El asesor jurídico de la institución, Hugo Vergara, confirmó la información a radio Ñandutí y explicó que, conforme al régimen disciplinario interno, al recibirse una denuncia se activa un procedimiento especial que contempla una etapa investigativa inicial.

“Se abre una investigación preliminar que puede culminar con la recomendación de sumario y eventualmente con la adopción de medidas preventivas si correspondiese”, señaló. Actualmente, la Facultad se encuentra en esa fase, que incluye la citación del denunciante y la recolección de elementos probatorios para esclarecer los hechos.

Según detalló Vergara, el denunciante presentó una nota formal en la mesa de entrada de la institución relatando los supuestos hechos ocurridos durante su etapa como estudiante y por los cuales se considera agraviado. Indicó que desconoce si la presunta víctima también radicó denuncia ante la Policía o el Ministerio Público.

El procedimiento interno contempla la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como la suspensión del docente, dependiendo de la gravedad del caso. Posteriormente, de reunirse elementos suficientes, se elevará el expediente a sumario, instancia en la que el docente podrá ejercer su defensa y un juez sumariante determinará la eventual responsabilidad administrativa.

Vergara aclaró que el proceso en el ámbito académico es independiente de cualquier investigación penal que pudiera impulsarse si el caso llega al Ministerio Público.

Mientras tanto, el docente continúa en funciones, teniendo en cuenta que las clases aún no se iniciaron.

El asesor jurídico afirmó que, al menos en los años en los que le tocó desempeñarse en la Facultad de Filosofía, no existen antecedentes de una denuncia similar dentro de la unidad académica.

Por su parte, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNA (CEFIL) expresó su “más enérgico repudio” ante cualquier forma de acoso, violencia o abuso de poder dentro del ámbito universitario. El gremio estudiantil manifestó su solidaridad con quienes pudieran haberse visto afectados y anunció que elevará una nota formal a las autoridades solicitando que se adopten las medidas correspondientes, con seriedad y respeto al debido proceso.

Asimismo, instó a los estudiantes a no guardar silencio y a utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier situación irregular, reafirmando su compromiso con una universidad libre de violencia y basada en el respeto y la dignidad.

En entrevista con el canal GEN, el ministro confirmó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) sigue llevando a cabo tareas de inteligencia para tratar de dar con el paradero de Almir de Brum, secuestrado en la zona de Canindeyú.

Si bien no pudo revelar mayores detalles por cuestiones de seguridad y con el objetivo de preservar la investigación, destacó que siguen de cerca el caso, tratando de llegar a un resultado favorable.

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Respecto al pedido de la familia de Brum para que las fuerzas de seguridad abandonen la zona, González reiteró que respetan dicha decisión. “Dejamos un espacio para que puedan contactarse eventualmente con los secuestradores, pero eso no quita que sigamos nuestra tarea de inteligencia”.

Tras llevarse a este colono, los autores dejaron un panfleto en el que afirman ser integrantes del EPP, versión que aún sigue en duda, ante la posibilidad de que se trate de criminales que utilizaron esa fachada con el fin de generar zozobra.

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“Todavía no tenemos certeza, todo conduciría a que se trate de este grupo criminal mal llamado EPP, pero tampoco los elementos de inteligencia aseveran que sean ellos”, refirió la autoridad.

La familia de Almir de Brum una vez más solicitó a los captores que puedan proveerles alguna prueba de vida, al transcurrir 20 días sin novedades en relación a su paradero.

Paulino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación, confirmaron las sentencias dictadas contra Joaquín Roa y Alberto Koube a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

En el caso de Roa, de momento no irá a la cárcel, pues durante este proceso ya cumplió con el plazo máximo de prisión preventiva, por tanto, podrá ir a la penitenciaría que le asignen, recién cuando la condena haya quedado firme y ejecutoriada.

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Entre agosto del 2013 y febrero del 2022 (dos gobiernos), Roa estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En ese cargo, según demostró la Fiscalía durante el juicio, Roa recibió beneficios económicos del empresario Alberto Koube Ayala a cambio de beneficiarlo con 11 licitaciones direccionadas en el marco del acuerdo entre ambos.

Uno de los bienes que recibió Roa a cambio de favorecer al Grupo Tapyracuai SA de Koube fue una embarcación de la marca Azimut AZ 42 valuada en 450.000 dólares.

El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Los hoy condenados se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos,

El Sub Crio. José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ma de Asunción, confirmó que este jueves en horas de la tarde llevaron a cabo una intervención policial en la zona del Mercado Municipal Nº 4.

Durante dicho procedimiento, los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Kia modelo Sportage sin chapa en actitud sospechosa, motivo por el que procedieron a la verificación de sus ocupantes.

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Fue así como lograron incautar siete teléfonos celulares- la mayoría de la marca iPhone- que, según se presume, habrían sido hurtados. “Dijeron que llevaban los aparatos para reparación”, mencionó Cabañas a Ñanduti.

Los smartphones se encontraban envueltos en papel aluminio, método utilizado habitualmente por los criminales con el objetivo de evitar que emitan señales, dificultando así su rastreo.

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Fueron detenidos Elías Abel Ortiz Insfrán (24), Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36) y Darío de Jesús Sotomayor Flores (24). Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Por decisión del fiscal Alcides Corbalán, estos sujetos fueron puestos nuevamente en libertad, debido a que no existían denuncias formales en contra de los mismos.