Los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía presentaron la acusación en contra de cinco sospechosos de tener participación en el suceso y que habrían participado junto al autor material en el hecho investigado.

En cuanto al menor acusado en esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público, está citado para el próximo martes para la realización de la audiencia preliminar ante un Juzgado Penal Adolescente, ocasión en que se resolverá si se eleva la causa a juicio oral y público, como solicitaron los fiscales intervinientes.

Los diversos sindicados habrían cometido varios hechos punibles graves que fueron investigados en esta carpeta fiscal, entre ellos se puede citar la comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, tentativa de aborto, incitación a cometer hechos punibles, apología del delito, omisión de aviso de un hecho punible, feminicidio e instigación.

Los antecedentes del caso señalan que la víctima de 17 años presuntamente fue ultimada el martes 27 de mayo de 2025, en el domicilio del principal acusado, quien se habría molestado debido a que la adolescente quedó embarazada. El joven habría actuado solo, pero luego de cometer el ilícito, comentó la situación a sus padres, quienes trataron de ocultar el hecho.

El juez penal de Garantías, Gustavo Ovelar, resolvió elevar a juicio oral y público la causa para los cinco acusados, haciendo lugar el pedido del Ministerio Público y manifestando que existe mérito suficiente pata que el Tribunal de Sentencia analice los hechos atribuidos a los cinco acusados.

En el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por los fiscales que investigan este caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio. Las reglas penales establecen algunos marcos penales distintos. La pena de un autor no es igual al del cómplice.

El Sub Crio. José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ma de Asunción, confirmó que este jueves en horas de la tarde llevaron a cabo una intervención policial en la zona del Mercado Municipal Nº 4.

Durante dicho procedimiento, los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Kia modelo Sportage sin chapa en actitud sospechosa, motivo por el que procedieron a la verificación de sus ocupantes.

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Fue así como lograron incautar siete teléfonos celulares- la mayoría de la marca iPhone- que, según se presume, habrían sido hurtados. “Dijeron que llevaban los aparatos para reparación”, mencionó Cabañas a Ñanduti.

Los smartphones se encontraban envueltos en papel aluminio, método utilizado habitualmente por los criminales con el objetivo de evitar que emitan señales, dificultando así su rastreo.

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Fueron detenidos Elías Abel Ortiz Insfrán (24), Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36) y Darío de Jesús Sotomayor Flores (24). Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Por decisión del fiscal Alcides Corbalán, estos sujetos fueron puestos nuevamente en libertad, debido a que no existían denuncias formales en contra de los mismos.

En Paraguay es uno de los principales imputados dentro de la Operación A Ultranza Py, la mayor causa contra el tráfico internacional de drogas en la historia de nuestro país.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, Marset habría utilizado territorio paraguayo como base para organizar operaciones de tráfico de cocaína hacia mercados internacionales y para introducir en el sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas.

La investigación fiscal señala que Marset ingresó por primera vez a Paraguay el 15 de mayo de 2018 con su documento de identidad uruguayo y permaneció en el país hasta el 27 de mayo de ese mismo año. Durante ese periodo habría evaluado la posibilidad de instalarse en territorio paraguayo para operar desde aquí su estructura criminal.

Posteriormente, el 24 de agosto de 2019 volvió a ingresar al país, esta vez utilizando un pasaporte boliviano con una identidad que los investigadores consideran falsa, a nombre de Gabriel de Souza Beumer.

Con ese documento registró varios movimientos migratorios y su último ingreso oficial fue el 18 de octubre de 2019 a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A partir de entonces se habría establecido en Paraguay junto a su esposa, Gianina García Troche, con quien habría consolidado la estructura criminal.

De acuerdo con la imputación, entre 2020 y 2021 la organización criminal liderada presuntamente por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, logró exportar al exterior más de 17 toneladas de cocaína.

El Ministerio Público estima que fueron enviados aproximadamente 17.340 kilogramos de la droga hacia mercados internacionales, principalmente en Europa y África.

La investigación también vincula a la red con grandes incautaciones realizadas en el exterior, como un cargamento de 11 toneladas de cocaína decomisado en el puerto de Puerto de Amberes en abril de 2021.

Según la Fiscalía, García Troche habría sido beneficiaria directa de las ganancias obtenidas por la organización criminal. Actualmente la misma enfrenta cargos por lavado de dinero, por supuestamente realizar operaciones para introducir recursos ilícitos en el sistema económico nacional.

Entre las operaciones investigadas figura la creación de la empresa Grupo San Jorge S.A., registrada el 3 de mayo de 2021 bajo el nombre comercial Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza.

La firma fue constituida con un capital inicial de 1.000 millones de guaraníes, monto que, según la Fiscalía, tendría origen en el tráfico internacional de cocaína.

Marset era buscado por autoridades de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

En Estados Unidos, el narcotraficante también fue imputado en marzo de 2024 por cargos de lavado de dinero vinculados al movimiento de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras de ese país.

Tras su detención en Bolivia, las autoridades analizan ahora el destino judicial de Marset. Según el ministro del Interior, Enrique Riera, la información que manejan es que el narcotraficante podría ser extraditado a Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que Paraguay también presentará formalmente el pedido de extradición. No obstante, admitió que existe una alta probabilidad de que el proceso termine con su traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos ante la justicia federal.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, primera autoridad de la región en confirmar públicamente la captura de Sebastián Marset, habló esta mañana en conferencia de prensa acerca del narcotraficante uruguayo buscado por varios países y finalmente arrestado en Santa Cruz, Bolivia.

“Tenía la capacidad de estar en cualquier país, es una persona prófuga de la justicia y que lógicamente es de interés del Gobierno norteamericano y estamos interesados en eso y en la información que él pueda proporcionar”, expresó Rachid.

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El operativo como tal fue ejecutado exclusivamente por autoridades bolivianas, detalló Rachid, pero aclaró que desconoce si hubo intercambio de información con otras entidades.

Se espera que Bolivia remita a Paraguay el informe oficial de la detención, sin embargo, dentro de ese eslabón, nuestro país está en el último rango y dicha diligencia es lo de menos en este momento.

Marset es blanco de la mayor investigación contra el narcotráfico que se denomina A Ultranza Py. Se vinculó a su red con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra incautación de4,7 toneladas en Paraguay.

El ministro del Interior, Enrique Riera, volvió a mencionar esta mañana la existencia de la presunción de que Marset estaría vinculado al asesinato de Marcelo Pecci.