El jefe departamental recordó, en entrevista con GEN, que el acuerdo con los productores se firmó en octubre del año pasado, luego de un paro del sector, con autoridades del Gobierno de ese momento. En aquella ocasión participaron el entonces titular de Petropar, Eddie Jara, el entonces ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Según Sosa, tras ese compromiso se siguieron todos los procedimientos administrativos para impulsar la obra. El proceso incluyó un nuevo llamado a licitación que fue elevado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en diciembre y publicado oficialmente en enero.

El plan avanzaba con normalidad y la apertura de sobres estaba prevista para el 27 de febrero. Sin embargo, pocos días antes la empresa vinculada al proceso anterior, que había sido adjudicada por el abdismo pero que no terminó la obra, presentó una acción judicial que volvió a frenar el procedimiento.

“Dos o tres días antes la empresa EISA mete algo judicial y tranca el proceso”, explicó el gobernador, al señalar que el conflicto pasó al ámbito judicial, lo que escapa a la gestión directa de las autoridades.

Sosa sostuvo que el objetivo del Gobierno es destrabar la situación y cumplir con el reclamo histórico de los cañicultores de contar con un nuevo tren de molienda que permita mejorar la producción y el procesamiento de caña de azúcar en la planta de Troche.

El gobernador indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, autorizó la realización de un nuevo llamado a licitación para avanzar con el proyecto, aunque la judicialización volvió a paralizar el proceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen conversaciones con los productores para explicar el estado de las gestiones y buscar una salida al conflicto. Según Sosa, el tema también fue abordado recientemente por ministros del Ejecutivo que se reunieron con los cañicultores y se prevé que el caso sea analizado en el ámbito de la Presidencia.

El gobernador pidió además a los productores y a la ciudadanía “no tener memoria corta” y recordó que el conflicto se originó en el proceso licitatorio del periodo anterior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y que hasta hoy sigue generando trabas para concretar el proyecto.

La obra, adjudicada inicialmente a la empresa EISA (de Alberto Palumbo) y luego cedida a Ocho A S.A. (de Luis Alberto Pettengill), debía estar operativa en 2023 y permitir el aumento de la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez. La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

El proceso de construcción del nuevo tren de molienda en Troche estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Un informe de auditoría interna de 2023 realizado por Petropar, reveló anticipos millonarios otorgados para obras en la planta, que suman 38.440 millones de guaraníes, sin una verificación clara del avance.

Además, la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, realizada en el mismo año, expuso que durante el ejercicio fiscal 2022 se realizaron pagos por 41.815 millones de guaraníes por la instalación de la nueva línea de molienda, de los cuales 30.949 millones corresponden a trabajos inconclusos o sin evidencia de ejecución.

A su vez, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso una multa de 2,5 millones de dólares por las falencias y retrasos en la ejecución de las obras. El informe de verificación realizado por la DNCP concluyó que la planta no cumple con varios de los ítems establecidos en el contrato, a pesar de los millonarios desembolsos realizados.

El contrato inicial con EISA, firmado en 2021 bajo la administración de Denis Lichi, fue cuestionado desde el principio por su elevado costo, seis veces mayor que instalaciones similares en Brasil. La adjudicación fue por 195.299 millones de guaraníes (28,7 millones de dólares). Posteriormente, la empresa subcontrató a Ocho A S.A. para completar la obra, pero los problemas continuaron.

Según la Dirección de Meteorología, este sábado, la jornada irá de fresca a cálida; soplarán vientos del sector sureste, luego variables. La temperatura llegará a 28 °C.

Mañana, domingo, la mínima será de 22 °C y la máxima de 34 °C; el cielo estará mayormente nublado y soplarán vientos del sector noreste.

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El predominio del tiempo cálido llegará hasta el lunes con vientos del noreste y hasta 33 °C.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a bajar y los vientos soplarán desde el sector sur.

El acontecimiento reunió a una importante concurrencia de fieles y contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos y destacadas autoridades nacionales, quienes acompañaron el emotivo momento junto a representantes de la Arquidiócesis de Asunción.

Durante la jornada, los presentes destacaron el valor espiritual y cultural de la obra para la comunidad, no solo asuncena, sino de todo el país.

La nueva escultura se erige en un punto estratégico de la Costanera de Asunción, concebida no solo como un hito religioso, sino también como un espacio de encuentro y veneración para los miles de ciudadanos y visitantes que transitan a diario por la zona.

El monumento de bronce de 11 metros de altura es fruto de una labor conjunta entre la reconocida artista Ingrid Seall, encargada de esculpir la figura en bronce, y el ingeniero Roque Ardissone, responsable del diseño de la base metálica sobre la cual se erige el monumento.

Con la bendición oficial de la imagen, la feligresía católica dio inicio a las celebraciones principales en honor a la patrona de Asunción reafirmando una tradición de profundo arraigo histórico en el país en la víspera del aniversario de la capital paraguaya.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Johana Vega durante la última sesión extraordinaria. La legisladora enfatizó la necesidad de contar con datos actualizados para determinar la capacidad real de respuesta de los gobiernos locales y garantizar la protección de las comunidades más expuestas.

Entre los puntos centrales del requerimiento, se solicitó precisiones sobre las tareas de limpieza y mantenimiento en cauces hídricos, arroyos, canales, desagües pluviales y alcantarillados.

Además, se instó a los jefes municipales a identificar las zonas críticas de sus distritos y detallar los planes previstos para intervenir en caso de anegamientos y desbordes.

El pedido de informes abarca también la disponibilidad de recursos operativos, incluyendo la cantidad de personal capacitado, maquinaria pesada y presupuestos asignados exclusivamente a la gestión de emergencias. A su vez, las municipalidades deberán reportar el estado de sus albergues temporales, el funcionamiento de sus sistemas de alerta temprana y el esquema de asistencia inmediata a las familias vulnerables.

La resolución exige transparentar los mecanismos de coordinación entre las comunas, la Secretaría de Emergencia Nacional, las gobernaciones y otros organismos del Estado.

Con esta recopilación de datos, la Cámara Baja pretende detectar falencias estructurales y articular acciones legislativas o financieras que fortalezcan la gestión de riesgos a nivel municipal.