Cuando Marset operaba, ¿quién controlaba? La acusación que golpea al periodo de Abdo

La acusación formulada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset extendió sus operaciones en Paraguay en el periodo de tiempo en que Mario Abdo Benítez ocupó la presidencia de la República.

El documento presentado por autoridades norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Marset habría iniciado su actividad ilícita en Paraguay y la región al menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte del 2021, inclusive.

La franja de tiempo mencionada en la acusación fiscal coincide con el periodo en que Mario Abdo Benítez ocupó la presidencia de la República (2018-2023). A su vez, concuerda con la época de Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho ente, fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del círculo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vinicius Espíndola, quien, de hecho, también posee vínculos estrechos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Brasil y con quien tuvo contactos para tratar de acceder a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

ENVÍO MASIVO DE COCAÍNA A EUROPA

Durante el gobierno de Mario Abdo, Paraguay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo relacionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territorio europeo desde nuestro país. Tan solo en el 2021, fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del viejo continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la SENAD, Arnaldo Giuzzio, quien en el 2020 firmó una resolución que desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizaciones directas en los puertos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especiales de las terminales portuarias privadas, lo que dejó los puertos de nuestro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de exportación de droga.

CONVERSACIONES CON MARCUS VINICIUS ESPÍNDOLA

En conversaciones extraídas del teléfono celular de Espíndola, se denota una relación cercana con Marset, ya que mutuamente se llamaban “hermanos”. Ambos llegaron a dialogar sobre el cambio de números telefónicos para mantener su seguridad. En una ocasión Marcus aconsejó a Marset que era “mejor hacer eso siempre”.

En otra conversación, Marcus le había manifestado su total disposición a Marset diciéndole: “Hermano, cualquier cosa estoy por aquí, para lo que necesites”, a lo que el narcotraficante uruguayo le responde con un “Gracias hermano”.

Otro de los que aparece relacionado de manera directa con la red criminal de Espíndola es Lindomar Reges Furtado, con quien mantenía un contacto constante, según se pudo comprobar mediante el registro de contactos telefónicos extraídos por las autoridades. El dispositivo peritado posee diversos números guardados bajo el nombre de “Lindomar”, con diferentes etiquetas, inclusive.

Lindomar y Marcus formaban parte del esquema de Sebastián Marset en Paraguay, siendo catalogados como conexiones clave de su red de contactos. Mientras que el vínculo de Marcus con Marset se establece principalmente a través de chats directos, la relación con Lindomar Reges se sustenta en el registro masivo de contactos telefónicos.

Coincidentemente, ambos también poseían nexos estrechos con Arnaldo Giuzzio, quien actualmente enfrenta un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado, luego de constatarse los favores recibidos por parte de Espíndola, al proveerle una camioneta para sus vacaciones familiares en Brasil.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía en el marco del juicio, las comunicaciones entre Giuzzio y Espíndola se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En los mismos, llegaron a hablar en varias ocasiones sobre préstamos y reparaciones de vehículos en favor del Ministerio del Interior.

NEXO ENTRE LINDOMAR REGES Y ARNALDO GIUZZIO

Lindomar Reges Furtado y Marcus Vinicius Espíndola -ambos socios de Sebastián Marset en nuestro país- fueron los objetivos principales de la Operación “Turf”, ejecutada en febrero del 2022. En aquella oportunidad, Lindomar logró escapar del Paraná Country Club de Hernandarias, segundos antes de que la comitiva de la SENAD allanara su propiedad.

La Fiscalía sospecha que Giuzzio habría alertado a Vinicius sobre la realización del allanamiento el día anterior, permitiendo así el escape de su socio del condominio antes de ser capturado. Esta hipótesis se sustenta a través de una conversación mantenida entre ambos la noche previa al megaoperativo, la cual fue adjuntada como prueba en el acta de imputación del Ministerio Público.

El documento menciona que poco antes de las 23:00 hs del lunes 14 de febrero del 2022, el entonces ministro del Interior envió un mensaje de texto vía Whatsapp al número perteneciente a Espíndola, en el que le mencionaba cuanto sigue: “Qué tal Marcus, podes enviar a tu gente para cobrar el miércoles?”. En el siguiente chat, Giuzzio expresó: “Creo que te debemos la reparación de la camioneta Dodge”.

Llama la atención el contacto realizado por el exministro con el capo narco brasileño, coincidentemente a pocas horas de ejecutarse el Operativo Turf, expresando una supuesta preocupación por un “cobro pendiente”.

Sueldo mínino: Peña respetará proceso de Conasam antes de comunicar su decisión

El presidente Santiago Peña ya tendría una decisión tomada respecto al reajuste del salario mínimo. Sin embargo, aclaró que no dirá una palabra por ahora, ya que la discusión está en la Conasam y el objetivo es llegar a un consenso entre las partes.

Una vez más, el presidente Peña fue consultado acerca del incremento del sueldo mínimo que debe decretarse en junio y comenzar a regir desde el 1 de julio.

No quiero adelantarme a la posición, esta es una conversación que hoy se da en la Conasam, siempre queremos que las decisiones salgan por consenso entre las partes, no voy a adelantar qué hará el Ejecutivo, queremos que haya un consenso”, respondió.

Reiteró que no le parece justo un incremento de apenas 60.000 guaraníes y pidió respetar los procesos que en este momento se desarrollan en dicha comisión.

Si bien no hubo ningún cambio de ley y el incremento se define por el porcentaje de inflación interanual acumulada, al punto que la Conasam se ha limitado a cumplir un rol de pasapapeles, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció que ese patrón se romperá esta vez.

“Anteriormente se reunían esperando solamente la inflación de mayo con un envío de una nota del BCP, se firmaba el acta y se iba, era un pasamano, eso no va a ocurrir ahora, vamos a tener una real negociación”, afirmaba Recalde la semana pasada, en una visita al canal Gen.

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Recordó que la ley es clara, en el sentido de que el salario se define sobre la base del IPC, no en base al IPC, lo cual les otorga cierto margen para que las partes puedan negociar. Además, señaló que la Conasam no se rige solamente por el artículo 256 del Código Laboral, sino por un capítulo que va desde el artículo 249 al 259.

“Se va a trabajar realmente en una tripartita que pueda definir el salario real, ese va a ser el cambio, no esperar una nota”, subrayó.

El sector empresarial pide que se mantenga el sistema actual, los trabajadores exigen más del 20 % del reajuste y el Gobierno esperar encontrar una fórmula distinta que apunte a una verdadera compensación de la pérdida del poder adquisitivo.

Acuerdo de IA con Taiwán: comparable al tratado de Itaipú, según Peña

El presidente Santiago Peña cree que el acuerdo con Taiwán para la construcción de un centro de inteligencia artificial en Paraguay es comparable a lo que en su momento fue el tratado para la creación de Itaipú Binacional.

La inteligencia artificial está revolucionando el mundo y necesita de dos elementos críticos para su crecimiento: la energía eléctrica y los microchips procesadores. Paraguay tiene lo primero y Taiwán lo segundo, destacó el mandatario Peña.

Bajo esta premisa se firmó el acuerdo para un proyecto muy ambicioso, tanto que Peña lo compara con la binacional Itaipú. Se trata de la construcción de un data center o centro de inteligencia artificial, pero no uno más, sino uno de los más grandes del mundo.

Mientras Taiwán cuenta con la tecnología más avanzada en IA, Paraguay es el único de los 12 países aliados que cuenta con energía hidroeléctrica, un insumo fundamental para alimentar a los procesadores de IA, los cuales, demandan una gran cantidad de electricidad.

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“Esto sería como lo que fue en su momento itaipú, en esa misma línea hoy estamos tomando una decisión ambiciosa que muchos dicen que no se puede hacer”, comentó Peña.

Peña detalló que este proyecto de infraestructura se desarrollará en tres fases, la primera, de 10 MW, la segunda de 100 MW y la tercera de 1GW.

Si bien la fábrica será prácticamente automatizada, se generarán miles de empleos, pues se necesitarán técnicos, electricistas, ingeniería, programadores, logística, construcción y servicios.

“El derrame económico para levantar el PIB del país es mucho más grande, son miles de millones de dólares. El recambio es muy rápido, la tecnología sigue avanzando y es una oportunidad enorme que no podemos dejar de aprovechar”, afirmó el titular del Mitic, Gustavo Villate.

Este será un caso sin precedentes, pues, por primera vez, una entidad binacional estará integrada por países que no son vecinos y que, geográficamente están muy distantes entre sí.

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Desfile por la Independencia será hoy en la Costanera

Esta mañana se realizará el tradicional desfile militar y policial en la Costanera de Asunción, en homenaje a los 215 años de independencia.

El evento comenzará a las 10:00 de la mañana y se realizará con un número de participantes menor al habitual, según explicó ayer el presidente Santiago Peña. La duración aproximada será de una hora y media.

“Se desplegó un contingente de personas como nunca antes hacia Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción, por eso, se va a hacer una versión más pequeña, no con todos los de siempre”, comentó Peña.

El Ministerio de Defensa había informado que el desfile no se llevaría a cabo, debido a que los militares se encontraban concentrados en dos misiones: operativos contra grupos armados en el norte y asistencia a familias afectadas por las inundaciones en el Chaco.

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Tras la decisión tomada a pedido del vicepresidente PEdro Alliana, el ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que estos operativos se mantendrán y que los desfiles se realizarán, pero con un número reducido de militares en relación a lo habitual.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, a quien se le atribuyó la injerencia de no hacer el desfile, respondió que la cartera a su cargo no tiene potestad de decidir nada y ni siquiera de hacer recomendaciones.