En la sesión ordinaria de la fecha, en el punto tres del orden del día, la Cámara de Senadores trató el proyecto que modifica el artículo 207 de la ley número 1680/2001 Código de la Niñez y Adolescencia.

La propuesta original plantea que la pena máxima para adolescentes infractores, que hoy es de 8 años, se eleve a 15 años para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común. De esta forma fue aprobada en su primer trámite constitucional, pero a su paso por la Cámara de Diputados sufrió un tijerazo que dejó la pena en 10 años.

Esa modificación fue nuevamente estudiada hoy en la Cámara de Senadores, donde el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Zacarías Irún, expuso y defendió el dictamen de rechazo a las modificaciones introducidas en Diputados y la ratificación de la sanción inicial.

Por su parte, Derlis Maidana, por la Comisión de Legislación, abogó por aceptar las modificaciones introducidas en Diputados. En el mismo sentido opinó la senadora Lizarella Valiente, por la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

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“Nuestro objetivo como Estado tiene que ser garantizar la reinserción, luego de una reeducación de este niño o adolescente; por eso nos acogemos a la versión de Diputados”, expresó.

Además, el senador Luis Pettengil solicitó incluir una tipificación para las penas por sicariato, de tal forma a desalentar la contratación de menores de edad para la ejecución de sicariatos.

Finalmente, el Senado se ratificó en su posición de elevar hasta 15 años las penas para los menores de edad. Fue por 25 votos a favor, uno en contra y una abstención. No votaron 11 legisladores. El texto regresa a la Cámara de Diputados.

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Impulsado por la legisladora Bettina Aguilera, el documento destaca la importancia estratégica de la muestra en su edición 2026.

El texto refiere que la ciudad de Areguá es ampliamente reconocida por su riqueza cultural, artesanal y turística, siendo, además, uno de los principales destinos del país durante la temporada de producción de frutillas.

En ese sentido, se menciona que la Expo Frutilla se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario turístico nacional, congregando anualmente a miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

Según la proyectista, la exposición constituye una valiosa oportunidad para que los productores locales y, en especial las productoras, comercialicen sus productos, generando ingresos que contribuyan al desarrollo económico de sus familias.

Asimismo, sostiene que dicho evento promueve buenas prácticas de nutrición con el consumo de la frutilla y de una amplia variedad de productos derivados, impulsando el emprendimiento, la innovación gastronómica y el fortalecimiento de los pequeños y medianos emprendimientos productivos.

La exposición también representa un importante espacio de promoción de la identidad cultural de Areguá, integrando manifestaciones artísticas, artesanales, gastronómicas y recreativas que enriquecen la oferta turística del país y fortalecen el patrimonio cultural nacional.

La Directora General de Protocolo y Ceremonial de la comuna, Tania Villalba, denunció ante el Juzgado al edil quien supuestamente la amedrentó al término de un acto oficial organizado para homenajear al arquero Orlando Gill.

“Me pone contra la pared del pasillo y me comienza a apuntar con el dedo diciéndome que por qué carajos no le atendí el teléfono, qué mierda me creo, que soy una inútil”, expresó Villalba durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media.

La gravedad del hecho escaló al punto de que un consejero de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), quien se encontraba en el lugar, tuvo que interponerse entre ambos, según señaló la afectada, confirmando que dicha persona ya prestó declaración en calidad de testigo.

Días después del altercado, el edil presentó una minuta ante la Junta Municipal donde, según el testimonio de Villalba, realizó nuevas amenazas, esta vez respaldado por otros concejales, dando lugar a un acalorado debate de más de 40 minutos.

A raíz de la divulgación del caso, la funcionaria aseguró que otros compañeros de diversas dependencias municipales se pusieron en contacto con ella para manifestar su apoyo y visibilizar un presunto patrón reiterado de conducta.

La Contraloría Ciudadana de CDE expuso públicamente presuntas irregularidades que involucran de manera directa a Gilda María Portillo Vera, de profesión abogada.

Esta profesional del derecho aparece contratada como “asesora” en la Municipalidad de Ciudad del Este, con un salario de G. 11.000.000, según consta en planillas oficiales.

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En su rol de abogada, la misma ejerce la representación legal del exintendente Miguel Prieto en el caso conocido como “Tajy”, además de otras causas penales que el mismo afronta ante la justicia.

En paralelo, Portillo también representa legalmente al actual concejal Sebastián Martínez Insfrán y el secretario general de la intendencia, Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, quienes enfrentan denuncias por corrupción al igual que Prieto.

“Llamativamente, andaba cobrando como asesora externa en la Municipalidad de Minga Guazú, cuando el intendente Diego Ríos aún pertenecía al partido de Miguel Prieto (Yo Creo), y desde febrero pasó a percibir honorarios profesionales como asesora en la Municipalidad de Ciudad del Este”, mencionó a Universo 970 AM Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana.

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El mismo habla de un “conflicto de intereses” por parte de Gilda Portillo, ya que aparece como funcionaria municipal y, a la par, defiende a dos personas acusadas de provocar un millonario perjuicio patrimonial al municipio, llegando incluso a ser imputados por lesión de confianza.

El equipo jurídico de la Contraloría Ciudadana se encuentra evaluando los aspectos legales del caso para determinar si corresponde impulsar una denuncia penal.