Ruth Noemí Ortiz Barreto, de 22 años, se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 13 de enero, luego de haber salido de su vivienda en el barrio San Isidro de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

La madre de la joven, Leonarda Barreto, acudió a la Policía Nacional horas después para formular la denuncia por desaparición de personas, tras lo cual se inició una intensa búsqueda que, hasta el momento, sigue sin resultados.

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La mujer sostiene que su hija fue víctima de trata de personas, acusando a la prima de esta, Sara Pedrozo Barreto (34), de supuestamente haberla “vendido” a un hombre por la suma de G. 200.000 con fines de explotación sexual.

Durante un operativo llevado a cabo en la jornada de ayer, las autoridades lograron detener a Pedrozo, quien en estos momentos aparece como principal sospechosa tras la denuncia planteada por Barreto.

Esta mujer negó haber entregado a su prima por dinero, cuestionando la veracidad de las acusaciones formuladas en su contra. “Ha’e ko che acusareinte, ijapueterei”, manifestó al ser entrevistada por los medios.

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En medio del escándalo, se filtraron algunos audios de WhatsApp atribuidos a Ruth Noemí y que la misma habría enviado a su prima Sara, expresándole su deseo de no regresar a su casa debido a supuestos maltratos por parte de su madre, a quien acusa de “hacerla pasar hambre y penurias”.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, se encuentra a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público.

Una vez más, el presidente Peña fue consultado acerca del incremento del sueldo mínimo que debe decretarse en junio y comenzar a regir desde el 1 de julio.

“No quiero adelantarme a la posición, esta es una conversación que hoy se da en la Conasam, siempre queremos que las decisiones salgan por consenso entre las partes, no voy a adelantar qué hará el Ejecutivo, queremos que haya un consenso”, respondió.

Reiteró que no le parece justo un incremento de apenas 60.000 guaraníes y pidió respetar los procesos que en este momento se desarrollan en dicha comisión.

Si bien no hubo ningún cambio de ley y el incremento se define por el porcentaje de inflación interanual acumulada, al punto que la Conasam se ha limitado a cumplir un rol de pasapapeles, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció que ese patrón se romperá esta vez.

“Anteriormente se reunían esperando solamente la inflación de mayo con un envío de una nota del BCP, se firmaba el acta y se iba, era un pasamano, eso no va a ocurrir ahora, vamos a tener una real negociación”, afirmaba Recalde la semana pasada, en una visita al canal Gen.

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Recordó que la ley es clara, en el sentido de que el salario se define sobre la base del IPC, no en base al IPC, lo cual les otorga cierto margen para que las partes puedan negociar. Además, señaló que la Conasam no se rige solamente por el artículo 256 del Código Laboral, sino por un capítulo que va desde el artículo 249 al 259.

“Se va a trabajar realmente en una tripartita que pueda definir el salario real, ese va a ser el cambio, no esperar una nota”, subrayó.

El sector empresarial pide que se mantenga el sistema actual, los trabajadores exigen más del 20 % del reajuste y el Gobierno esperar encontrar una fórmula distinta que apunte a una verdadera compensación de la pérdida del poder adquisitivo.

La inteligencia artificial está revolucionando el mundo y necesita de dos elementos críticos para su crecimiento: la energía eléctrica y los microchips procesadores. Paraguay tiene lo primero y Taiwán lo segundo, destacó el mandatario Peña.

Bajo esta premisa se firmó el acuerdo para un proyecto muy ambicioso, tanto que Peña lo compara con la binacional Itaipú. Se trata de la construcción de un data center o centro de inteligencia artificial, pero no uno más, sino uno de los más grandes del mundo.

Mientras Taiwán cuenta con la tecnología más avanzada en IA, Paraguay es el único de los 12 países aliados que cuenta con energía hidroeléctrica, un insumo fundamental para alimentar a los procesadores de IA, los cuales, demandan una gran cantidad de electricidad.

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“Esto sería como lo que fue en su momento itaipú, en esa misma línea hoy estamos tomando una decisión ambiciosa que muchos dicen que no se puede hacer”, comentó Peña.

Peña detalló que este proyecto de infraestructura se desarrollará en tres fases, la primera, de 10 MW, la segunda de 100 MW y la tercera de 1GW.

Si bien la fábrica será prácticamente automatizada, se generarán miles de empleos, pues se necesitarán técnicos, electricistas, ingeniería, programadores, logística, construcción y servicios.

“El derrame económico para levantar el PIB del país es mucho más grande, son miles de millones de dólares. El recambio es muy rápido, la tecnología sigue avanzando y es una oportunidad enorme que no podemos dejar de aprovechar”, afirmó el titular del Mitic, Gustavo Villate.

Este será un caso sin precedentes, pues, por primera vez, una entidad binacional estará integrada por países que no son vecinos y que, geográficamente están muy distantes entre sí.

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El evento comenzará a las 10:00 de la mañana y se realizará con un número de participantes menor al habitual, según explicó ayer el presidente Santiago Peña. La duración aproximada será de una hora y media.

“Se desplegó un contingente de personas como nunca antes hacia Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción, por eso, se va a hacer una versión más pequeña, no con todos los de siempre”, comentó Peña.

El Ministerio de Defensa había informado que el desfile no se llevaría a cabo, debido a que los militares se encontraban concentrados en dos misiones: operativos contra grupos armados en el norte y asistencia a familias afectadas por las inundaciones en el Chaco.

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Tras la decisión tomada a pedido del vicepresidente PEdro Alliana, el ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que estos operativos se mantendrán y que los desfiles se realizarán, pero con un número reducido de militares en relación a lo habitual.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, a quien se le atribuyó la injerencia de no hacer el desfile, respondió que la cartera a su cargo no tiene potestad de decidir nada y ni siquiera de hacer recomendaciones.