El precandidato abdista a la Presidencia de la República, Arnoldo Wiens, comenzó a instalar una defensa mediática tras ser imputado por el fallido Metrobús. El diario ABC asumió su férrea defensa a través de una serie de publicaciones para intentar limpiar su imagen.

El equipo de fiscales conformado por Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, imputó al exministro del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Mario Abdo Benítez, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras constituidas.

Al intentar defenderse de la imputación en su contra, Wiens alegó ante la prensa que cuando asumió el 15 de agosto del 2018 como ministro del MOPC, "las obras del Metrobús estaban paradas".

Sin embargo, el acta de imputación refiere que, entre los antecedentes del proceso arbitral remitido por la Procuraduría General de la República, se encuentra un video realizado por la empresa Mota-Engil, donde se dejó constancia del avance de las obras hasta el 30 de octubre del año 2018. Además, el informe pericial realizado por la empresa internacional Conexig LLC., la obra había llegado a un avance físico real del 40% cuando asumió el gobierno abdista.

De acuerdo con la imputación, antes de la gestión de Wiens fueron construidas seis estaciones de autobuses sobre la Avda. Mariscal Estigarribia, en San Lorenzo y Fernando de la Mora, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006.

El 5 de septiembre del 2018, Wiens resolvió la intervención del Metrobús. El 20 de octubre, él mismo fue a fiscalizar las obras y anunció ante los medios de comunicación que no iban a continuar por paralización de los trabajos. Sin embargo, 23 de octubre de 2018, el interventor Sixto Morínigo, junto con el Ingeniero de obras Eligio Pappalardo, intimaron a la firma Mota-Engil a dar cumplimiento al contrato de forma inmediata, debido a que no existían causales para la suspensión de las obras.

Llamativamente, ese mismo día, Wiens y la empresa constructora firmaron un Acta de Entendimiento, mediante la cual decidieron suspender la ejecución de las obras del Metrobús, dejando expresa constancia de que la suspensión no implicaba el incumplimiento de obligación contractual alguna por ninguna de las partes. Posteriormente, para la rehabilitación del tránsito en la zona del tramo 3, Wiens pagó a la empresa contratista Mota–Engil Ingeniería y Construcción S.A., la suma de Gs. 8.030.693.029, sin que esto haya sido parte del acuerdo inicial.

“No había excusas para no continuar y los pagos están al día en ese 23 de octubre”, respondió la fiscalía Yeimy Adle en entrevista con el canal GEN.

En su defensa, Arnoldo Wiens asegura que canceló la obra por falta de renovación del seguro de la obra, para cuidar los intereses de los paraguayos. Sin embargo, el acta de imputación resalta que recién el 24 de febrero de 2020, cuando meses atrás ya había adelantado que la obra no iba a continuar, decidió cancelar el contrato con Mota-Engil por la falta de renovación de la Garantía de Cumplimiento.

“Revisamos todo la documentación y constatamos que (la administración anterior) dejó una obra con contrato, pólizas y garantías vigentes”, indicó Adle al respecto.

Siguiendo con la cronología que hace la Fiscalía, el 25 de marzo de 2020, Wiens solicitó al Procurador Sergio Coscia su parecer jurídico sobre viabilidad de demoler las paradas del Metrobús, alegando supuestamente que se requería mayor fluidez, pese a que estábamos en cuarentena por la pandemia. El 27 de marzo, el Procurador le respondió que era necesario primero un informe técnico de parte del MOPC. Finalmente, el 01 de abril, sin realizar el informe técnico, Wiens destruyó las paradas y ocasionó un perjuicio de G. 6.924.624.006 al Estado paraguayo.

“En el cuaderno de investigación fiscal no encontramos ese informe técnico previo, le preguntamos nuevamente a la Procuraduría, a la Contraloría y al MOPC, y nos contestaron que no existe ese informe técnico”, refirió la investigadora. Agregó: “No encontramos una sola justificación para la demolición de las estaciones”.

Según Wiens, el proyecto del Metrobús nació mal. Sin embargo, para el Ministerio Público no existe documento alguno que justifique la acción adoptada por el exministro del MOPC, ya que parte de la franja estaba liberada y se podían hacer los trabajos por algunos tramos.

“Ningún elemento señala que la obra era inviable, ni las pericias ni los técnicos consultados, ni el laudo arbitral. De hecho que el contrato no se rescindió porque la obra era inviable”, dijo la fiscal Adle. Citó, asimismo, que el propio equipo interventor de Wiens y la Municipalidad de Asunción abogaban por la continuidad de la obra.

Respecto a la franja de dominio, la fiscal recordó que era responsabilidad del MOPC. ”Según el contrato, no hacía falta que la franja debía estar liberada en un 100% en todo el tramo del Metrobús, sino que la empresa Mota-Engil siempre tenía que tener liberadas franjas de dominio para no parar la obra, para darle continuidad a la obra. Cuando Mota presenta la nota el 13 de agosto y dice que la van a suspender la ejecución de las obras por falta de liberación, la Contraloría y el propio Wiens dijeron que tenían frentes liberados para continuar las obras”, remarcó.

En su defensa, Wiens también asegura que no fue parte del expediente de la investigación del Metrobús y que su imputación es el resultado de una supuesta persecución política. Sin embargo, la fiscal Yeimi Adle respondió que Wiens estaba al tanto de la investigación hacia su persona desde 2023 y que sus abogados tienen copias del cuaderno fiscal, por lo que rechazó que el caso tenga pretensiones electorales.

La nueva consejera reemplaza a Víctor Eduardo Insfrán Dietrich dentro del órgano administrativo de la previsional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que el IPS “necesita cambios” y aseguró que el Gobierno trabaja en la construcción de una institución “más eficiente para todos los asegurados”.

La incorporación de Arias Noguer se suma a recientes modificaciones dentro del Consejo de Administración del IPS. Días atrás, también fue designado el médico pediatra y docente universitario Hassel Jimmy Jiménez Rolón como consejero en representación del Ministerio de Salud Pública, en reemplazo de Gustavo González Maffiodo, quien había presentado su renuncia.

Con estos cambios, el Ejecutivo avanza en la renovación parcial de la conducción de la previsional. Continúan integrando el Consejo Bettina Silvana Albertini Alonso, representante del Ministerio de Trabajo; José Emilio Argaña Contreras, por el sector empleador; y José Jara Rojas, representante de los jubilados.

Este miércoles se dio a conocer la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de la exintegrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fundadora del extinto Ejército del Mariscal López (EML) junto con su esposo Alejandro Ramos, fallecido en 2018.

Lourdes Ramírez y fue detenida en febrero del 2025.

El Ministerio Público sostiene que la acusada habría integrado el autodenominado el EPP entre los años 2009 y 2015, participando presuntamente en diversos hechos delictivos atribuidos al grupo armado.

El 2 de abril de 2014 Ramírez y otros integrantes del EPP, fuertemente armados y vestidos con uniformes camuflados, ingresaron al establecimiento rural de la familia Fick, en el distrito de Azotey, departamento de Concepción.

Redujeron a los ocupantes, entre ellos Arlan Fick, quien fue secuestrado, además, se apoderaron de dinero y provisiones alimenticias.

Tres meses después, el 5 de julio de 2014, participó en el secuestro del suboficial Edelio Morínigo Florenciano en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.

De acuerdo con la acusación, los miembros del EPP emboscaron a un grupo de personas en una zona boscosa, liberando a todas excepto a Morínigo, cuyo paradero sigue desconocido.

El 22 de octubre de 2014 fueron hallados en Paso Tuyá discos compactos con una supuesta “prueba de vida” de Arlan Fick y Edelio Morínigo, en los que, según la Policía, se identificó a la acusada entre los integrantes del grupo armado.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puso en marcha un despliegue de fiscalización sin precedentes sobre el sector del transporte de cargas.

En un esfuerzo conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), equipos de inspectores comenzaron a intervenir operativas de logística local, interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar que cada kilómetro recorrido esté debidamente respaldado ante el fisco.

En los procedimientos realizados se controló el cumplimiento de obligaciones formales, como el estado del RUC, la actualización de los datos declarados en el RUC, la exhibición de la Constancia del RUC y la posesión de comprobantes de venta con timbrado vigente, así como el control de los requisitos preimpresos y del llenado de estos.

Según informaron, esta primera fase de controles in situ está siendo ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, brazo operativo de la Gerencia General de Impuestos Internos.

Instan a los contribuyentes dedicados a este rubro al cumplimiento de las normas tributarias vigentes.