El ciudadano Carlos Rodríguez relató en entrevista con Radio 780 AM que el siniestro se produjo cuando el colectivo retrocedió bruscamente mientras aguardaba en una fila de vehículos en un semáforo, impactando contra el automóvil de su madre, que se encontraba detrás.

Según el denunciante, al intentar gestionar la reparación de los daños comenzaron las evasivas. “Tratamos de hablar de forma amistosa con la señora Camila y con su secretaria, pero dicen que el servicio está tercerizado y que no les corresponde hacerse cargo”, afirmó. Añadió que fueron derivados a otra persona que tampoco ofreció una solución.

Rodríguez sostuvo que el colectivo operaba con una ordenanza municipal de Capiatá, aunque realizaba itinerario en Ypané. Además, aseguró que el bus involucrado no figura dentro de la flota habilitada en la resolución que autoriza a 12 unidades.

Entre las supuestas irregularidades mencionó la omisión de auxilio, circulación fuera de su jurisdicción, falta de seguro y falta de habilitación municipal del interno que protagonizó el accidente.

“El vehículo quedó inutilizado y nadie se hace responsable. Se pasan la pelota”, lamentó.

El denunciante también afirmó que, en una de las pocas ocasiones en que logró comunicarse con la propietaria, esta habría mencionado tener vínculos con autoridades, incluyendo a una concejala y a responsables del área de tránsito, lo que dificultaría cualquier reclamo.

Incluso, señaló que les habrían propuesto presentar una nueva denuncia responsabilizando a otro ómnibus que sí contaría con seguro, alternativa que rechazaron.

En entrevista con el canal GEN, el ministro confirmó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) sigue llevando a cabo tareas de inteligencia para tratar de dar con el paradero de Almir de Brum, secuestrado en la zona de Canindeyú.

Si bien no pudo revelar mayores detalles por cuestiones de seguridad y con el objetivo de preservar la investigación, destacó que siguen de cerca el caso, tratando de llegar a un resultado favorable.

Te puede interesar: Familia de colono secuestrado vuelve a solicitar prueba de vida

Respecto al pedido de la familia de Brum para que las fuerzas de seguridad abandonen la zona, González reiteró que respetan dicha decisión. “Dejamos un espacio para que puedan contactarse eventualmente con los secuestradores, pero eso no quita que sigamos nuestra tarea de inteligencia”.

Tras llevarse a este colono, los autores dejaron un panfleto en el que afirman ser integrantes del EPP, versión que aún sigue en duda, ante la posibilidad de que se trate de criminales que utilizaron esa fachada con el fin de generar zozobra.

Leé también: Caso Almir: fuerzas de seguridad se retiran a pedido de familia, pero continúan investigando

“Todavía no tenemos certeza, todo conduciría a que se trate de este grupo criminal mal llamado EPP, pero tampoco los elementos de inteligencia aseveran que sean ellos”, refirió la autoridad.

La familia de Almir de Brum una vez más solicitó a los captores que puedan proveerles alguna prueba de vida, al transcurrir 20 días sin novedades en relación a su paradero.

Paulino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación, confirmaron las sentencias dictadas contra Joaquín Roa y Alberto Koube a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

En el caso de Roa, de momento no irá a la cárcel, pues durante este proceso ya cumplió con el plazo máximo de prisión preventiva, por tanto, podrá ir a la penitenciaría que le asignen, recién cuando la condena haya quedado firme y ejecutoriada.

Nota relacionada: Condenan al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y al empresario Alberto Koube

Entre agosto del 2013 y febrero del 2022 (dos gobiernos), Roa estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En ese cargo, según demostró la Fiscalía durante el juicio, Roa recibió beneficios económicos del empresario Alberto Koube Ayala a cambio de beneficiarlo con 11 licitaciones direccionadas en el marco del acuerdo entre ambos.

Uno de los bienes que recibió Roa a cambio de favorecer al Grupo Tapyracuai SA de Koube fue una embarcación de la marca Azimut AZ 42 valuada en 450.000 dólares.

El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Los hoy condenados se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos,

El Sub Crio. José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ma de Asunción, confirmó que este jueves en horas de la tarde llevaron a cabo una intervención policial en la zona del Mercado Municipal Nº 4.

Durante dicho procedimiento, los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Kia modelo Sportage sin chapa en actitud sospechosa, motivo por el que procedieron a la verificación de sus ocupantes.

Te puede interesar: Alerta de seguridad en CDE ante posible megaasalto a casa de cambios

Fue así como lograron incautar siete teléfonos celulares- la mayoría de la marca iPhone- que, según se presume, habrían sido hurtados. “Dijeron que llevaban los aparatos para reparación”, mencionó Cabañas a Ñanduti.

Los smartphones se encontraban envueltos en papel aluminio, método utilizado habitualmente por los criminales con el objetivo de evitar que emitan señales, dificultando así su rastreo.

Leé también: Asalto con explosivos en Naranjal: caen presuntos autores, preparaban otro golpe

Fueron detenidos Elías Abel Ortiz Insfrán (24), Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36) y Darío de Jesús Sotomayor Flores (24). Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Por decisión del fiscal Alcides Corbalán, estos sujetos fueron puestos nuevamente en libertad, debido a que no existían denuncias formales en contra de los mismos.