Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, fiscales de la causa, presentaron imputación contra Arnoldo Wiens por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo (artículo 159 del Código Penal).

Pidieron aplicar medidas alternativas a la prisión, mientras se desarrolla la investigación de seis meses, tiempo en que los fiscales deberán reunir pruebas para sustentar la responsabilidad de Wiens.

PERJUICIOS MILLONARIOS

Wiens está sindicado de haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, monto abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.

El segundo perjuicio señalado por los fiscales es por valor de G. 8.030.693.029, correspondiente al pago hecho a la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción SA, en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que presuntamente habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.

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Por otro lado, los mismos fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra Martha Benítez.

Arnoldo Wiens rescindió contrato con Mota Engil y demolió las obras que hasta entonces se habían desarrollado, alegando una falta de cumplimiento de parte de la empresa.

Wiens se pronució en sus redes sociales y calificó la imputación como una persecución política, ya que en este momento él es precandidato a la presidencia de la República.

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Paulino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación, confirmaron las sentencias dictadas contra Joaquín Roa y Alberto Koube a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

En el caso de Roa, de momento no irá a la cárcel, pues durante este proceso ya cumplió con el plazo máximo de prisión preventiva, por tanto, podrá ir a la penitenciaría que le asignen,l recién cuando la condena haya quedado firme y ejecutoriada.

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Entre agosto del 2013 y febrero del 2022 (dos gobiernos), Roa estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En ese cargo, según demostró la Fiscalía durante el juicio, Roa recibió beneficios económicos del empresario Alberto Koube Ayala a cambio de beneficiarlo con 11 licitaciones direccionadas en el marco del acuerdo entre ambos.

Uno de los bienes que recibió Roa a cambio de favorecer al Grupo Tapyracuai SA de Koube fue una embarcación de la marca Azimut AZ 42 valuada en 450.000 dólares.

El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos,

El Sub Crio. José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ma de Asunción, confirmó que este jueves en horas de la tarde llevaron a cabo una intervención policial en la zona del Mercado Municipal Nº 4.

Durante dicho procedimiento, los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Kia modelo Sportage sin chapa en actitud sospechosa, motivo por el que procedieron a la verificación de sus ocupantes.

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Fue así como lograron incautar siete teléfonos celulares- la mayoría de la marca iPhone- que, según se presume, habrían sido hurtados. “Dijeron que llevaban los aparatos para reparación”, mencionó Cabañas a Ñanduti.

Los smartphones se encontraban envueltos en papel aluminio, método utilizado habitualmente por los criminales con el objetivo de evitar que emitan señales, dificultando así su rastreo.

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Fueron detenidos Elías Abel Ortiz Insfrán (24), Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36) y Darío de Jesús Sotomayor Flores (24). Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Por decisión del fiscal Alcides Corbalán, estos sujetos fueron puestos nuevamente en libertad, debido a que no existían denuncias formales en contra de los mismos.

En Paraguay es uno de los principales imputados dentro de la Operación A Ultranza Py, la mayor causa contra el tráfico internacional de drogas en la historia de nuestro país.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, Marset habría utilizado territorio paraguayo como base para organizar operaciones de tráfico de cocaína hacia mercados internacionales y para introducir en el sistema financiero dinero proveniente de actividades ilícitas.

La investigación fiscal señala que Marset ingresó por primera vez a Paraguay el 15 de mayo de 2018 con su documento de identidad uruguayo y permaneció en el país hasta el 27 de mayo de ese mismo año. Durante ese periodo habría evaluado la posibilidad de instalarse en territorio paraguayo para operar desde aquí su estructura criminal.

Posteriormente, el 24 de agosto de 2019 volvió a ingresar al país, esta vez utilizando un pasaporte boliviano con una identidad que los investigadores consideran falsa, a nombre de Gabriel de Souza Beumer.

Con ese documento registró varios movimientos migratorios y su último ingreso oficial fue el 18 de octubre de 2019 a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

A partir de entonces se habría establecido en Paraguay junto a su esposa, Gianina García Troche, con quien habría consolidado la estructura criminal.

De acuerdo con la imputación, entre 2020 y 2021 la organización criminal liderada presuntamente por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, logró exportar al exterior más de 17 toneladas de cocaína.

El Ministerio Público estima que fueron enviados aproximadamente 17.340 kilogramos de la droga hacia mercados internacionales, principalmente en Europa y África.

La investigación también vincula a la red con grandes incautaciones realizadas en el exterior, como un cargamento de 11 toneladas de cocaína decomisado en el puerto de Puerto de Amberes en abril de 2021.

Según la Fiscalía, García Troche habría sido beneficiaria directa de las ganancias obtenidas por la organización criminal. Actualmente la misma enfrenta cargos por lavado de dinero, por supuestamente realizar operaciones para introducir recursos ilícitos en el sistema económico nacional.

Entre las operaciones investigadas figura la creación de la empresa Grupo San Jorge S.A., registrada el 3 de mayo de 2021 bajo el nombre comercial Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza.

La firma fue constituida con un capital inicial de 1.000 millones de guaraníes, monto que, según la Fiscalía, tendría origen en el tráfico internacional de cocaína.

Marset era buscado por autoridades de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

En Estados Unidos, el narcotraficante también fue imputado en marzo de 2024 por cargos de lavado de dinero vinculados al movimiento de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras de ese país.

Tras su detención en Bolivia, las autoridades analizan ahora el destino judicial de Marset. Según el ministro del Interior, Enrique Riera, la información que manejan es que el narcotraficante podría ser extraditado a Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que Paraguay también presentará formalmente el pedido de extradición. No obstante, admitió que existe una alta probabilidad de que el proceso termine con su traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos ante la justicia federal.