El informe concluye que el desenlace del caso no fue producto de un solo error, sino de una serie de fallas en distintos niveles del sistema de salud, desde la clasificación inicial del paciente hasta la disponibilidad de equipos e insumos.

Según explicó el superintendente Roberto Melgarejo, Vázquez ingresó el 26 de enero a las 11:39 al servicio de urgencias del IPS Ingavi con dolor torácico intenso, un síntoma considerado de alto riesgo cardiovascular.

Sin embargo, fue clasificado en triage con “código verde”, lo que indica un caso no urgente. “Esa fue la primera falencia, porque se trataba de un cuadro compatible con síndrome coronario agudo”, señaló.

Debido a esa clasificación errónea, el paciente no fue sometido de inmediato a un electrocardiograma, estudio que recién se realizó dos horas y 21 minutos después, cuando el estándar internacional establece un máximo de 10 minutos.

La demora se produjo además porque los tres equipos de electrocardiograma del área de urgencias no funcionaban, por lo que el paciente debió ser trasladado a otro sector con un equipo tercerizado.

Tras confirmarse el infarto, el paciente recibió un tratamiento de trombólisis a las 15:00, es decir 3 horas y 21 minutos después de su ingreso, cuando las guías médicas recomiendan que el tiempo “puerta-aguja” no supere los 30 minutos.

El medicamento no logró revertir el cuadro, lo que obligaba a realizar con urgencia un cateterismo coronario. Vázquez fue trasladado al Hospital Central del IPS e ingresó al área de urgencias a las 22:00 del mismo día.

Un cardiólogo recomendó su ingreso inmediato a la unidad coronaria, debido al riesgo de arritmias, pero la auditoría constató que el paciente fue derivado a clínica médica, sin registro de internación en una unidad de cuidados críticos.

El procedimiento tampoco pudo realizarse esa noche porque los médicos de guardia del servicio de hemodinamia no respondieron los mensajes enviados por el personal de internación. Es decir, no estaban en su lugar de trabajo.

Al día siguiente, el 27 de enero, se volvió a indicar el cateterismo, pero la intervención fue suspendida debido a falta de insumos en el hospital, por lo que los familiares debieron comprarlos. Los familiares habían contado que tuvieron que desembolsar G. 11 millones para esta compra.

Una vez entregados los materiales a las 12:30, el paciente ingresó al quirófano a las 13:00, pero el procedimiento volvió a suspenderse debido a una falla en el angiógrafo.

Finalmente, el cateterismo pudo realizarse recién a las 19:00 del 28 de enero, más de 48 horas después de su indicación urgente.

El informe también revela graves problemas en la gestión del equipamiento. El servicio funcionaba con un solo angiógrafo operativo, ya que el segundo equipo estaba fuera de servicio desde diciembre de 2025.

Además, el contrato de mantenimiento de los equipos había vencido el 18 de diciembre de 2025, sin que se gestionara su renovación a tiempo.

Las fallas técnicas también estaban asociadas a fluctuaciones eléctricas y deficiencias en el sistema de climatización, lo que generaba reinicios constantes y problemas en la calidad de imagen del equipo.

Respecto a los médicos, Melgarejo agregó que durante una visita sorpresa realizada por los auditores también se detectó la ausencia del personal médico en su guardia. “Cuando hicimos una visita relámpago, los médicos no estaban. Aparecieron 22 minutos después diciendo que estaban cenando”, relató a radio Ñanduti.

La auditoría concluye que la muerte de Vázquez se produjo por “una tormenta perfecta de fallas”: errores en el triage y demoras clínicas, problemas de coordinación entre servicios, fallas en equipos críticos, contratos de mantenimiento vencidos, procesos administrativos demorados y desabastecimiento de insumos.

El informe aclara que el análisis tiene carácter técnico-institucional y no constituye un peritaje judicial ni determina responsabilidades penales o disciplinarias individuales. Sin embargo, identifica graves debilidades estructurales en el sistema de atención del hospital, por lo que realiza una serie de recomendaciones, entre ellas que se haga un sumario para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el presidente Santiago Peña confirmó la designación del médico Isaías Ricardo Fretes como nuevo titular de la previsional.

“Damos un paso firme para fortalecer al IPS. He designado como presidente al Prof. Dr. Isaías Ricardo Fretes”, anunció el mandatario.

Peña destacó la trayectoria de Fretes, a quien describió como “un médico con una vida dedicada a formar, servir y transformar la salud en Paraguay”.

Según el mandatario, su experiencia será clave en IPS. “Su experiencia y compromiso serán fundamentales para ordenar, mejorar y humanizar la institución. Porque sabemos que falta mucho por hacer, por eso estamos avanzando con decisiones estructurales”, resaltó.

La salida del ahora extitular del IPS, Jorge Brítez, se da en un contexto marcado por los reclamos de asegurados por la falta de medicamentos, insumos y problemas estructurales dentro del sistema.

El fin de semana, grupos de asegurados y docentes se manifestaron frente al Hospital Central del IPS y otras sedes de la insititución para exigir mejoras en el sistema de salud previsional.

Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), confirmó que desde dicho sector se encuentran preocupados ante la seguidilla de robos de tirzepatida en distintos puntos del país.

El último golpe se concretó en la jornada de ayer, luego de que una banda de delincuentes asaltara un camión transportador sobre la Ruta PY02 y se llevara más de 3.000 dosis de este medicamento adelgazante. Parte del cargamento fue recuperado horas después en la ciudad de Paraguarí.

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“Este es un producto de cadena de frío, por lo cual es muy delicado”, manifestó en entrevista con el canal GEN, confirmando que existe un software que permite hacer una trazabilidad para determinar si se respetó esa cadena de refrigeración.

El representante de CIFARMA admitió que la alta demanda de adelgazantes existente en Brasil hace que la tirzepatida sea el “producto estrella”, siendo comercializado a costos mucho más elevados en el vecino país, donde ingresan de forma ilegal.

Destacó el trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para contrarrestar la comercialización desmedida y sin control de este tipo de fármacos en el mercado nacional, además de detectar cualquier producto falsificado.

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La cámara ya hizo un pedido formal a la Policía Nacional para brindar resguardo a los cargamentos transportados, sin embargo, “nada parece ser suficiente” contra la inseguridad reinante, según sus propias palabras.

“Vemos con preocupación porque hay un auge en estos casos, pero seguimos trabajando para ver cómo podemos minimizar estos riesgos”, añadió Ávila.

Los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza rechazaron el recurso de apelación planteado por la defensa por “no poseer entidad suficiente para enervar la resolución recurrida”.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Escobar, consiguió que el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera confirmara la condena de 40 años de cárcel para Víctor Cantero Sánchez por feminicidio y aborto.

El crimen se registró en la Villa Serrana y tuvo como víctima a la pareja del condenado, quien cursaba un embarazo de siete meses.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ángela Jara e integrado por los magistrados Cristel Müller de Peralta y Augusto Acuña, condenó al hombre a 30 años de prisión, más 10 años de medida de seguridad, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el cuerpo de la víctima fue hallado calcinado y desmembrado en una zona del cerro Cristo Rey de Caacupé.

María Ramona y Víctor Cantero mantenían una relación desde 2016, pese a que él convivía con otra mujer. El embarazo de la víctima habría detonado el ataque fatal.

Conforme a la investigación, el condenado cometió el hecho debido a que mantenía una nueva relación sentimental y no deseaba que la víctima continuara interfiriendo en su vida.

La mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 2 de julio de 2023, luego de no regresar a su vivienda ubicada en la ciudad de Altos. Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron finalmente localizados en el cerro Cristo Rey, como resultado de un minucioso trabajo investigativo que incluyó declaraciones testificales, análisis de imágenes de circuito cerrado y el estudio del tráfico de datos de las líneas telefónicas utilizadas por los involucrados.