En junio de cada año se analiza el reajuste del sueldo mínimo, en base a la inflación interanual acumulada medida por el Banco Central del Paraguay, a través del Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Consultado al respecto, el presidente Peña dijo que la discusión es muy válida. “Nosotros reconocemos eso, el mecanismo de ajuste que se basa sobre el IPC que es una herramienta de política monetaria que utiliza el BCP, no necesariamente refleja la canasta del sector de la clase más vulnerable”, contestó.

Respecto a la posibilidad de implementar un cambio este mismo año, contestó: “Se podría evaluar un cambio diferente”.

Informó que se está haciendo un trabajo técnico que incluye una encuesta para reevaluar todos los componentes de la canasta, algo que, de hecho, se actualiza cada 10 años.

Consultado acerca de si el componente alimenticio dentro de la cesta podría tener más peso, contestó: “Sí, claro que sí, podría”.

En su última reunión en mayo del año pasado, la Conasam (Comisión Nacional de Salario Mínimo) recomendó un reajuste del 3,5 % del sueldo mínimo, equivalente a la inflación reportada por el BCP. Esta diferencia fue de G. 100.700 , con lo cual, el salario pasó a G. 2.899.048 desde julio pasado.

La canasta del IPC vigente data del año 2017 y, con el paso de los años, muchos productos se vuelven menos relevantes, otros ganan espacios y algunos directamente desaparecen.

En la última actualización se habían incluido panificados integrales, leche descremada y ciertos tipos de queso. En salud, algunos medicamentos como la insulina.

Además, entre los ítems excluidos la última vez aparecen: reproductor de DVD, CD virgen, llamadas en cabinas telefónicas, entre otros.

Horacio Fernández, intendente municipal de Itauguá, habló del siniestro que se registró en la siesta del domingo en el mercado y que consumió toda una manzana dejando pérdidas económicas millonarias.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estiman un perjuicio de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes, lo cual está generando una desesperación económica muy grande en los permisionarios.

“Haremos un trabajo de contención emocional lo más pronto posible. Ayer estuve en contacto con el titular de Itaipú, para agilizar unos préstamos”, expresó Fernández.

El dinero que otorgarán las binacionales será para asistir a los más de 430 permisionarios damnificados. También se recurrirá a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Comentó que el mercado está completamente inutilizable, y su recuperación total tomará aproximadamente unos 9 meses.

En ese tiempo, los trabajadores serán instalados de manera gradual en el club social itaugüeño.

La propuesta presentada por la diputada Dalia Estigarribia. plantea modificar varios artículos de la Ley N° 3441/08 “De Sangre” para avanzar hacia un sistema basado en la donación altruista y preventiva, dejando atrás el modelo de reposición que suele activarse en situaciones de urgencia médica.

Entre los principales beneficios contemplados figura una licencia laboral de hasta un día con goce de sueldo al año para quienes donen sangre, además del acceso gratuito a los resultados de los análisis realizados durante el procedimiento.

Asimismo, el proyecto prevé mecanismos de reciprocidad para donantes frecuentes y sus familiares de primer grado, quienes podrán acceder a reposición de sangre sin costo, sujeto a disponibilidad.

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La iniciativa también incorpora la creación de un Registro Nacional de Donantes de Sangre, que funcionará como sistema unificado de información dentro de la Red Nacional de Sangre.

Según la exposición de motivos, la intención es que el Estado impulse una cultura de donación regular y voluntaria, evitando que las familias deban buscar donantes de manera desesperada ante accidentes, cirugías u otras emergencias médicas.

El director Jurídico de la comuna capitalina, Jorge Sabaté, explicó en entrevista con Universo 970 que el procedimiento forma parte de los mecanismos administrativos previstos en la normativa vigente y aseguró que la evaluación definitiva corresponde a la Contraloría.

“El balance es un retrato financiero del municipio. Entonces, la Junta no tuvo el tiempo para determinar eso. Eso lo hará la Contraloría”, expresó.

Sabaté también aclaró que el balance acompañado del informe de auditoría debe remitirse a la Contraloría y no directamente a la Junta Municipal, punto que fue cuestionado por algunos concejales durante el tratamiento del documento.

Según sostuvo, las objeciones planteadas por ediles son “genéricas” y no contienen datos específicos ni observaciones concretas sobre la ejecución presupuestaria o financiera.

El director jurídico indicó igualmente que la decisión de la Junta no genera efectos inmediatos sobre el funcionamiento administrativo de la comuna, recordando que existen balances pendientes de aprobación incluso desde el año 2014.

Asimismo, explicó que la Intendencia cuenta con un plazo de 30 días para analizar las objeciones realizadas y determinar si corresponde responderlas o ratificar el balance presentado.

Finalmente, Sabate afirmó que “todas las acciones del intendente fueron pendientes a normalizar la situación”, en referencia al contexto financiero que atraviesa actualmente la Municipalidad de Asunción. Al respecto, sostuvo que el rechazo tiende a contar con influencias políticas, ya que uno de los que recientemente estuvo operando por el resultado fue el diputado Mauricio Espínola.