El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, confirmó que incluirá en el orden del día del miércoles 4 de marzo, el acuerdo de la Unión Europea - Mercosur y como una adenda, el acuerdo SOFA (Status of Force Agreement) Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas.

Ambos proyectos llegarán mañana con sus respectivos dictámenes, ya que el canciller se reunió con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores para evacuar las dudas.

“Tener un acuerdo con el país que se llama Estados Unidos, creo que nos beneficia ya nombrando solamente al país, es el faro democrático que tenemos en el mundo. Acuérdense que en el periodo anterior apoyábamos mucho lo que venía de EE.UU., ahora nomás algunos cambian”, opinó Núñez.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, antes de ingresar a la reunión con los legisladores, explicó que, al margen de la decisión tomada por el Parlamento Europeo, que envió el documento a la Corte de Justicia , no obstante, la Comisión Europea anunció la aplicación provisoria del instrumento, hasta tanto se destrabe la situación.

En cuanto al acuerdo SOFA, el canciller respondió que esta es la segunda vez que concurre al congreso, la primera fue en receso parlamentario, pero que hoy vuelve para aclarar lo que fuera necesario.

A través del Acuerdo de Estatuto de Fuerzas, el Paraguay recibirá la capacitación de sus fuerzas públicas por parte del Comando Sur de Estados Unidos . La inversión de USD 11 millones se ejecutará en un plazo de cinco años y permitirá fortalecer la seguridad, así como el combate al crimen organizado.

En tanto, el pacto Mercosur-UE, que llevó más de 25 años de estudio y discusión, crea la zona de comercio más grande del mundo, además de fomentar inversiones, abaratar costos y generar empleos.

En entrevista con el canal GEN, el ministro confirmó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) sigue llevando a cabo tareas de inteligencia para tratar de dar con el paradero de Almir de Brum, secuestrado en la zona de Canindeyú.

Si bien no pudo revelar mayores detalles por cuestiones de seguridad y con el objetivo de preservar la investigación, destacó que siguen de cerca el caso, tratando de llegar a un resultado favorable.

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Respecto al pedido de la familia de Brum para que las fuerzas de seguridad abandonen la zona, González reiteró que respetan dicha decisión. “Dejamos un espacio para que puedan contactarse eventualmente con los secuestradores, pero eso no quita que sigamos nuestra tarea de inteligencia”.

Tras llevarse a este colono, los autores dejaron un panfleto en el que afirman ser integrantes del EPP, versión que aún sigue en duda, ante la posibilidad de que se trate de criminales que utilizaron esa fachada con el fin de generar zozobra.

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“Todavía no tenemos certeza, todo conduciría a que se trate de este grupo criminal mal llamado EPP, pero tampoco los elementos de inteligencia aseveran que sean ellos”, refirió la autoridad.

La familia de Almir de Brum una vez más solicitó a los captores que puedan proveerles alguna prueba de vida, al transcurrir 20 días sin novedades en relación a su paradero.

Paulino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, integrantes del Tribunal de Apelación, confirmaron las sentencias dictadas contra Joaquín Roa y Alberto Koube a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

En el caso de Roa, de momento no irá a la cárcel, pues durante este proceso ya cumplió con el plazo máximo de prisión preventiva, por tanto, podrá ir a la penitenciaría que le asignen, recién cuando la condena haya quedado firme y ejecutoriada.

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Entre agosto del 2013 y febrero del 2022 (dos gobiernos), Roa estuvo al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En ese cargo, según demostró la Fiscalía durante el juicio, Roa recibió beneficios económicos del empresario Alberto Koube Ayala a cambio de beneficiarlo con 11 licitaciones direccionadas en el marco del acuerdo entre ambos.

Uno de los bienes que recibió Roa a cambio de favorecer al Grupo Tapyracuai SA de Koube fue una embarcación de la marca Azimut AZ 42 valuada en 450.000 dólares.

El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Los hoy condenados se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos,

El Sub Crio. José Cabañas, subjefe de la Comisaría 7ma de Asunción, confirmó que este jueves en horas de la tarde llevaron a cabo una intervención policial en la zona del Mercado Municipal Nº 4.

Durante dicho procedimiento, los agentes policiales divisaron una camioneta de la marca Kia modelo Sportage sin chapa en actitud sospechosa, motivo por el que procedieron a la verificación de sus ocupantes.

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Fue así como lograron incautar siete teléfonos celulares- la mayoría de la marca iPhone- que, según se presume, habrían sido hurtados. “Dijeron que llevaban los aparatos para reparación”, mencionó Cabañas a Ñanduti.

Los smartphones se encontraban envueltos en papel aluminio, método utilizado habitualmente por los criminales con el objetivo de evitar que emitan señales, dificultando así su rastreo.

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Fueron detenidos Elías Abel Ortiz Insfrán (24), Francisco Javier Cuquejo Gavilán (36) y Darío de Jesús Sotomayor Flores (24). Dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

Por decisión del fiscal Alcides Corbalán, estos sujetos fueron puestos nuevamente en libertad, debido a que no existían denuncias formales en contra de los mismos.