Agentes de la Comisaría 1era de Ciudad del Este esta madrugada tomaron intervención ante denuncias por polución sonora en la avenida Mariscal Estigarribia del barrio Boquerón de la mencionada localidad.

Al acudir al sitio, los uniformados constataron la presencia de un vehículo equipado con parlantes y potentes cajas acústicas poniendo música a un volumen elevado, según detalla el informe.

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El rodado en cuestión es un Toyota modelo Granvia color plomo, con chapa BVF 964, perteneciente a Fabio Junior Troche Zarza, de 28 años, oriundo de la ciudad de Presidente Franco. El mismo posee antecedentes por violencia familiar.

Luego de informarle sobre las denuncias en su contra, los intervinientes trasladaron al joven y a su vehículo hasta la sede policial para el procedimiento de rigor.

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Al ser sometido al alcotest, por disposición fiscal, Troche arrojó un resultado negativo, descartándose así que se haya encontrado bajo los efectos del alcohol.

El agente fiscal Osvaldo Zaracho ordenó la incautación del vehículo, que permanece a disposición de las autoridades en la sede de la comisaría, mientras que su dueño fue puesto en libertad.

Nota en desarrollo.

Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), confirmó que desde dicho sector se encuentran preocupados ante la seguidilla de robos de tirzepatida en distintos puntos del país.

El último golpe se concretó en la jornada de ayer, luego de que una banda de delincuentes asaltara un camión transportador sobre la Ruta PY02 y se llevara más de 3.000 dosis de este medicamento adelgazante. Parte del cargamento fue recuperado horas después en la ciudad de Paraguarí.

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“Este es un producto de cadena de frío, por lo cual es muy delicado”, manifestó en entrevista con el canal GEN, confirmando que existe un software que permite hacer una trazabilidad para determinar si se respetó esa cadena de refrigeración.

El representante de CIFARMA admitió que la alta demanda de adelgazantes existente en Brasil hace que la tirzepatida sea el “producto estrella”, siendo comercializado a costos mucho más elevados en el vecino país, donde ingresan de forma ilegal.

Destacó el trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para contrarrestar la comercialización desmedida y sin control de este tipo de fármacos en el mercado nacional, además de detectar cualquier producto falsificado.

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La cámara ya hizo un pedido formal a la Policía Nacional para brindar resguardo a los cargamentos transportados, sin embargo, “nada parece ser suficiente” contra la inseguridad reinante, según sus propias palabras.

“Vemos con preocupación porque hay un auge en estos casos, pero seguimos trabajando para ver cómo podemos minimizar estos riesgos”, añadió Ávila.

Los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza rechazaron el recurso de apelación planteado por la defensa por “no poseer entidad suficiente para enervar la resolución recurrida”.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Escobar, consiguió que el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera confirmara la condena de 40 años de cárcel para Víctor Cantero Sánchez por feminicidio y aborto.

El crimen se registró en la Villa Serrana y tuvo como víctima a la pareja del condenado, quien cursaba un embarazo de siete meses.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ángela Jara e integrado por los magistrados Cristel Müller de Peralta y Augusto Acuña, condenó al hombre a 30 años de prisión, más 10 años de medida de seguridad, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el cuerpo de la víctima fue hallado calcinado y desmembrado en una zona del cerro Cristo Rey de Caacupé.

María Ramona y Víctor Cantero mantenían una relación desde 2016, pese a que él convivía con otra mujer. El embarazo de la víctima habría detonado el ataque fatal.

Conforme a la investigación, el condenado cometió el hecho debido a que mantenía una nueva relación sentimental y no deseaba que la víctima continuara interfiriendo en su vida.

La mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 2 de julio de 2023, luego de no regresar a su vivienda ubicada en la ciudad de Altos. Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron finalmente localizados en el cerro Cristo Rey, como resultado de un minucioso trabajo investigativo que incluyó declaraciones testificales, análisis de imágenes de circuito cerrado y el estudio del tráfico de datos de las líneas telefónicas utilizadas por los involucrados.