Fuente: La Caja Negra

El escandaloso caso evidencia que mediante un contrato leonino se desviaron fondos destinados a salud pública, dejando hospitales inconclusos y un perjuicio patrimonial para la previsional y los aportantes. Varias auditorías coinciden en que hubo falta de supervisión del banco y de las autoridades del IPS de la administración anterior.

Hay siete razones para rescindir el acuerdo y garantizar que los recursos se utilicen de manera correcta y transparente.

1. Desviaron gran parte del dinero a obras no presupuestadas:

El contrato tenía como objetivo financiar la construcción del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día (Buongermini) y el Hospital Hemato-Oncológico. Solo el 26 % del dinero se destinó a estos proyectos, mientras que el 74 % restante se desvió a obras y refacciones bajo el ítem “Otros Centros de Salud”, incluido sin autorización del IPS.

Como consecuencia, dos de los cuatro hospitales no se concluyeron: el Hospital Día quedó con avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera fue iniciado con fondos del fideicomiso, obligando al IPS a destinar recursos propios para continuar las obras. Miles de asegurados quedaron esperando servicios que deberían haberse concretado hace años.

2. Falta de control: Atlas no informó al Banco Central, pese a ser su obligación legal.

El banco tenía la obligación de orientar y asesorar al IPS sobre las mejores prácticas para cumplir las cláusulas del contrato, pero no remitió los informes trimestrales al Banco Central del Paraguay (BCP).

Aquí surge una pregunta clave: ¿Qué control real tenía el IPS sobre los fondos?

3. Hubo un millonario beneficio indebido para el banco:

Una auditoría interna del IPS detectó que el contrato operaba con cuatro cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses, manteniendo un saldo superior a G. 5.000 millones fuera de lo pactado. Además, un informe externo concluyó que Atlas no pagaba intereses sobre parte de los fondos fiduciarios, lo que representó un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial para la previsional.

De acuerdo con cálculos estimativos, existirían alrededor de G. 803 millones que debieron haberse acreditado en concepto de intereses en la cuenta de ahorro. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿Cuánto ganó realmente el banco con este fideicomiso?

4. Se hicieron pagos con firmas no autorizadas:

De acuerdo con la auditoría, varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

5. Inacción de organismos de control:

Al estar involucrada una entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay (BCP), como entidad reguladora del ecosistema bancario, debe intervenir. El propio IPS le solicitó formalmente un informe técnico y jurídico sobre el cumplimiento del contrato administrado por el Banco Atlas, en el marco de un arbitraje millonario iniciado por una constructora por los pagos que estaban pendientes por la construcción del Hospital Ingavi, uno de los cuatro hospitales previstos en el acuerdo de fideicomiso. Sin embargo, el BCP nunca respondió.

Una pregunta que aún no se responde es: ¿Por qué el Banco Central no intervino ante las irregularidades detectadas en las distintas auditorías?

6. Se pagaron obras fantasmas:

Con la auditoría interna del IPS se detectaron falencias que hacen suponer el pago por obras fantasmas, al constatarse diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto de alrededor de G. 1.760 millones. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16 sitios.

7. Responsabilidad penal de directivos de Atlas:

De acuerdo con el contrato, el banco Atlas era responsable de la verificación documental, tal como se encargó en el contrato. La cláusula décimo primera establecía las obligaciones especiales del fiduciario, entre ellos: cumplir con todas las obligaciones que en virtud del Contrato de Fideicomiso se le imponen, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, mantener actualizada y en orden la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, entre otros.

En ese sentido, el banco Atlas debía velar por el buen uso de los recursos del IPS, sin embargo, lo que estaba expresamente presupuestado no se hizo y el dinero se esfumó.

AUDITAR EL SISTEMA PREVISIONAL

Durante el debate sobre la reforma jubilatoria del sector público, el senador Basilio “Bachi” Núñez criticó el manejo del dinero del IPS al señalar que más de 800.000 millones de guaraníes fueron entregados al banco Atlas, el cual retiene dinero de los trabajadores sin generar intereses, mientras la estructura del IPS trabaja con lo que queda.

El legislador alertó que este mal manejo dejó hospitales inconclusos y que el banco Atlas sigue usufructuando recursos de los aportantes. Por ello, sostuvo que está a favor de la creación de una comisión bicameral para auditar el sistema previsional y revisar este tipo de contratos.

Gustavo Villate, ministro de Información, Inteligencia y Tecnología, habló acerca del acuerdo firmado con Taiwán para la construcción de uno de los mayores centros de IA del mundo.

“Hace dos años venimos trabajando en esto. El proyecto incluye un tratado internacional y estipula el inicio del proyecto piloto de la misma dimensión del data center de Taiwán”, explicó Villate, en un contacto radial con la 730 AM.

Existe una fase de escalabilidad que incluye un estudio de factibilidad técnica para dimensionar cuáles son las fuentes de generación nuevas que se deben implementar a la par, detalló el ministro.

Hizo énfasis en este punto al ser consultado sobre lo que pasará en el 2030, año en el que se calcula el fin de los excedentes energéticos.

Nota relacionada: Paraguay y Taiwán firman acuerdo para construir uno de los mayores centros de IA del mundo

“No es que no hay energía en el 2030, sino que tenemos punta de potencia que pudiera llegar a su tope y eso es importante. Tenemos una matriz 100 % estable que viene de la hidráulica”, indicó.

También hizo un paralelismo con la criptominería, sector al que hoy destina 1 gigawhat de potencia, sin que esto implique una amenaza para abastecer la demanda local de energía.

Además, sostuvo que esa misma cantidad trasladada a la Inteligencia Artificial significa un ingreso de 50.000 millones de dólares.

“Paraguay tiene un activo estratégico que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Energía renovable, en abundancia, y la decisión de usarla para impulsar el desarrollo del país a través de la tecnología. Con esa visión trabajaremos para potenciar hospitales, ciudades, transporte e industria a través de la inteligencia artificial, para el beneficio de todos los paraguayos ”.De esta manera, Santiago Peña hizo el anuncio del acuerdo firmado con Taiwán.

El hecho de que se agoten los excedentes energéticos no significa que Paraguay se quedará sin energía, sino que ya no tendrá la abundancia que hoy posee y que deberá buscar fuentes de generación.

Es noticia: Abdo repartió USD 44 millones a ÚH y Abc: medios se dedicaron a destruir a Cartes

El proceso de socialización del nuevo Código de Defensa del Consumidor 2026 continúa avanzando, y uno de los puntos que generó mayor interés en esta etapa de seguimiento es la regulación de los servicios públicos esenciales. A diferencia de la normativa vigente, el proyecto busca establecer parámetros de control mucho más estrictos para garantizar la calidad y la continuidad de servicios como la electricidad y el agua.

Protección ante facturaciones “sorpresa”

Uno de los cambios más esperados por la ciudadanía es la creación de mecanismos específicos para proteger a los usuarios ante facturaciones anómalas. En la práctica actual, los usuarios a menudo se ven obligados a pagar montos excesivos para evitar el corte mientras se resuelve un reclamo administrativo.

El nuevo Código propone una solución directa: en caso de una factura con montos inusuales, el consumidor tendrá el derecho de pagar un promedio de sus facturas anteriores mientras dure el proceso de resolución del reclamo. Esta medida busca aliviar la presión económica sobre el usuario y asegurar que el servicio no sea interrumpido por una deuda en disputa.

El enfoque preventivo de la reforma

La ministra de la SEDECO, Sara Irún, enfatizó que el objetivo principal es que el consumidor obtenga una reparación rápida a su problema. “Lo que busca esto es un enfoque más preventivo”, señaló al referirse a la necesidad de detectar patrones de falla en los servicios antes de que afecten a miles de personas.

Este seguimiento del proyecto también contempla la transversalidad del derecho del consumidor, posicionándose como un pilar para una economía moderna en Paraguay. El texto sigue en etapa de recepción de aportes, permitiendo que la ciudadanía y sectores interesados participen en la construcción de estas reglas hasta el 31 de mayo de 2026.

Esta mañana se realizó una protesta pacífica frente al edificio de la Caja Central del Instituto de Previsión Social, ubicado sobre la calle Constitución de Asunción.

La convocatoria estuvo encabezada por la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), cuyos integrantes decidieron expresar su respaldo al nuevo presidente del IPS, Isaías Fretes.

Te puede interesar: “Esto no es el IPS que conocí”, afirma Isaías Fretes tras visita a hospital de Encarnación

En un momento dado, el titular de la previsional decidió salir junto a los manifestantes, con quienes tuvo oportunidad de conversar brevemente y, además, recibir las muestras de apoyo a su gestión.

Los jubilados destacan la intachable trayectoria y el perfil técnico de Fretes, así como también su reputación y la confianza que viene demostrando desde que asumió las riendas del ente.

Leé también: Suma y sigue: Revelan millonario pago por un sistema antiincendios que no funciona en IPS

A la par, aprovecharon la manifestación para exigir la renuncia o destitución del representante de los jubilados en el Consejo de Administración del IPS, José Jara Rojas.

“No nos representa ni nunca nos representó, jamás presentó un solo proyecto a favor de los jubilados ni se bajó en las decenas de manifestaciones que tuvimos”, sostuvo uno de los voceros del grupo.