En entrevista con el canal GEN, el vocero de la binacional respondió a las críticas por el llamado de Itaipú para campañas de comunicación, cuyo monto ronda los USD 1,5 millones. En ese sentido resaltó que los procesos cumplen con estándares internacionales y que la información está disponible públicamente.

Sostuvo que los procesos financieros, contables y administrativos de Itaipú están sometidos a la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de Estados Unidos, un marco que impone exigencias elevadas en materia de control interno y rendición de cuentas.

“Es difícil encontrar un mecanismo más exigente que el de una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Itaipú se rige por esos estándares”, señaló, al tiempo de mencionar que la binacional también es auditada por firmas internacionales de primer nivel y mantiene una calificación “triple A”.

Rodríguez Tornaco cuestionó la percepción de falta de transparencia que constamente se instala en torno a la entidad y aseguró que los llamados a licitación son públicos y accesibles a la ciudadanía.

Indicó que Itaipú cuenta con más de 1.100 proveedores registrados y que las empresas interesadas deben cumplir requisitos estrictos para participar en los procesos. Agregó que existen sanciones severas para quienes incumplen las normas, incluyendo inhabilitaciones de hasta cinco años.

En ese contexto, defendió el modelo de contratación de la binacional frente al sistema de contrataciones públicas, y resaltó que el esquema de Itaipú resulta más eficiente y menos vulnerable a trabas administrativas.

El asesor explicó que las inversiones vinculadas a obras sociales o infraestructura, tales como rutas, mobiliario escolar u otros proyectos, no forman parte del rol principal de generación de energía, por lo que se ejecutan a través de entidades asociadas como el Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

Estas instancias también cuentan con sus propios procesos licitatorios, que incluyen publicación de llamados y competencia entre oferentes.

Sobre los cuestionamientos a los montos destinados a campañas publicitarias, Rodríguez Tornaco afirmó que el presupuesto del área de comunicación representa una porción mínima dentro del total de recursos de Itaipú.

Explicó que los contratos se adjudican a agencias que ofrecen el menor costo por administración de fondos y que la inversión busca posicionar la marca institucional en espacios de alta visibilidad, como eventos deportivos de gran audiencia.

En otro momento cuestionó la cobertura del diario ABC Color, al considerar que existe una línea crítica sostenida hacia el Gobierno y sus instituciones. No obstante, sostuvo que, pese a estos constantes ataques, los proyectos impulsados por el Ejecutivo continúan avanzando y citó como ejemplo la reinauguración del Colegio Nacional de la Capital y programas de becas estudiantiles, que siempre son ninguneados por la prensa que no apoya a la actual administración.

Los jóvenes recientemente adjudicados con las becas universitarias completarán el proceso con la firma del acta, que se llevará adelante en todas las sedes donde los jóvenes seleccionados rindieron la Prueba de Competencias Básicas.

En el turno mañana, el horario habilitado es de 08:00 a 12:00 hs, mientras que en el turno tarde los jóvenes podrán acudir a las respectivas sedes de 13:30 a 17:00.

En la filial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA en Paraguarí solo estará habilitado el servicio en el turno mañana, y en la filial de la Facultad de Ciencias Económicas en Villa Hayes se podrá cumplir con el trámite únicamente en el turno tarde.

Deberán presentarse en el local correspondiente, con la documentación requerida, a fin de completar este último paso administrativo que formaliza su incorporación al programa y habilita el usufructo de los beneficios académicos.

Entre los documentos requeridos se encuentran la fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía pública; la copia del certificado de estudios de la Educación Media; certificado de adjudicación o la justificación respectiva, en caso de que no cuenten con este último documento.

El becario menor de edad debe obligatoriamente acudir acompañado de uno de los padres o del tutor legal, quien también suscribirá el acuerdo. Para el efecto, debe presentar copia de su cédula de identidad, además del certificado de nacimiento o documento que acredite la tutela.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, explicó que la legislación actual se divide en un total de cinco leyes, cada una de las cuales se modifican parcialmente entre sí, por lo que su contenido es incapaz de prevenir la inscripción de candidaturas con dudoso origen financiero y, definitivamente, requieren unos ajustes.

“Si vamos a tomar las declaraciones iniciales, no podemos pensar que eso es lo único que van a utilizar y van a invertir dentro de su campaña porque pueden seguir obteniendo recursos a través de aportantes, inclusive préstamos bancarios y eso se va a reflejar en la rendición de cuentas, recién ahí podríamos tener un conocimiento general de lo declarado”, explicó Ruiz Díaz, en un contacto con la 730 AM.

La Justicia Electoral ni siquiera tiene competencia de hacer reportes de operaciones sospechosas directamente a la Seprelad. Esa es una función del oficial de cumplimiento de cada partido, cuya responsabilidad es aplicar las políticas contra el lavado de dinero dentro de la organización a la que pertenece.

Consultado acerca de qué mecanismos entonces ofrece la ley de financiamiento político para impedir que avance un candidato solventado con dinero ilícito, contestó: “Lastimosamente es imposible, es pedir llegar a la luna, pero yo tengo de herramienta una bicicleta y así es muy difícil”. La legislación es tan inútil que hasta incluso permite a los aspirantes declarar en cero.

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Sin embargo, no todo está perdido, ya se encuentra en marcha un trabajo para una versión mejorada de la ley, que incluya los instrumentos necesarios para el control eficiente de los recursos y la trazabilidad de la ruta del dinero.

“Estamos trabajando con el ministro Rosell, ya tenemos una idea general, hoy tenemos 5 leyes y la diversidad normativa hace que sea confusa, entonces, queremos unificar en un solo cuerpo todas las normativas y hacer los ajustes que se requieren para no entrar en esa soluciones parches que lo único que hacen es traer más confusión a la ciudadanía”, concluyó.

La propuesta, una vez que esté lista, deberá ser presentada en el Congreso y aprobada por ambas caras, no obstante, aunque el tratamiento tuviera celeridad, ya no podrá ser aplicado en las elecciones internas ni municipales de este año.

Un importe de 530.000 guaraníes transfirió un conductor a la cuenta de Ever Ignacio Vega, quien figura como inspector ayudante en la Municipalidad de Asunción, según consta en el portal de la Contraloría General de la República.

Según el caso difundido por Cecilia Vargas Peña, precandidata a concejal a quien le reportaron el hecho, todo comenzó cuando una persona cometió una infracción al estacionar en un lugar prohibido.

Al regresar encontró un cepo y preguntó dónde, cómo pagaba la multa, a lo que le contestaron que podían “ayudarle a sacar el cepo” si entregaba un monto en efectivo. Él contestó que no tenía dinero.

Ante esto, le indicaron que la multa era de G. 530.000 y le pasaron el alias de una cuenta bancaria para la transferencia. El conductor hizo el pago por esta vía.

Sin embargo, los canales oficiales para los pagos de multas por infracciones son: redes de cobranza como Aquí Pago y Practi Pago, terminales móviles de los agentes, oficinas de la Municipalidad de Asunción.