El defensor explicó al canal GEN que la decisión del senador de solicitar permiso en el cargo fue voluntaria y responde a una estrategia para continuar sometiéndose al proceso judicial sin afectar la imagen institucional.

“El Tribunal de Sentencia no puso ninguna condicionante para que el senador renuncie. Ellos tampoco tienen facultad para hacerle perder la investidura, porque eso es competencia exclusiva de la Cámara de Senadores”, afirmó.

Tras conocerse la sentencia en su contra por lavado de dinero y asociación criminal, Galeano solicitó permiso sin goce de dieta ante el presidente del Senado, Basilio Núñez, amparándose en el reglamento interno de la Cámara.

El legislador argumentó además lo establecido en el Constitución Nacional del Paraguay, específicamente el principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona es considerada inocente hasta que exista una sentencia firme.

De acuerdo con su defensa, la intención del senador es apartarse temporalmente de sus funciones mientras continúa el proceso judicial.

“Él decide pedir permiso para no generar ningún tipo de daño a la imagen del Congreso ni de las instituciones”, sostuvo Estigarribia.

El abogado también explicó la diferencia entre los fueros parlamentarios y la inmunidad que tienen los legisladores. Recordó que Galeano ya había renunciado a sus fueros al inicio del proceso para permitir que avance la investigación penal en su contra.

“Los fueros sirven para evitar que un legislador sea procesado. En cambio, la inmunidad parlamentaria evita que sea detenido mientras esté en funciones”, explicó.

En ese sentido, citó el artículo 191 de la Constitución, que establece que ningún senador o diputado puede ser detenido desde el día de su elección hasta el final de su mandato, salvo que la propia Cámara decida retirarle esa protección.

El abogado cuestionó además la decisión del tribunal de condicionar el cumplimiento de la pena a que la sentencia quede firme o a que el senador pierda su condición de legislador.

A su criterio, esa determinación traslada al Congreso una decisión que debería ser estrictamente judicial. “Es la primera vez que vemos que una resolución judicial termina dependiendo del Poder Legislativo. El tribunal debió asumir la responsabilidad de ordenar la prisión o disponer la libertad”, afirmó.

Según indicó, esa situación evidencia que el juicio tuvo una fuerte carga política y mediática.

Estigarribia explicó que la sentencia contra Galeano aún puede ser apelada y que la eventual prisión solo podría ejecutarse cuando la condena quede firme y ejecutoriada, es decir, cuando ya no existan recursos judiciales pendientes.

En caso de que el senador sea absuelto en instancias posteriores, podría levantar su permiso y retomar su banca en el Senado. “Si la condena se confirma y queda firme, seguramente presentará su renuncia”, sostuvo.

Un tribunal de sentencia condenó a Galeano a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, una pena menor a los 17 años solicitados por el Ministerio Público.

Según la investigación, el legislador habría participado en una operación de lavado de dinero mediante la venta de una vivienda en el complejo Aqua Village por un millón de dólares, presuntamente pagados en efectivo.

Además, la Fiscalía sostuvo que el senador habría facilitado su aeronave al grupo criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán, presuntamente para el traslado de sustancias ilícitas.

El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro, confirmó que desde España, una mujer denunció el secuestro de su hermana. Como prueba de vida recibió un video en el que se ve a su hermana esposada y encapuchada en un lugar boscoso.

A partir de estos datos se inició una investigación en la que rastrearon el número de teléfono y finalmente allanaron esta mañana una vivienda ubicada en la ciudad de Artyrá, donde localizaron a la supuesta víctima, Zunilda Benítez (24), junto con Gabriel Martínez (28), ambos quedaron detenidos por simular el secuestro.

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“Hay conversaciones por Whatsapp en las que simulan ser integrantes del EPP los que tenían secuestrada a esa chica, entre 80 y 100 millones de guaraníes que pidieron por su libertad”, comentó el fiscal José Godoy, en un contacto con la 730 AM.

Los investigadores ya contactaron con la hermana que está en España y le comunicaron que la joven se encuentra a salvo y que fingió su secuestro. El caso tendría un trasfondo relacionado a la reciente venta de una propiedad.

El procedimiento buscó verificar los insumos entregados por la empresa adjudicada, la firma Neighpart S.A., y constatar las causas por las cuales la instalación de los quirófanos modulares quedó completamente paralizada.

Durante la constitución, el fiscal de la causa, Julio Ortiz, rechazó que su actuación sea un mero show, tal como argumentaron las defensas de los expresidentes del IPS que están imputados en la causa. “Ellos pueden decir lo que quieran, pero yo estoy haciendo mi trabajo para esclarecer el hecho. El trabajo de la Fiscalía es lo que va a demostrar la realidad. Nos constituimos para corroborar qué elementos proveyó la empresa y verificar el lugar donde tenían que haberse construido las obras”, aseveró.

Solo se entregaron equipos de climatización

El procedimiento contó con la presencia y asistencia técnica del arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, quien participó como asesor voluntario e inspeccionó la carga acopiada en el depósito. Masi aclaró que lo entregado hasta el momento por la contratista se limita únicamente a un sistema de aire acondicionado de alta complejidad y no a la estructura integral de las salas de cirugía.

Tras una nota presentada por la firma Neiphar, la empresa alegó haber percibido el 65% del contrato global de G. 61.000 millones.

Al detallar el motivo del cese de los trabajos en el séptimo piso del Hospital Central, el arquitecto Masi expuso una negligencia técnica elemental en la fase de planificación, la cual impidió el avance de las obras tras haber desmantelado las salas de cirugía operativas.

“Aca ocurrió lo básico de la construcción: no se hicieron los estudios preliminares de estructura. No figura en el pliego de bases y condiciones ni la empresa se tomó el trabajo de verificar si el edificio iba a soportar el peso de estos equipos. Vinieron, rompieron los 11 quirófanos del séptimo piso y después se dieron cuenta de que la estructura no aguantaba. Se tuvo que recurrir a patólogos de la construcción que informaron que para instalar eso había que reforzar el edificio desde la fundación, lo cual cuesta una fortuna”, cuestionó Masi.

Costos adicionales frenan la mudanza

Por su parte, la gerente de Abastecimiento del IPS, Cecilia Rodríguez, explicó las complicaciones financieras y logísticas que impiden reubicar el proyecto o avanzar en el predio secundario fijado como “Opción B”.

Para habilitar el nuevo espacio se requería mudar dos resonadores magnéticos. El traslado de uno de ellos implicaba un costo de USD 250.000 y el segundo USD 500.000, sumando una erogación extra de USD 750.000.

La obra en la zona alternativa también permanece parada a la espera de la readecuación de un puesto de distribución de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que interfiere con el paso de los camiones, trabajo presupuestado en otros G. 1.600 millones que el Consejo de Administración dejó en pausa.

Para el titular del MDS, se registraron avances muy importantes con los programas sociales , especialmente en la focalización para lograr resultados positivos y contribuir a la reducción de la pobreza, conforme a los datos proporcionados por el INE.

Tekoporâ y Adultos Mayores fueron determinantes para llegar a los más vulnerables, a criterio del ministro Rojas, quien, al ser consultado sobre las falencias, reconoció que todavía falta más.

“Hay que reconocer que indudablemente hay mucho por hacer; no nos vamos a conformar ni decir que estamos súper bien. Indudablemente, la clase media-baja sigue esperando mejora en la oportunidad de nivel de calidad de vida, y son compromisos que tenemos pendientes”, comentó Rojas, entrevistado por la 730 AM.

A pedido del presidente Santiago Peña, el Gobierno dialogará con la Iglesia. La reunión se realiza desde las 9:00 con los integrantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) en el Seminario Metropolitano de Asunción.