Durante su exposición ante los jueces, la representante del Ministerio Público recordó que Giuzzio se desempeñó como ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022, periodo en el que se habrían producido los hechos investigados.

Según la acusación, el entonces secretario de Estado mantuvo contacto frecuente con el ciudadano brasileño, quien administraba la empresa Black Eagle Group SA, dedicada al blindaje de vehículos, mantenimiento de unidades blindadas, alquiler de móviles de seguridad y venta de materiales de protección.

De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones entre Giuzzio y Marques de Padua se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En ese contexto, el 16 de agosto de 2021 el entonces ministro habría aceptado la oferta del empresario para enviar hasta Ciudad del Este una camioneta blindada Santa Fe, con chapa AAY 082, con el objetivo de realizar mantenimiento de suspensión, revisión del blindaje y retoques de pintura sin costo.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Giuzzio también habría aceptado servicios de reparación y blindaje de otro vehículo asignado al Ministerio del Interior para la llegada de un agregado de la Policía de Israel. Según la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2021 igualmente se habría concretado la reparación de un móvil de la FOPE.

La fiscala también mencionó que el 26 de diciembre de 2021 Giuzzio solicitó ayuda al empresario brasileño para un viaje familiar de vacaciones, tras lo cual recibió en préstamo gratuito una camioneta blindada. El vehículo habría sido devuelto el 19 de enero del año siguiente.

Según la hipótesis del Ministerio Público, estos beneficios se habrían ofrecido a cambio de favorecer posteriormente a la empresa Black Eagle Group en procesos de contratación pública vinculados a la provisión de chalecos antibalas y blindaje de vehículos para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso que ya existían tratativas para concretar esos negocios. Entre las evidencias citadas figuran mensajes de noviembre de 2021 en los que el empresario informaba que se encontraba en Asunción con muestras de materiales para pruebas balísticas de chalecos antibalas.

Además, Giuzzio habría acudido junto con el comisario general Pablo René Ríos a las oficinas de la empresa para observar demostraciones de los chalecos. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el entonces ministro participó junto a Marques de Padua en pruebas balísticas realizadas en el polígono de tiro de la FOPE.

Para el Ministerio Público, estas gestiones constituían parte de un esquema para direccionar futuras adjudicaciones a favor de la empresa del ciudadano brasileño, lo que contravendría las disposiciones de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

No obstante, las negociaciones no llegaron a concretarse, ya que Marques de Padua fue detenido el 15 de febrero de 2022, lo que interrumpió las tratativas para convertir a la firma en proveedora del Estado.

La Fiscalía sostiene que las pruebas documentales, mensajes y testimonios presentados durante el juicio demostrarían que Giuzzio aceptó beneficios indebidos en el marco de esas gestiones, conducta que implicaría la violación de sus deberes como funcionario público.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el presidente Santiago Peña confirmó la designación del médico Isaías Ricardo Fretes como nuevo titular de la previsional.

“Damos un paso firme para fortalecer al IPS. He designado como presidente al Prof. Dr. Isaías Ricardo Fretes”, anunció el mandatario.

Peña destacó la trayectoria de Fretes, a quien describió como “un médico con una vida dedicada a formar, servir y transformar la salud en Paraguay”.

Según el mandatario, su experiencia será clave en IPS. “Su experiencia y compromiso serán fundamentales para ordenar, mejorar y humanizar la institución. Porque sabemos que falta mucho por hacer, por eso estamos avanzando con decisiones estructurales”, resaltó.

La salida del ahora extitular del IPS, Jorge Brítez, se da en un contexto marcado por los reclamos de asegurados por la falta de medicamentos, insumos y problemas estructurales dentro del sistema.

El fin de semana, grupos de asegurados y docentes se manifestaron frente al Hospital Central del IPS y otras sedes de la insititución para exigir mejoras en el sistema de salud previsional.

Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), confirmó que desde dicho sector se encuentran preocupados ante la seguidilla de robos de tirzepatida en distintos puntos del país.

El último golpe se concretó en la jornada de ayer, luego de que una banda de delincuentes asaltara un camión transportador sobre la Ruta PY02 y se llevara más de 3.000 dosis de este medicamento adelgazante. Parte del cargamento fue recuperado horas después en la ciudad de Paraguarí.

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“Este es un producto de cadena de frío, por lo cual es muy delicado”, manifestó en entrevista con el canal GEN, confirmando que existe un software que permite hacer una trazabilidad para determinar si se respetó esa cadena de refrigeración.

El representante de CIFARMA admitió que la alta demanda de adelgazantes existente en Brasil hace que la tirzepatida sea el “producto estrella”, siendo comercializado a costos mucho más elevados en el vecino país, donde ingresan de forma ilegal.

Destacó el trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para contrarrestar la comercialización desmedida y sin control de este tipo de fármacos en el mercado nacional, además de detectar cualquier producto falsificado.

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La cámara ya hizo un pedido formal a la Policía Nacional para brindar resguardo a los cargamentos transportados, sin embargo, “nada parece ser suficiente” contra la inseguridad reinante, según sus propias palabras.

“Vemos con preocupación porque hay un auge en estos casos, pero seguimos trabajando para ver cómo podemos minimizar estos riesgos”, añadió Ávila.

Los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza rechazaron el recurso de apelación planteado por la defensa por “no poseer entidad suficiente para enervar la resolución recurrida”.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Escobar, consiguió que el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera confirmara la condena de 40 años de cárcel para Víctor Cantero Sánchez por feminicidio y aborto.

El crimen se registró en la Villa Serrana y tuvo como víctima a la pareja del condenado, quien cursaba un embarazo de siete meses.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ángela Jara e integrado por los magistrados Cristel Müller de Peralta y Augusto Acuña, condenó al hombre a 30 años de prisión, más 10 años de medida de seguridad, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el cuerpo de la víctima fue hallado calcinado y desmembrado en una zona del cerro Cristo Rey de Caacupé.

María Ramona y Víctor Cantero mantenían una relación desde 2016, pese a que él convivía con otra mujer. El embarazo de la víctima habría detonado el ataque fatal.

Conforme a la investigación, el condenado cometió el hecho debido a que mantenía una nueva relación sentimental y no deseaba que la víctima continuara interfiriendo en su vida.

La mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 2 de julio de 2023, luego de no regresar a su vivienda ubicada en la ciudad de Altos. Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron finalmente localizados en el cerro Cristo Rey, como resultado de un minucioso trabajo investigativo que incluyó declaraciones testificales, análisis de imágenes de circuito cerrado y el estudio del tráfico de datos de las líneas telefónicas utilizadas por los involucrados.