El senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, anunció que el encuentro será a las 9:00 de la mañana e incluirá al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Esta convocatoria forma parte de las conversaciones prometidas mientras llega la fecha de la sesión para tratar el proyecto el próximo 25 de marzo.

La idea es escuchar a los voceros de los gremios y buscar un consenso dentro de los límites marcados por el Ministerio de Economía y Finanzas, pues, de lo contrario, la reforma no tendría el efecto de disminuir el descalce anual de la caja, que hoy llega a los 380 millones de dólares por año.

El monto es lo que cada año falta para cubrir los pagos a los jubilados. Ese dinero se saca de los excedentes y de los impuestos e irá creciendo a una velocidad cada vez mayor.

Respecto a la jubilación parlamentaria, el senador sostuvo que está a favor de la modificación y de que la caja se vuelva privada, a fin de que ya no se utilice un solo guaraní del Presupuesto General de Gastos.

“Hay gente que hace grandes discursos en la plaza, pero lo que no quiere es que haya reforma de la caja parlamentaria.A Bachi le critican mucho, pero habló de que, para tener autoridad, tenemos que primero modificar la caja parlamentaria”, recordó Ovelar. También aseguró que algunos legisladores tienen un discurso en público, pero en privado le dicen que no debería tocarse la jubilación parlamentaria.

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En el 2025, se necesitaron 380 millones de dólares adicionales para cubrir el agujero de la Caja de Jubilaciones del sector público, esto es, para que todos los jubilados puedan cobrar, ya que esa cifra era la que faltaba para solventar el 100 % de los pagos.

Ese monto faltante es lo que se denomina déficit y que, según las proyecciones, crecerá a razón de 100 millones de dólares por año, si no se resuelve el principal problema que lo causa: las jubilaciones tempranas de las fuerzas públicas y de los docentes.

Una de las propuestas es la ampliación del concepto del Sector de Magistrados Judiciales, incluyendo a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los actuarios judiciales de los juzgados, Tribunales Judiciales y Electorales, los relatores, los secretarios de las secretarías judiciales de la Corte Suprema de Justicia, los fiscales adjuntos, los relatores y asistentes fiscales del ministerio público, los defensores adjuntos y asistentes de defensoría del Ministerio de la Defensa Pública.

De igual modo, se excluye de las derogaciones el art. 4° del Decreto Ley 23/1954.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ALGUNAS DEFINICIONES

Caja fiscal: Sistema que gestiona las jubilaciones de los empleados del Estado.

Objetivo de la reforma: Evitar que el sistema colapse y lograr que deje de consumir millones de dólares de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Se pretende por sobre todo garantizar el derecho a cobrar las jubilaciones.

Reforma: pacto social, contrato social, cambio, modificación

Déficit: agujero, diferencia, faltante, descalce, lo que falta para pagar a los jubilados (el monto que queda sin cobertura).

Tasas de sustitución: porcentaje o monto de jubilación/ porcentaje o monto a cobrar o retirar según la edad. Ej: “Es el porcentaje del sueldo que te queda cuando te jubilás”.

Fuerzas Públicas: policías y militares

Programa Civil: todos menos las fuerzas públicas (Administración Pública, Magisterio Nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, etc)

Programa no civil: policías y militares (fuerzas públicas)

Magisterio Nacional: docentes de escuelas y colegios, personal administrativo y autoridades educativas.

Docentes universitarios: docentes de las universidades

Derecho adquirido: en el proyecto, el término alude a la situación de los que ya reunían todos los requisitos para jubilarse antes de la promulgación de la nueva ley. Derechos ya ganados. Ej: “A los que ya tiene derechos ganados, no se les cambiará las reglas”.

Mera expectativa o derecho en expectativa: condición de los que, al momento de la promulgación de la ley, no cumplieron todos los requisitos para la jubilación y solamente pueden acogerse a la nueva norma.

Excedentes: recursos acumulados por aportes de funcionarios que actualmente cubren los déficits de otros regímenes.

Proyecciones actuariales: Cálculos a futuro. Por ejemplo, “Según los cálculos a futuro, el dinero se acabará en el 2028”.

Haberes previsionales: Sueldo de jubilado, pago. Ej: “ El monto que recibe el jubilado como su pago mensual”

Sostenibilidad financiera: Que el dinero alcance. Ej: “El obejtivo es que el dinero alcance”

Criterio contributivo: Relación aporte- pago. Ej. “Se busca una mejor relación entre lo que uno aporta y lo que recibe”.

De oficio: Automáticamente. Ej “El ministerio actualizará el pago automáticamente cada año”.

El tesoro: el dinero de nuestros impuestos.

Superavitario: exceso de los ingresos sobre los gastos.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, explicó que la legislación actual se divide en un total de cinco leyes, cada una de las cuales se modifican parcialmente entre sí, por lo que su contenido es incapaz de prevenir la inscripción de candidaturas con dudoso origen financiero y, definitivamente, requieren unos ajustes.

“Si vamos a tomar las declaraciones iniciales, no podemos pensar que eso es lo único que van a utilizar y van a invertir dentro de su campaña porque pueden seguir obteniendo recursos a través de aportantes, inclusive préstamos bancarios y eso se va a reflejar en la rendición de cuentas, recién ahí podríamos tener un conocimiento general de lo declarado”, explicó Ruiz Díaz, en un contacto con la 730 AM.

La Justicia Electoral ni siquiera tiene competencia de hacer reportes de operaciones sospechosas directamente a la Seprelad. Esa es una función del oficial de cumplimiento de cada partido, cuya responsabilidad es aplicar las políticas contra el lavado de dinero dentro de la organización a la que pertenece.

Consultado acerca de qué mecanismos entonces ofrece la ley de financiamiento político para impedir que avance un candidato solventado con dinero ilícito, contestó: “Lastimosamente es imposible, es pedir llegar a la luna, pero yo tengo de herramienta una bicicleta y así es muy difícil”. La legislación es tan inútil que hasta incluso permite a los aspirantes declarar en cero.

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Sin embargo, no todo está perdido, ya se encuentra en marcha un trabajo para una versión mejorada de la ley, que incluya los instrumentos necesarios para el control eficiente de los recursos y la trazabilidad de la ruta del dinero.

“Estamos trabajando con el ministro Rosell, ya tenemos una idea general, hoy tenemos 5 leyes y la diversidad normativa hace que sea confusa, entonces, queremos unificar en un solo cuerpo todas las normativas y hacer los ajustes que se requieren para no entrar en esa soluciones parches que lo único que hacen es traer más confusión a la ciudadanía”, concluyó.

La propuesta, una vez que esté lista, deberá ser presentada en el Congreso y aprobada por ambas caras, no obstante, aunque el tratamiento tuviera celeridad, ya no podrá ser aplicado en las elecciones internas ni municipales de este año.

Un importe de 530.000 guaraníes transfirió un conductor a la cuenta de Ever Ignacio Vega, quien figura como inspector ayudante en la Municipalidad de Asunción, según consta en el portal de la Contraloría General de la República.

Según el caso difundido por Cecilia Vargas Peña, precandidata a concejal a quien le reportaron el hecho, todo comenzó cuando una persona cometió una infracción al estacionar en un lugar prohibido.

Al regresar encontró un cepo y preguntó dónde, cómo pagaba la multa, a lo que le contestaron que podían “ayudarle a sacar el cepo” si entregaba un monto en efectivo. Él contestó que no tenía dinero.

Ante esto, le indicaron que la multa era de G. 530.000 y le pasaron el alias de una cuenta bancaria para la transferencia. El conductor hizo el pago por esta vía.

Sin embargo, los canales oficiales para los pagos de multas por infracciones son: redes de cobranza como Aquí Pago y Practi Pago, terminales móviles de los agentes, oficinas de la Municipalidad de Asunción.

La calle Adrián Jara entre General Aquino y Mayor Tomás Rufinelli estará clausurada el martes 21 y el miércoles 22 de abril, para la instalación de alcantarillas sobre la avenida Elizardo Aquino. El trabajo está sujeto a las condiciones climáticas para esas fechas.

En la ocasión, con ayuda de inspectores de la Caminera, se implementarán desvíos por por las calles Capitán Ávalos y Mayor Tomás Rufinelli. A la arteria clausurada tendrán acceso solamente los residentes.

Estas obras forman parte de la ampliación de la ruta D025 y están a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.

Los residentes o afectados o cualquier persona que tenga alguna duda puede recurrir a la línea 0985 203 381 habilitada para consultas.