas alcohólicas, aunque la fiscal aclaró que este punto aún está en etapa de verificación.
La propietaria del local y una de las cuidadoras sobre quien recaen sospechas de consumo de alcohol, fueron imputadas y quedaron a disposición del juzgado, que deberá resolver si dicta prisión preventiva, arresto domiciliario u otras medidas alternativas.
El Ministerio Público también libró oficios al Ministerio de Educación, la Municipalidad y el Ministerio de la Niñez para determinar si la guardería contaba con habilitación y cumplía con los requisitos legales.
De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar funcionaría desde hace varios años, aunque los hechos denunciados abarcarían el periodo desde 2022.
Padres de los niños afectados ya se encuentran prestando declaración ante la Fiscalía. Entre los casos mencionados figura el de un niño con síndrome de Down y otro con trastorno del espectro autista, cuyos familiares ya habían retirado a los menores del establecimiento por sospechas previas.
Otro aspecto llamativo es que no existiría un monto fijo de cuota mensual, ya que, según relataron algunos padres, el cobro variaba “de acuerdo a la cara del cliente”. Tampoco habría sistema de cámaras de seguridad permanente; una cámara observada en el sitio se había instalado hace cuestión de unos días.
Policía confirma traslado de Dalia López a una penitenciaría
Desde la Policía Nacional confirmaron que, de momento, se mantiene en pie el traslado de la empresaria Dalia López a una penitenciaría. Un juez había decretado como su próximo lugar de reclusión el COMPLE de Emboscada.
El Crio. Hugo Díaz, jefe de la Dirección de la Policía Científica y Técnica, manifestó a los medios que en el transcurso de este lunes se estaría concretando la remisión de Dalia López a un centro penitenciario.
“Por medidas de seguridad, estaríamos viendo el horario que sería conveniente realizar dicho traslado, siempre y cuando no exista una resolución judicial contraria a la misma”, refirió.
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La coordinación para llevar a cabo esta movida se realizará con el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Centros Penitenciarios, manifestó.
Cabe recordar que el juez Raúl Florentín había decretado la prisión preventiva de Dalia López en el Departamento Judicial Femenino. Una vez cumplido el plazo de 10 días (que vence este lunes), se debe producir su traslado al Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE) de Emboscada.
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Hace unos días, los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino habían asumido la defensa de la empresaria, en un aparente intento de que la misma sea beneficiada con el arresto domiciliario o, en su defecto, que permanezca en su “celda VIP”.
En ese afán, su defensa había presentado un pedido formal para que ella continúe recluida durante 30 días adicionales en el Departamento Judicial Femenino, mientras tanto completa sus evaluaciones clínicas pendientes.
Hallan cadáver de un albañil cubierto con cal dentro de una pared
Un paraguayo que trabajaba como albañil en Argentina fue encontrado muerto dentro de una obra. El o los asesinos ocultaron el cuerpo dentro de una pared recientemente construida.
El macabro hecho sucedió en la provincia Entre Ríos, en la ciudad de Colón, donde los obreros encontraron manchas de sangre en el subsuelo de la estructura, según informaron fuentes policiales al medio argentino Infobae.
Los trabajadores llamaron a la Policía, cuyos agentes inspeccionaron el lugar y encontraron que la pared presentaba signos de haber sido recientemente levantada y revocada.
Se obtuvo una orden judicial para demoler el muro, tras lo cual, hallaron un cadáver cubierto con cal. Esta sustancia se utiliza para acelerar la descomposición del cuerpo y prevenir la aparición del olor que genera la descomposición de la carne.
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El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, por lo tanto, todavía queda pendiente la identificación forense y científica de la víctima, sin embargo, se sabe que es un paraguayo que trabajaba en esa obra y que estaba desaparecido hace 15 días.
La Fiscalía inició la investigación y caratuló el hecho como homicidio calificado. De momento no hay ningún detenido.
Joven de 18 años y sus excompañeros integraban banda dedicada a vaciar cuentas
La Policía Nacional y el Ministerio Público lograron desarticular una organización delictiva dedicada al cibercrimen en la zona de Itapúa. El supuesto líder sería un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio.
El Comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, este lunes brindaron una conferencia para dar a conocer detalles de la Operación “Ícaro”.
Mediante un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, las autoridades lograron desbaratar una estructura de ciberdelincuentes dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas.
Un total de ocho personas resultaron detenidas en el marco de este operativo, quienes están acusadas por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de ciertas modalidades con código QR, procedieron a encontrar personas que se presten como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para vaciar las cuentas de las víctimas”, manifestó Llano.
A su vez, el Crio. Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula”, entre billeteras electrónicas y cuentas de entidades financieras, para mover el dinero robado, esto luego de lograr un acceso indebido.
De modo a impedir la trazabilidad de los activos sustraídos, los cibercriminales decidieron convertirlos en criptomonedas. Durante el operativo, lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.
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El perjuicio patrimonial generado asciende a G. 9.000 millones. Con el dinero robado, estos jóvenes empezaban a ostentar una serie de lujos, llegando a adquirir vehículos de alta gama o alquilar costosos departamentos, mencionó el jefe policial.
La banda era liderada por un joven de solo 18 años de edad, quien contaba con la complicidad de algunos de sus amigos y excompañeros de colegio, confirmaron las autoridades durante la conferencia de prensa.