El representante legal del emprendimiento Highlands, Gabriel Chase, confirmó que la justicia revocó la medida cautelar que les había favorecido anteriormente en su litigio judicial entablado contra el municipio de Atyrá.

Explicó que la Municipalidad les inhabilitó inicialmente la explotación de un pozo artesiano en Atyrá (para trasladar agua a un complejo hotelero en Ypacaraí) y alegó que esta decisión fue adoptada bajo presiones políticas, pese a que el proyecto contaba con permisos y estudios técnicos que avalan su funcionamiento.

Según explicó, la inhabilitación fue dispuesta por la Municipalidad sin motivación suficiente ni proporcionalidad, cuando el pozo estaba a punto de comenzar a operar para proveer agua potable a un barrio cerrado ubicado en Ypacaraí, en la entrada a la ciudad vecina de San Bernardino. “Se trata de un acto administrativo irregular, emitido por presión de sectores locales que buscan protagonismo político”, sostuvo a la 730 AM.

El letrado aseguró que esta extracción de agua iba a ser exclusivamente para consumo humano, por lo que rechazó las versiones que mencionaban que sería para rellenar la laguna artificial.

Detalló que recurrieron a la justicia ante la decisión del municipio y que el Tribunal de Cuentas, como medida provisoria, había habilitado el uso del pozo para evitar que residentes y trabajadores del complejo quedaran sin acceso al agua, un derecho consagrado constitucionalmente. No obstante, esa cautelar fue apelada por la municipalidad y la Corte resolvió ahora revocarla al considerar que anticipaba criterios propios de una sentencia definitiva.

El abogado aseguró que el litigio judicial aún no acabó, sino que solamente se decidió revocar la medida cautelar que beneficiaba a la empresa mientras duraba el análisis del caso. “El fondo de la cuestión aún no fue resuelto y se definirá cuando concluya el proceso contencioso”, aclaró.

En otro momento, Chase afirmó que el emprendimiento es el único en regla en la zona de Atyrá, con autorización de la ERSSAN, mientras que existen al menos 48 pozos clandestinos sin licencia ambiental ni permisos correspondientes en esa ciudad. Además, aseguró que estudios técnicos demuestran que la extracción no afecta al acuífero Caacupé.

La defensa también cuestionó la intervención del MADES, que abrió un sumario administrativo tras “denuncias infundadas”. Indicó que el estudio de impacto ambiental fue presentado y que el proyecto se encontraba en etapa previa a la comercialización del servicio, requisito para completar la documentación final.

Respecto al conflicto legal, Chase recordó que, tras otorgar permisos en noviembre de 2024 para la instalación de una cañería de impulsión de unos 8 kilómetros (obra que implicó una inversión cercana al millón de dólares), la municipalidad revocó la autorización y se destruyó la infraestructura. Por estos hechos, el concejal Wualberto Figueredo fue imputado por daños a obras construidas y la Fiscalía solicitó juicio oral. En paralelo, el emprendimiento promovió una demanda civil por USD 1,5 millones en concepto de daños y perjuicios.

El abogado sostuvo que detrás del conflicto hay “un grupo político que utiliza la bandera de la defensa del agua para frenar una inversión superior a USD 100 millones, integrada por capital paraguayo y extranjero bajo un fideicomiso con proyección a 10 años”.

Como parte de este proceso, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú avanza en su reconversión para convertirse en el Centro Nacional de Prevenidos, en línea con una política de ordenamiento, modernización y respeto a los derechos humanos.

Este emblemático establecimiento penitenciario atraviesa así en una transformación profunda, basada en la reconstrucción, restauración y remodelación de su infraestructura, con el objetivo de consolidarse como un espacio de dignidad, reinserción social y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Tras las recientes mejoras en el Pabellón Frontal Izquierdo – Planta Alta, anteriormente conocido por albergar celdas VIP y hoy convertido en áreas administrativas modernas y funcionales, las nuevas obras contemplan:

• Áreas administrativas• Servicios de sanidad• Espacios educativos• Sectores habitacionales• Áreas destinadas a visitas

OBRAS EN TODO EL PAÍS

El programa impulsado por el Ministerio de Justicia prevé intervenciones en los 19 centros penitenciarios del país, con el objetivo de modernizar y humanizar los espacios de reclusión, garantizando condiciones más adecuadas tanto para las personas privadas de libertad como para el personal penitenciario.

Un hecho de violencia contra la mujer se registró en el barrio Boquerón, donde resultó agresor un joven brasileño identificado como Gerson Moyses Benzecry.

Se encontraba en compañía de su pareja en el primer piso del Edificio Triunfo 4, según el relato el guardia se seguridad.

El brasileño comenzó a violentar a su pareja y posteriormente, la lanzó por la ventana de la habitación.

La mujer fue auxiliada por el guardia, quien logró retener al agresor hasta que llegó la Policía para aprehenderlo.

Los intervinientes hallaron varias evidencias, entre ellas una pistola calibre 32 con ocho cartuchos en el cargador y proyectiles calibre 38.

También incautaron marihuana y varias bolsitas con sustancias alucinógenas.

El joven será procesado por tentativa de feminicidio y por tenencia de las drogas y el arma.

En tanto que, la víctima fue derivada con lesiones hasta un centro asistencial.

El fiscal Jorge Escobar formuló imputación contra dos personas presuntamente involucradas en la comisión de los hechos punibles de perturbación de la paz pública y exposición a riesgos comunes.

Según los antecedentes, ambos imputados contaban con orden de detención, tras ser sindicados de haber detonado petardos dentro del campo de juego donde se encontraba entrenando el plantel del club Sportivo Luqueño.

La detención se concretó en horas de la mañana del jueves, sobre la calle Mariscal López, entre Tte. Herrero Bueno y José Molas, en la ciudad de Luque.

El 20 de marzo de 2026, alrededor de las 19:00 horas, el joven junto con otras personas no identificadas, se encontraban en el estadio de la Liga Luqueña de Fútbol, en el barrio 3 de Mayo de Luque, donde como hinchas del Club Sportivo Luqueño, arrojaron petardos contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

A consecuencia del hecho, el jugador Jonathan Ramos sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.

El 25 de marzo pasado un joven ya había sido imputado por la misma causa.