Durante su exposición, el doctor Jorge Brítez reconoció el malestar de los asegurados, pero afirmó que su gestión heredó una institución con un “daño estructural profundo”.

Señaló que al asumir encontró al IPS sobredimensionado en deudas, sin flujo de caja, con el fondo de salud en cero y con contratos esenciales como limpieza, mantenimiento y provisión de medicamentos vencidos. “No vengo a decir que todo está bien, vengo a exponer con transparencia la magnitud del problema que recibimos”, afirmó.

El titular del IPS sostuvo que no llegó al cargo para enriquecerse ni para construir una plataforma política, y remarcó que su principal patrimonio es su reputación.

“El supuesto colapso del IPS es mentira. A pesar de las dificultades históricas, la institución está de pie y seguirá funcionando. El IPS no cae”, enfatizó.

También aseguró que mientras esté al frente no cederá a presiones y que cada guaraní de aportantes y jubilados será administrado con ética y responsabilidad.

A su turno, el gerente de Salud del IPS, Derlis León, presentó datos que muestran un fuerte incremento en la demanda del sistema. Indicó que las consultas médicas pasaron de 2.370.000 en 2020 a 4.400.000 en 2025, mientras que las prestaciones totales aumentaron de 25 millones a 45 millones en el mismo periodo, lo que representa un crecimiento del 74% en consultas, cirugías y atenciones de urgencias, y del 109% en estudios laboratoriales.

Según explicó, este aumento plantea el desafío de sostener financieramente el sistema ante una demanda cada vez mayor.

También se refirió a la gestión de equipos y servicios tercerizados, y señaló que, en algunos casos, el mantenimiento de tecnología médica puede superar ampliamente el costo de adquisición. Aseguró que estos modelos buscan garantizar continuidad en la atención y evitar retrasos críticos, especialmente en pacientes oncológicos, donde una demora puede significar riesgo de vida.

Asimismo, informó que se está implementando tecnología para mejorar la previsibilidad y evitar quiebres de stock de medicamentos.

En el plano financiero, la gerente Administrativa y Financiera del IPS, Gladys Vera, informó que la deuda vencida con las farmacéuticas asciende a USD 180 millones. El total asciende a USD 990 millones, de los cuales USD 684 millones fueron financiados a 30 meses.

Además, aclaró que todos los ingresos por rentas inmobiliarias están debidamente contabilizados y auditados, tanto por instancias internas como externas y por la Contraloría General de la República.

Los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza rechazaron el recurso de apelación planteado por la defensa por “no poseer entidad suficiente para enervar la resolución recurrida”.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Escobar, consiguió que el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera confirmara la condena de 40 años de cárcel para Víctor Cantero Sánchez por feminicidio y aborto.

El crimen se registró en la Villa Serrana y tuvo como víctima a la pareja del condenado, quien cursaba un embarazo de siete meses.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ángela Jara e integrado por los magistrados Cristel Müller de Peralta y Augusto Acuña, condenó al hombre a 30 años de prisión, más 10 años de medida de seguridad, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el cuerpo de la víctima fue hallado calcinado y desmembrado en una zona del cerro Cristo Rey de Caacupé.

María Ramona y Víctor Cantero mantenían una relación desde 2016, pese a que él convivía con otra mujer. El embarazo de la víctima habría detonado el ataque fatal.

Conforme a la investigación, el condenado cometió el hecho debido a que mantenía una nueva relación sentimental y no deseaba que la víctima continuara interfiriendo en su vida.

La mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 2 de julio de 2023, luego de no regresar a su vivienda ubicada en la ciudad de Altos. Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron finalmente localizados en el cerro Cristo Rey, como resultado de un minucioso trabajo investigativo que incluyó declaraciones testificales, análisis de imágenes de circuito cerrado y el estudio del tráfico de datos de las líneas telefónicas utilizadas por los involucrados.

Personal del Grupo Lince en la mañana de este miércoles procedió a la detención de Ignacio Zorrilla, de 48 años de edad.

Este hombre fue sorprendido por los efectivos motorizados durante una patrulla preventiva, en inmediaciones del Parque Caballero de la ciudad capital.

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Al notar la presencia policial, el mismo intentó darse a la fuga a pie, siendo finalmente interceptado y reducido por las fuerzas del orden.

Tras verificar sus datos en el sistema informático, constataron que Zorrilla contaba con cuatro órdenes de captura vigentes por homicidio doloso.

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El procedimiento se realizó tras un trabajo previo de inteligencia por parte del personal policial, que pudo lograr el arresto exitoso de este sospechoso.

Tras su captura, Zorrilla fue remitido a la comisaría jurisdiccional, quedando a disposición del Ministerio Público.

El ministro del MIC, Marco Riquelme, y el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, la semana pasada lanzaron de manera oficial el “Paraguay Investor Pass”. Se trata de un nuevo instrumento que permite acceder directamente a la residencia permanente mediante distintas modalidades de inversión.

A diferencia del trámite habitual, el extranjero que decida instalarse en Paraguay con fines de invertir tendrá la posibilidad de acceder a la residencia permanente, sin que necesariamente se haya cumplido el plazo de 2 años de residencia temporal requerido.

Entre las opciones habilitadas para este pasaporte se encuentran inversiones de USD 150.000 en proyectos turísticos, o de USD 200.000 en la bolsa de valores o en el sector inmobiliario. Anteriormente, para contar con la residencia permanente era necesario invertir la suma de USD 70.000 y contratar a 5 personas, lo cual ahora ya no es un requisito.

El programa incorpora beneficios fiscales, como una menor tasa impositiva sobre dividendos para residentes del 15% al 8%. La mayor parte del proceso se realiza de forma electrónica, requiriendo la presencia física en Paraguay solo para la emisión de la cédula de identidad.

La gestión se debe efectuar a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), bajo un esquema de “ventanilla única” que integrará trámites migratorios, tributarios y de identificación, explicaron.

En palabras del propio ministro Marco Riquelme, se trata de un “trámite abreviado” para flexibilizar el proceso y con ello atraer inversiones a Paraguay, facilitando las gestiones a los extranjeros que deseen radicarse.

El mismo explicó a Mega TV que, como en cualquier otro caso, los solicitantes deben presentar todas las documentaciones requeridas para la expedición de la cédula de identidad y con ello acceder a la residencia permanente, exigencia que no se exceptúa bajo ningún sentido.

Esta serie de medidas excepcionales no implican “ceder soberanía”, sino fortalecer la atracción de capital extranjero y dinamizar la economía local, sostienen las autoridades.

El anuncio se da en un contexto de creciente aumento del interés por parte de extranjeros para instalarse de manera permanente en Paraguay. Según datos de Migraciones, el país pasó de 28.000 solicitudes de radicación en 2024 a más de 47.000 en 2025, con una proyección de alcanzar las 80.000 en el presente año.