“Estas son las decisiones que confirman que el sistema judicial, dentro de todas las críticas que se le puede hacer, funciona. El juez considera que la imputación no reúne los requisitos y lo devuelve a la Fiscalía”, señaló Ricardo Preda, al valorar el fallo en el marco de la causa Metrobús.

Según el abogado, la resolución desmitifica las acusaciones políticas que atribuían al magistrado una supuesta alineación partidaria o una persecución penal coordinada desde el Ejecutivo.

“Hubo críticas que pretendían instalar que el juez respondía a un sector o que existía una persecución. Esta decisión reafirma el sistema”, afirmó en charla con el canal GEN. Recordó que el propio Wiens señaló la reunión de los ministros de la Corte con el presidente Santiago Peña para supuestamente perseguirlo penalmente.

No obstante, Preda aclaró que discrepa con el criterio técnico del juez. A su entender, la imputación sí reúne los presupuestos, como el relato de los hechos, que claramente están explicados en el acta presentada por la Fiscalía.

La devolución de la imputación se produjo ayer miércoles, cuando el juez Legal resolvió no admitir el acta presentada contra Wiens, a quien se sindica un perjuicio patrimonial por el fallido proyecto del Metrobús.

La decisión abrió dos caminos para la Fiscalía, de acuerdo con Preda, la de interponer un recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles o adecuar la imputación y volver a presentarla dentro de los diez días hábiles.

Preda también cuestionó la forma de la resolución, al señalar que la inadmisión de una imputación debería dictarse mediante un auto interlocutorio debidamente fundado, y no por providencia. “La acordada exige una resolución fundada que precise qué parte no cumple los requisitos, para que el Ministerio Público pueda corregir”, explicó.

Por otro lado, el abogado se refirió a la situación del exministro Ramón Jiménez Gaona, y aclaró que no existió un revés judicial, como pretendieron instalar ciertos sectores.

Indicó que, al tratarse de un sobreseimiento provisional, la ley obliga a una reapertura del proceso y a la realización de una audiencia preliminar antes de resolver un eventual sobreseimiento definitivo. “El juez no puede otorgarlo automáticamente; primero debe sustanciarse la audiencia”, explicó.

Arévalos explicó que quitar la señalización sin una alternativa vial dejaría desprotegidos a los conductores que intentan cruzar la arteria, por lo que su directa remoción no puede ser posible.

“El problema central de la eliminación del semáforo es que hay que hacer necesariamente los retornos, o si no, no hay forma segura de que los vehículos crucen de un lado a otro”, señaló a la radio Ñanduti Arévalo, desestimando que la sola presencia de la Patrulla Caminera pueda suplir la infraestructura necesaria para regular el tránsito.

Al abordar la peligrosidad del tramo, el director jurídico enfatizó que la causa raíz de las tragedias no radica únicamente en la red semafórica, sino en la topografía del terreno.

Argumentó que la bajada del cerro presenta una pendiente bastante pronunciada que resulta riesgosa en cualquier parte del mundo, especialmente para aquellos vehículos que experimentan fallas mecánicas en los frenos al descender a alta velocidad.

Arévalo recordó que los percances fatales en el sector anteceden por mucho a la instalación del semáforo y al trágico siniestro de septiembre de 2024, haciendo referencia a graves antecedentes registrados en 2015 y 2017.

Destacó que el problema de fondo es el riesgo natural de la pendiente, el cual solo podrá mitigarse con la ejecución de soluciones de ingeniería vial integrales y los retornos de seguridad.

En un operativo desarrollado esta mañana en el Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, se logró desarticular una banda delictiva sindicada de cometer numerosos robos y asaltos en la zona de Alto Paraná.

Los detenidos son Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42). El primero contaba con una declaración de rebeldía por un caso de robo agravado.

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Según los datos que manejan los investigadores, estos sujetos son los mismos delincuentes que habían perpetrado un violento asalto domiciliario el pasado domingo, en una vivienda situada en el Km 11 Acaray.

En aquella oportunidad, asaltantes que vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional irrumpieron en la propiedad de la familia y mantuvieron como rehenes a sus integrantes (incluyendo niños) durante varios minutos.

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Tras hurgar en todas las habitaciones, los autores se alzaron con la suma de G. 15 millones, no sin antes golpear y amenazar a los ocupantes del domicilio, momento que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Al momento de su arresto, los sospechosos se preparaban para cometer un nuevo golpe, de acuerdo a lo manifestado por los responsables del procedimiento policial.

El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por el letal siniestro vial ocurrido el pasado 15 de agosto en el peligroso cruce Pedrozo, sobre la ruta PY02.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Penal n.° 2 de Itauguá, solicitó informes oficiales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la concesionaria vial Rutas del Este S.A.

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La causa, caratulada preliminarmente como supuesto hecho punible de homicidio doloso, busca esclarecer las circunstancias alrededor del choque en el que estuvo involucrado un camión volquete.

En virtud del artículo 228 del Código Procesal Penal, las instituciones requeridas tienen un plazo perentorio de 72 horas para entregar toda la documentación requerida en formato físico ante la secretaría de la fiscalía. Los oficios exigen especificaciones técnicas de la vía y del historial de la zona.

Por este trágico suceso se encuentra imputado el conductor que iba al mando del camión de gran porte, sobre quien el Juzgado dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal para determinar responsabilidades.

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