A través de un comunicado, la firma sostuvo que el inmueble “Finca 5603” se encuentra ocupado desde hace aproximadamente 14 años por grupos autodenominados “campesinos sin tierra”, situación que ya fue denunciada y se encuentra en proceso judicial.

En ese contexto, calificó como “particularmente grave” la actuación del Ministerio del Interior, al considerar que se realizó sin conocimiento ni coordinación con la empresa, pese a tratarse de una propiedad privada en litigio.

El pronunciamiento surge luego de que la propia cartera del Interior difundiera en sus redes sociales imágenes y detalles de la actividad comunitaria desarrollada en el lugar, en el marco de sus acciones institucionales.

La compañía afirmó que este accionar vulnera principios del Estado de Derecho, como el respeto a la propiedad privada, la legalidad y la neutralidad estatal en conflictos entre particulares.

Asimismo, advirtió que la presencia de instituciones públicas en el lugar podría interpretarse como una legitimación de ocupaciones irregulares, generando un “mensaje peligroso” para la seguridad jurídica.

Finalmente, Estancia Pindo S.A. exigió explicaciones formales a las autoridades y anunció que se reserva el derecho de impulsar acciones legales para la defensa de sus derechos.

El Observatorio del Ministerio Público presentó un informe sobre la realidad penal que atraviesan las comunidades originarias en Paraguay, visibilizando los hechos punibles con mayor frecuencia de ocurrencia y las zonas del país más sensibles a esta problemática.

Según los datos oficiales, la violencia familiar y las lesiones encabezan la lista de los hechos más denunciados.

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DÍAS CRÍTICOS, OTROS DELITOS Y ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD

El monitoreo de la Fiscalía determinó que la mayor carga de denuncias e incidentes en las comunidades se concentra durante los fines de semana y el inicio de la semana, siendo los días sábado, domingo y lunes los de más alto registro.

Las infracciones con mayor recurrencia incluyen delitos de alta gravedad como:

• Homicidio doloso
• Abuso sexual en niños
• Coacción
• Estupro
• Amenaza
• Lesión grave
• Hurto agravado
• Violación de domicilio y del deber de cuidado
• Infracciones ambientales contempladas en la Ley n.º 716/96

A nivel geográfico, el informe identifica a siete departamentos como los puntos con mayor volumen de causas penales investigadas que involucran a poblaciones indígenas:

• Canindeyú
• Caaguazú
• Amambay
• Concepción
• Alto Paraná
• Boquerón
• San Pedro

CRIMEN ORGANIZADO, MIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN

El documento institucional advierte sobre problemáticas profundas que golpean a las comunidades originarias, entre las que sobresalen el abuso infantil, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia intrafamiliar y la creciente presión del crimen organizado en sus territorios.

A esto se le suma la migración hacia centros urbanos, un fenómeno que expone a los indígenas a escenarios de discriminación, marginalidad y exclusión social. Al desarraigarse de sus tierras y quedar alejados de la guía de sus líderes y familias extendidas, muchos quedan en situación de extrema vulnerabilidad.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, la intervención ante conflictos penales en comunidades originarias se rige bajo un enfoque de pluralismo jurídico, reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Esto implica articular el derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena.

Ante la apertura de una causa penal, se activa un protocolo que involucra de forma inmediata a la Dirección de Derechos Étnicos. Un equipo técnico realiza constituciones in situ en las comunidades, trabaja en conjunto con los líderes comunitarios y emite un dictamen jurídico-antropológico que asesora al agente fiscal sobre las medidas de protección y la normativa aplicable a cada caso.

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El sábado en horas de la mañana se registró una tentativa de robo agravado en la sucursal de la empresa Nuestra Señora de la Asunción (NSA), ubicada sobre la avenida Mariscal Estigarribia, en el barrio José María Alfonso Godoy de Coronel Oviedo.

Cuatro delincuentes encapuchados llegaron a la agencia de la empresa de transporte a bordo de dos motocicletas, ambas de color negro, con aparentes intenciones de apoderarse del dinero que formaba parte de la recaudación.

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Imágenes de circuito cerrado muestran que dos de los criminales ingresaron primeramente al local, uno de los cuales portaba una escopeta, yendo directamente hacia la caja donde se encontraba un solitario empleado.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, el guardia de seguridad de la agencia, Elías Gabriel Domínguez (37), decidió intervenir rápidamente, efectuando un disparo intimidatorio hacia el techo del establecimiento.

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Esta inesperada reacción por parte del guardia hizo que los asaltantes desistieran de su plan de asalto, dándose a una rauda fuga con las manos vacías y sin que se registren personas heridas.

Al lugar acudieron agentes de la Comisaría 1ra. de Coronel Oviedo luego de recepcionar la denuncia. A la par, se dio participación a personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles para tratar de identificar a los sospechosos.

La Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reportó que el aumento fue impulsado, principalmente, por el crecimiento de la inversión en Salud, cuya ejecución aumentó 14% respecto a julio de 2025.

Este desempeño refleja el fortalecimiento de la atención sanitaria mediante la continuidad de los servicios esenciales, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y el apoyo a la red de servicios de salud, contribuyendo además al cumplimiento de los compromisos asumidos por el sector.

Asimismo, el sector de Promoción y Acción Social registró un crecimiento del 10% explicado, principalmente, por la expansión de la Pensión Universal para Adultos Mayores. Este programa mantiene una evolución sostenida tanto en la ejecución de los recursos como en la incorporación progresiva de nuevos beneficiarios dentro del rango etario establecido.

Por su parte, el sector Educación presentó un incremento del 9% en su nivel de ejecución, destinado principalmente al fortalecimiento de los servicios educativos en sus distintos niveles y a la alimentación escolar mediante el programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”, que contribuye al desarrollo integral de niños y adolescentes.

En cuanto a la composición del Gasto Social, la mayor participación concentra el área de Educación con el 33% del total ejecutado, equivalente a G. 7,3 billones. Le sigue el sector Salud, con el 25% de participación y una ejecución de G. 5,6 billones.

A su vez, los sectores de Promoción y Acción Social; y Seguridad Social representan el 21%, equivalente a G. 4,7 billones y el 17% equivalente a G. 3,7 billones, respectivamente del Gasto Social ejecutado. Estos niveles reflejan la prioridad otorgada a las políticas públicas orientadas a fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de la población.