A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dirección informó que las clases iniciarán el lunes 23 de febrero y que, durante la primera semana, del 23 al 27, los estudiantes asistirán con buzo y remera diaria para participar de actividades de integración y dinámicas lúdicas junto a docentes y compañeros. En el caso de los alumnos ingresantes que aún no cuenten con el uniforme institucional, se les permitirá concurrir con el uniforme de su institución anterior.

La institución solicitó además mantener una adecuada presentación y apariencia personal. En ese sentido, se establece para los varones el uso de corte de cabello varonil, evitando el cabello teñido, mientras que para las niñas se pide mantener el cabello bien peinado y en colores naturales, sin teñidos fuera del contexto estudiantil. Asimismo, tanto para alumnas como para alumnos, se reitera que dentro del establecimiento no está permitido el uso de piercings, teléfonos celulares, vapeadores u otros elementos similares.

La directora Lisa Portillo explicó al canal GEN que estas disposiciones no son nuevas y se encuentran vigentes desde el año 2018, cuando se replantearon las normativas de convivencia institucional. “No es nada nuevo. Buscamos mantener una imagen unánime dentro de la institución y pensar en el bien común de más de 500 estudiantes”, señaló.

Portillo aclaró que las normas son analizadas y aceptadas previamente en asambleas de padres, donde se revisa punto por punto el reglamento interno antes de la matriculación. “Establecemos acuerdos claros y no tenemos ninguna disposición que atente contra los derechos de los estudiantes. Todo apunta a la formación integral y al respeto”, afirmó.

La directora agregó que, desde su formación como psicóloga clínica, promueve el diálogo con los alumnos para reflexionar sobre modas y consumos, priorizando siempre el respeto y la convivencia.

Indicó que no existe mucha reticencia de parte de los alumnos y sus padres, aunque reconoció que hubo algunos casos en los que los alumnos optaron por ir a otras instituciones educativas.

Ruiz Díaz habló con ABC Color sobre el fin del plazo para la entrega de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC). El funcionario aclaró que las agrupaciones políticas registran los aportes posteriores para la rendición final de cuentas.

El director reconoció un problema crítico: la ley vigente no frena la infiltración del crimen organizado en la política. El diseño jurídico posterga la detección de infracciones hasta una etapa posterior a los comicios. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) halla las irregularidades recién tras el cierre de las urnas. La institución carece de garras legales para identificar dinero ilícito en tiempo real durante el proselitismo.

El sistema de fiscalización responde al Código Electoral (Ley 834/96) y sus cambios recientes como la Ley 6501/2020. El artículo 281 de la norma fija la entrega de la cuenta documentada final dentro de los sesenta días posteriores a las elecciones. Ruiz Díaz pidió una reforma integral del control público. Según él, el trabajo requiere la ayuda coordinada de más instituciones para atacar el origen mismo del dinero sucio y no solo su distribución.

El incumplimiento de estas reglas de transparencia quita subsidios estatales a los partidos y movimientos. Esta sanción llega incluso al cien por ciento del monto total que corresponde a la organización política. Sin embargo, el marco jurídico actual no castiga de forma directa a los candidatos infractores.

Como parte de los esfuerzos de mejora, el TSJE ahora usa herramientas de inteligencia artificial para hallar perfiles de riesgo en las candidaturas.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) días atrás informó sobre el hormigonado del primer dintel perteneciente al futuro viaducto de Luque.

Dicha obra, que forma parte de la Red Vial Estructurante, requerirá 58 metros cúbicos de material y tendrá un peso aproximado de 160 toneladas, ubicándose a unos 10 metros de altura.

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Este elemento de hormigón armado se ubica sobre las columnas de cada pila y cumple la función de distribuir uniformemente las cargas, sirviendo de apoyo a la plataforma elevada por donde circularán miles de vehículos al concluir la obra.

El Ing. Agustín Cabrera, fiscal de Obras del MOPC, comentó al canal GEN que, a la fecha, ya cuentan con 40 pilares construidos en el marco de este ambicioso proyecto que permitirá mejorar la conectividad entre Asunción, Luque e Ypacaraí.

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“Estamos sobre el cronograma aprobado, no hay problemas en ese sentido”, indicó, confirmando con ello el normal avance de los trabajos en este megaviaducto, cuya extensión total será de más de 3 kilómetros.

El plazo estimado para la culminación de las obras es de 30 meses, conforme al plan aprobado por el MOPC a la empresa contratista Rutas del Este.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 se realizan las atenciones oftalmológicas en la sede de la Asociación Nacional Republicana.

Quienes no alcanzan a ser atendidos en el día son anotados en una lista de espera para la siguiente ocasión.

“Muchas personas no cuentan con los recursos para acceder a una consulta oftalmológica o adquirir un par de lentes”, comentó Pilar Medina, titular de la Comisión de Mujeres de la ANR.

Después de consultar con los profesionales, en caso de necesitar lentes, los pacientes acceden a uno sin costo, con la graduación indicada por el médico. Hoy atendieron a unas 150 personas.

La atención oftalmológica es ofrecida cada martes, mientras que los miércoles son días de atención odontológica en el mismo lugar. Desde la madrugada se observa una larga fila de personas esperando un lugar.