Tras el uso de rótulos como “economía de guerra” en materia fiscal y el anuncio de un plan de ajuste de cinturones, el economista y presidente de la República, Santiago Peña, dio su lectura de la realidad financiera actual.

“Desde el año pasado vimos una desaceleración de la administración tributaria, los ingresos, y el 2025 fue un año de una enorme expansión de gastos en programas sociales, Hambre Cero insumió una enorme cantidad de recursos, la universalización de Adultos mayores también”, explicó Peña.

Señaló que el 2025 fue el año de la mayor expansión del gasto social en la historia del Paraguay, lo que obligó a iniciar un ajuste de cinturones desde el último trimestre del año pasado en el sector público, a fin de darle al sector privado la previsibilidad necesaria.

En sector público representa el 10 % de la economía paraguaya, el 90 % pasa en el sector privado, reveló, al tiempo de acotar que esto sucede en todos los rubros, incluidos aquellos en los que el Estado es el mayor comprador, como en la construcción.

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La construcción en el sector público no alcanza ni al 3 % del PIB, mientras que en el sector privado es del 15 %. Pese a ello, está en marcha el plan para cumplir con las deudas atrasadas.

“Entiendo que la narrativa es poner un manto de duda en la salud financiera, estamos con mucho optimismo de sobrellevar la situación, de honrar todas las deudas, vamos a honrar, estamos muy cerca de finiquitar los procedimientos administrativos, a través del sistema factoring estamos muy cerca de regularizar los pagos en la construcción y lo mismo en salud pública”, informó.

Con las inclusiones hechas el año pasado, el presupuesto 2026 de Hambre Cero es de USD 375 millones y el de Adultos Mayores USD 408 millones, es decir, cerca de USD 800 millones solamente en gastos sociales.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, explicó que la legislación actual se divide en un total de cinco leyes, cada una de las cuales se modifican parcialmente entre sí, por lo que su contenido es incapaz de prevenir la inscripción de candidaturas con dudoso origen financiero y, definitivamente, requieren unos ajustes.

“Si vamos a tomar las declaraciones iniciales, no podemos pensar que eso es lo único que van a utilizar y van a invertir dentro de su campaña porque pueden seguir obteniendo recursos a través de aportantes, inclusive préstamos bancarios y eso se va a reflejar en la rendición de cuentas, recién ahí podríamos tener un conocimiento general de lo declarado”, explicó Ruiz Díaz, en un contacto con la 730 AM.

La Justicia Electoral ni siquiera tiene competencia de hacer reportes de operaciones sospechosas directamente a la Seprelad. Esa es una función del oficial de cumplimiento de cada partido, cuya responsabilidad es aplicar las políticas contra el lavado de dinero dentro de la organización a la que pertenece.

Consultado acerca de qué mecanismos entonces ofrece la ley de financiamiento político para impedir que avance un candidato solventado con dinero ilícito, contestó: “Lastimosamente es imposible, es pedir llegar a la luna, pero yo tengo de herramienta una bicicleta y así es muy difícil”. La legislación es tan inútil que hasta incluso permite a los aspirantes declarar en cero.

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Sin embargo, no todo está perdido, ya se encuentra en marcha un trabajo para una versión mejorada de la ley, que incluya los instrumentos necesarios para el control eficiente de los recursos y la trazabilidad de la ruta del dinero.

“Estamos trabajando con el ministro Rosell, ya tenemos una idea general, hoy tenemos 5 leyes y la diversidad normativa hace que sea confusa, entonces, queremos unificar en un solo cuerpo todas las normativas y hacer los ajustes que se requieren para no entrar en esa soluciones parches que lo único que hacen es traer más confusión a la ciudadanía”, concluyó.

La propuesta, una vez que esté lista, deberá ser presentada en el Congreso y aprobada por ambas caras, no obstante, aunque el tratamiento tuviera celeridad, ya no podrá ser aplicado en las elecciones internas ni municipales de este año.

Un importe de 530.000 guaraníes transfirió un conductor a la cuenta de Ever Ignacio Vega, quien figura como inspector ayudante en la Municipalidad de Asunción, según consta en el portal de la Contraloría General de la República.

Según el caso difundido por Cecilia Vargas Peña, precandidata a concejal a quien le reportaron el hecho, todo comenzó cuando una persona cometió una infracción al estacionar en un lugar prohibido.

Al regresar encontró un cepo y preguntó dónde, cómo pagaba la multa, a lo que le contestaron que podían “ayudarle a sacar el cepo” si entregaba un monto en efectivo. Él contestó que no tenía dinero.

Ante esto, le indicaron que la multa era de G. 530.000 y le pasaron el alias de una cuenta bancaria para la transferencia. El conductor hizo el pago por esta vía.

Sin embargo, los canales oficiales para los pagos de multas por infracciones son: redes de cobranza como Aquí Pago y Practi Pago, terminales móviles de los agentes, oficinas de la Municipalidad de Asunción.

La calle Adrián Jara entre General Aquino y Mayor Tomás Rufinelli estará clausurada el martes 21 y el miércoles 22 de abril, para la instalación de alcantarillas sobre la avenida Elizardo Aquino. El trabajo está sujeto a las condiciones climáticas para esas fechas.

En la ocasión, con ayuda de inspectores de la Caminera, se implementarán desvíos por por las calles Capitán Ávalos y Mayor Tomás Rufinelli. A la arteria clausurada tendrán acceso solamente los residentes.

Estas obras forman parte de la ampliación de la ruta D025 y están a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.

Los residentes o afectados o cualquier persona que tenga alguna duda puede recurrir a la línea 0985 203 381 habilitada para consultas.