Ratifican validez de imputación por lavado dinero contra directivos de Atlas
El banco Atlas no habría realizado las debidas diligencias sobre las cuentas de Leoz
El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho personas. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Los camaristas validaron el acta de imputación contra los directivos de la entidad bancaria y confirmaron a la Conmebol como víctima del hecho punible. Con esta decisión, el Juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.
Una vez que el expediente retorne al juzgado del juez Humberto Otazú, este deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
ESQUEMA DE LAVADO
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez basan la imputación en operaciones realizadas en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según el acta, Leoz efectuó depósitos y constituyó fideicomisos por USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, sin que el Banco Atlas solicitara la documentación respaldatoria requerida.
Los contratos de fideicomiso adicionales alcanzan los USD 2 millones y G. 22.000 millones.
La denuncia de la Conmebol vincula estos fondos con el esquema de corrupción internacional conocido como FIFA Gate, basándose en publicaciones periodísticas y documentos judiciales de los Estados Unidos. Además de Zaldívar, están imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Sin un retorno, no es seguro retirar el semáforo de Pedrozo, advierten desde el MOPC
Según el funcionario, la causa raíz de las tragedias no radica únicamente en la red semafórica, sino en la topografía del terreno. Foto: Mariana Díaz/Nación Media.
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), José Arévalo, sostuvo que la remoción del semáforo en el peligroso cruce de Pedrozo, en el KM 45, no puede realizarse de forma inmediata, ya que la medida requiere la construcción previa de obras de retorno para garantizar la seguridad vial en la zona.
Arévalos explicó que quitar la señalización sin una alternativa vial dejaría desprotegidos a los conductores que intentan cruzar la arteria, por lo que su directa remoción no puede ser posible.
“El problema central de la eliminación del semáforo es que hay que hacer necesariamente los retornos, o si no, no hay forma segura de que los vehículos crucen de un lado a otro”, señaló a la radio Ñanduti Arévalo, desestimando que la sola presencia de la Patrulla Caminera pueda suplir la infraestructura necesaria para regular el tránsito.
Al abordar la peligrosidad del tramo, el director jurídico enfatizó que la causa raíz de las tragedias no radica únicamente en la red semafórica, sino en la topografía del terreno.
Argumentó que la bajada del cerro presenta una pendiente bastante pronunciada que resulta riesgosa en cualquier parte del mundo, especialmente para aquellos vehículos que experimentan fallas mecánicas en los frenos al descender a alta velocidad.
Arévalo recordó que los percances fatales en el sector anteceden por mucho a la instalación del semáforo y al trágico siniestro de septiembre de 2024, haciendo referencia a graves antecedentes registrados en 2015 y 2017.
Destacó que el problema de fondo es el riesgo natural de la pendiente, el cual solo podrá mitigarse con la ejecución de soluciones de ingeniería vial integrales y los retornos de seguridad.
Falsos policías detenidos en CDE tomaron de rehén a una familia durante asalto
Momento en que los falsos policías asaltaron a la familia. Imagen: captura de video.
Los delincuentes detenidos en Ciudad del Este días atrás habían tomado de rehén a una familia, durante un asalto domiciliario. En aquel atraco, también vestían uniformes similares a los de la Policía.
En un operativo desarrollado esta mañana en el Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, se logró desarticular una banda delictiva sindicada de cometer numerosos robos y asaltos en la zona de Alto Paraná.
Los detenidos son Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42). El primero contaba con una declaración de rebeldía por un caso de robo agravado.
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Según los datos que manejan los investigadores, estos sujetos son los mismos delincuentes que habían perpetrado un violento asalto domiciliario el pasado domingo, en una vivienda situada en el Km 11 Acaray.
En aquella oportunidad, asaltantes que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional irrumpieron en la propiedad de la familia y mantuvieron como rehenes a sus integrantes (incluyendo niños) durante varios minutos.
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Tras hurgar en todas las habitaciones, los autores se alzaron con la suma de G. 15 millones, no sin antes golpear y amenazar a los ocupantes del domicilio, momento que fue registrado por las cámaras de seguridad.
Al momento de su arresto, los sospechosos se preparaban para cometer un nuevo golpe, de acuerdo a lo manifestado por los responsables del procedimiento policial.
Fiscalía exige datos clave al MOPC y Rutas del Este por el choque en Pedrozo
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El fiscal Juan Manuel Ledesma dio un plazo de 72 horas para la entrega de documentos técnicos e informes sobre el trágico choque en el Km 45 de la ruta PY02.
El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.
El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.
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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.
En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.
Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.
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