Por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la CDIA presentó su boletín estadístico preparado por su observatorio, con datos recabados de la Fiscalía, Ministerio de la Niñez y otras instituciones.

Solo en 2025 se registraron 37.825 víctimas de violencia, según datos del Ministerio Público, una cifra que refleja que en los últimos diez años los casos denunciados casi se cuadruplicaron. La mayoría de las víctimas son mujeres, y la violencia también impacta en niñas, niños y adolescentes que viven en entornos familiares violentos.

El boletín también advierte sobre la persistencia de la forma más extrema de violencia de género: el feminicidio. El año pasado se registraron 37 casos, entre ellos 7 adolescentes, y en lo que va del 2026 ya suman 9 casos.

Además, el informe destaca la magnitud de las uniones tempranas. Según el último Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, 10.055 niñas y adolescentes viven en matrimonios y uniones, situaciones que las exponen a embarazos tempranos, abandono escolar y mayores riesgos de violencia.

Entre las niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, el principal motivo registrado es “motivos familiares”, seguido por la falta de recursos en el hogar y la ausencia de instituciones cercanas. Además, se identificaron 10.136 niñas y adolescentes trabajando como empleadas domésticas, pese a que la ley prohíbe este tipo de trabajo antes de los 18 años.

Para la CDIA, estas cifras dejan en evidencia que las desigualdades de género se reproducen desde la niñez y adolescencia, por lo que resulta urgente fortalecer políticas públicas que prevengan las violencias, erradiquen las uniones tempranas y garanticen el acceso a la educación y a condiciones de vida dignas para niñas y adolescentes.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el presidente Santiago Peña confirmó la designación del médico Isaías Ricardo Fretes como nuevo titular de la previsional.

“Damos un paso firme para fortalecer al IPS. He designado como presidente al Prof. Dr. Isaías Ricardo Fretes”, anunció el mandatario.

Peña destacó la trayectoria de Fretes, a quien describió como “un médico con una vida dedicada a formar, servir y transformar la salud en Paraguay”.

Según el mandatario, su experiencia será clave en IPS. “Su experiencia y compromiso serán fundamentales para ordenar, mejorar y humanizar la institución. Porque sabemos que falta mucho por hacer, por eso estamos avanzando con decisiones estructurales”, resaltó.

La salida del ahora extitular del IPS, Jorge Brítez, se da en un contexto marcado por los reclamos de asegurados por la falta de medicamentos, insumos y problemas estructurales dentro del sistema.

El fin de semana, grupos de asegurados y docentes se manifestaron frente al Hospital Central del IPS y otras sedes de la insititución para exigir mejoras en el sistema de salud previsional.

Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), confirmó que desde dicho sector se encuentran preocupados ante la seguidilla de robos de tirzepatida en distintos puntos del país.

El último golpe se concretó en la jornada de ayer, luego de que una banda de delincuentes asaltara un camión transportador sobre la Ruta PY02 y se llevara más de 3.000 dosis de este medicamento adelgazante. Parte del cargamento fue recuperado horas después en la ciudad de Paraguarí.

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“Este es un producto de cadena de frío, por lo cual es muy delicado”, manifestó en entrevista con el canal GEN, confirmando que existe un software que permite hacer una trazabilidad para determinar si se respetó esa cadena de refrigeración.

El representante de CIFARMA admitió que la alta demanda de adelgazantes existente en Brasil hace que la tirzepatida sea el “producto estrella”, siendo comercializado a costos mucho más elevados en el vecino país, donde ingresan de forma ilegal.

Destacó el trabajo que viene realizando la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para contrarrestar la comercialización desmedida y sin control de este tipo de fármacos en el mercado nacional, además de detectar cualquier producto falsificado.

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La cámara ya hizo un pedido formal a la Policía Nacional para brindar resguardo a los cargamentos transportados, sin embargo, “nada parece ser suficiente” contra la inseguridad reinante, según sus propias palabras.

“Vemos con preocupación porque hay un auge en estos casos, pero seguimos trabajando para ver cómo podemos minimizar estos riesgos”, añadió Ávila.

Los camaristas Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza rechazaron el recurso de apelación planteado por la defensa por “no poseer entidad suficiente para enervar la resolución recurrida”.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Escobar, consiguió que el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera confirmara la condena de 40 años de cárcel para Víctor Cantero Sánchez por feminicidio y aborto.

El crimen se registró en la Villa Serrana y tuvo como víctima a la pareja del condenado, quien cursaba un embarazo de siete meses.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ángela Jara e integrado por los magistrados Cristel Müller de Peralta y Augusto Acuña, condenó al hombre a 30 años de prisión, más 10 años de medida de seguridad, tras comprobar su responsabilidad en la muerte de la mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el cuerpo de la víctima fue hallado calcinado y desmembrado en una zona del cerro Cristo Rey de Caacupé.

María Ramona y Víctor Cantero mantenían una relación desde 2016, pese a que él convivía con otra mujer. El embarazo de la víctima habría detonado el ataque fatal.

Conforme a la investigación, el condenado cometió el hecho debido a que mantenía una nueva relación sentimental y no deseaba que la víctima continuara interfiriendo en su vida.

La mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares el 2 de julio de 2023, luego de no regresar a su vivienda ubicada en la ciudad de Altos. Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron finalmente localizados en el cerro Cristo Rey, como resultado de un minucioso trabajo investigativo que incluyó declaraciones testificales, análisis de imágenes de circuito cerrado y el estudio del tráfico de datos de las líneas telefónicas utilizadas por los involucrados.